La falta de leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción,  preparación ante proyectos grandes de infraestructura y ausencia de cultura ética corporativa y son los tres principales riesgos de corrupción del sector energético en México, según la American Chamber México. “Si se combate estos tres puntos va a haber un Estado de derecho que permita la inversión en México”, comentó el presidente de ética corporativa y anticorrupción, Alejandro Ríos Rippa en entrevista con Forbes México. Aunque la Constitución mexicana se reformó y ya incluye al sistema nacional anticorrupción, sus siete leyes secundarias no han sido aprobadas y aún se discuten en el Senado. El directivo detalló que dentro de las siete leyes en el debate está la definición del delito de corrupción, la funciones de la nueva fiscalía y órganos administrativos como la Secretaría de la Función Pública en el combate del delito, las sanciones que va a implementar el Tribunal Federal Administrativo y el rol que jugará el comité ciudadano contra la corrupción. En cuanto a la preparación de las autoridades en proyectos energéticos dijo que es la primera vez que se implementan en México. Destacó la labor de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y recomendó que entidades como Pemex y la Secretaría de Energía (Sener) deben adoptar el mismo enfoque en la estrategia anticorrupción, pues son grandes inversiones las llegarán al país. “Cuando las empresas traen una inversión muy fuerte, entran a licitaciones, contratación de abogados, de proveedores y terceros, y se vuelve una estructura muy grande en la que todos los involucrados pueden tener intereses de corrupción”. La reforma energética dará una inversión de alrededor de 62,500 millones de dólares (mdd), además se espera la creación de 212,000 empleos entre directos e indirectos, señaló el titular de la Secretaría de Energía (Sener), en marzo de 2015. Ríos Rippa señaló que el tipo de sanciones para evitar la corrupción deben ser “graves”, desde administrativas hasta penales, donde la empresa pague una multa, no pueda entrar en licitaciones futuras y los empresarios corruptos sean encarcelados. El reto es enorme si se considera que ocho de cada 10 compañías mexicanas ven al soborno y corrupción como prácticas comunes al interior de las organizaciones, según la encuesta global de fraude de (EY). No obstante, la industria del petróleo y gas fue la más preocupada frente al riesgo de sobornos y corrupción en México, informó el análisis forense de datos, realizado en energo por la firma de consultoría Ernst & Young (EY), donde cinco de cada 10 empresas mexicanas del sector percibieron más riesgos de corrupción. En 2014, México perdió 1,100 mdd en inversiones debido a la corrupción, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otra parte, Ríos Rippa también consideró, sobre la designación de funcionarios, que México todavía no está listo para una institución autónoma que combata a la corrupción y da un botón de muestra: en el sistema nacional no se aprobó que la nueva fiscalía fuera autónoma al gobierno. El directivo de American Chamber dijo que aunque se tenga el mejor marco jurídico, si el funcionario o empresario sabe que no le va a pasar nada si comete actos de corrupción, su peor escenario es aparecer durante semanas en los medios, hasta que vuelva a tomar otro cargo, advierte el directivo. “Si tenemos un marco jurídico y cero impunidad, vamos a ver un cambio: gente en la cárcel, tanto del sector público como empresarial. Entonces partiremos de una nueva era para el combate a la corrupción”, añadió el directivo.

 

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