Corrupción, inestabilidad política y violencia extrema son algunos de los riesgos que deberán enfrentar las empresas que quieran invertir en el sector energético en México y aprovechar las oportunidades de la reforma energética. FTI Consulting da algunas recomendaciones para enfrentar estos retos.   Al parecer, hasta el momento, nada ha hecho titubear a las empresas interesadas en participar en el mercado energético, una vez aprobada la reforma energética, en 2013: ni la corrupción, ni la inestabilidad política, ni la violencia extrema por parte de los cárteles de la droga. Pero no hay que cantar victoria tan pronto, pues existen cuatro riesgos que podrían hacer decrecer el interés de las empresas por invertir en el sector energético mexicano, advierte la firma de consultoría FTI Consulting en su estudio “La reforma energética mexicana: Cómo enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades”. Aunque aún no se han establecido de forma definitiva los términos contractuales, el gobierno ha cumplido con los límites de tiempo para establecer los reglamentos de las licitaciones para la llamada Primera Ronda, que le sigue a la Ronda Cero, que tuvo lugar en agosto de 2014, y que otorgó a Petróleos Mexicanos (Pemex) 83% de las reservas probadas y probables, así como 21% de su prospectiva de recursos de hidrocarburos. La Ronda Uno abre una oportunidad de hacer negocio alrededor de los 3,782 mil millones de barriles equivalentes de petróleo (BEP) en reservas probadas y probables, y otros 14,606 mil millones de BEP en recursos prospectivos. Además habrá cuatro rondas más para los próximos cuatro años. Pese al aparente jugoso negocio que ofrece la reforma energética, “existe la posibilidad de que el interés actual decrezca”, advierten Janne Bussey, Managing Director de Forensic & Litigation Consulting de FTI Consulting, y su equipo, autores del estudio. Por ejemplo, destacan, es probable que la flexibilidad que se le ha otorgado al secretario de Hacienda para establecer los términos fiscales de los contratos sea utilizada como una forma de generar equilibrio entre la demanda de competitividad en esta industria y la necesidad gubernamental de maximizar las ganancias petroleras. Además, agregan, las empresas comenzarán a considerar no tanto si los beneficios potenciales valen el riesgo, sino cómo manejarán riesgos por encima del promedio para garantizar un éxito sostenido en el contexto mexicano. Por eso, alertan, “las compañías podrían abstenerse de realizar compromisos de los que no puedan retractarse hasta que sea posible evaluar las condiciones de cada proyecto”. Las compañías que están evaluando su entrada al mercado energético mexicano enfrentan cuatro retos significativos, según FTI Consulting:   Riesgo 1: Marco regulatorio y jurídico Las reglas definitivas para la implementación de la reforma energética mexicana fueron publicadas en octubre de 2014; sin embargo, tanto las dependencias gubernamentales como los jueces federales carecen de experiencia en el manejo del marco jurídico y de un sector energético competitivo. La reforma energética mexicana ha creado instituciones nuevas y ha reestructurado las dependencias existentes. Los inversionistas que están a la espera de  un interlocutor durante el proceso de implementación de las reformas necesitarán saber con quién establecer contacto, cómo hacerle llegar su caso a las autoridades mexicanas y con quién asociarse para lograr los mejores resultados. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) están construyendo el nuevo horizonte regulatorio del sector de petróleo y gas en México. Saber cómo enviar el mensaje adecuado, a través del canal apropiado, a estas dependencias puede ser crucial para asegurar que las regulaciones no establezcan estándares que hagan que las operaciones en el sector se vuelvan una pesadilla logística y burocrática.   Riesgo 2: Oposición a la reforma y opinión pública Participar con socios fuera del gobierno puede ser más importante que trabajar dentro del mismo. Las compañías que entren al mercado mexicano deberían esperar confrontaciones con la oposición en la palestra pública, dado que se volverán, de forma muy directa, el rostro de la reforma. Algunos ejemplos de oposición ya son visibles:
  • Diversos grupos locales con fines sociales y de preservación del medio ambiente que se oponen a los métodos de extracción tipo “fracking”, han surgido y han ganado espacio con ayuda de activistas internacionales.
  • Asuntos de usufructo de tierras podrían volverse importantes en una cultura en la que el usufructo y las utilidades de las tierras ejidales que se encuentran a las orillas de las comunidades suelen destinarse a fines comunitarios.
  • La corriente de oposición política de izquierda continúa expresando declaraciones fuertes en contra de la reforma energética mexicana, aun cuando la Suprema Corte estableció que la reforma no será sujeta a un referéndum constitucional durante las elecciones del 2015.
  • Podrían organizarse protestas contra la muy visible construcción de nuevas operaciones e infraestructura.
  • Los cambios del sistema político mexicano podrían también tener un efecto. El descontento del electorado, amplificado por las comunicaciones masivas y las redes sociales, tiene el poder de crear controversia y podría desbancar a algunos defensores de la reforma.
  Riesgo 3: Falta de infraestructura y talento local Los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se localizan las oportunidades de yacimientos de lutitas, requieren un desarrollo extensivo de infraestructura. Los encargados de asignar proyectos deberán considerar abasto de agua, construcción de caminos y casas para trabajadores, así como instalaciones médicas y de educación. Actualmente, la infraestructura energética es limitada, en especial los ductos. Por otra parte, las compañías tendrán que competir para atraer talento local o fuera del país, debido a la escasez de capital humano especializado. Durante los siguientes cuatro años se espera una demanda laboral de aproximadamente 135,000 técnicos y especialistas de administración. Las compañías mexicanas que han participado en el sector energético ofreciendo servicios de transporte, almacenamiento, seguridad y perforación representan riesgos en términos de regulaciones anticorrupción, especialmente aquellas que han mantenido contratos con Pemex.   Riesgo 4: Desafíos de seguridad ante la corrupción y los cárteles de droga La corrupción y la violencia relacionada con el tráfico de drogas continúan siendo preocupaciones significativas en México. El gobierno buscó hacer frente a la corrupción al incluir procesos de licitación transparentes y controles anticorrupción en la legislación de la reforma energética, pero la percepción de corrupción aún persiste. De acuerdo con la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, 71% de los mexicanos encuestados en julio de 2014 consideraron que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años. Adicionalmente, 72% indicó que el gobierno mexicano es ineficaz en la lucha contra la corrupción. El gobierno aún necesita declarar cómo pretende proporcionar seguridad a ductos, zonas de exploración en tierra y bases terrestres para el desarrollo en aguas profundas. Las actividades de los cárteles de droga violentos han impactado en la percepción extranjera en México. Los cárteles continúan controlando grandes áreas en Tamaulipas, Veracruz, Durango, Michoacán y Guerrero, entre otros estados. Para compensar la disminución de los rendimientos del tráfico de drogas, las bandas organizadas han diversificado sus actividades hacia la extorsión, secuestro y el robo de combustible en los oleoductos de Pemex. El abordaje de los dos primeros retos, dicen los analistas de FTI Constulting, exige una aproximación integral a los asuntos públicos; los retos logísticos y de seguridad requieren una estrategia que salvaguarde los bienes y la reputación de la compañía. Por eso recomienda a las empresas realizar investigaciones de debida diligencia a socios de negocio prospectivos y otros grupos de interés; evaluar los riesgos de seguridad antes de empezar a trabajar, y proveer entrenamiento anticorrupción para gerentes de primera línea.  

 

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