El candidato ganador a la gubernatura de Nuevo León, Jaime Bronco
Rodríguez, ha dicho que se debe cancelar el proyecto del acueducto Monterrey VI. Además, la organización TNC presentó hace una semana el estudio final que analiza la viabilidad de la obra, que considera innecesaria frente a otras opciones que se encuentran sobre la mesa. ¿Se acerca la prueba final para el consorcio encabezado por Grupo Higa e ICA?
El polémico y multicuestionado proyecto del
Acueducto Monterrey VI , cuya obra está a cargo de un consorcio de empresas encabezado por ICA y Grupo Higa, está cerca de enfrentar la que quizá sea su prueba final.
La viabilidad del proyecto se encuentra de nuevo en duda frente a la presentación del estudio final de The Natural Conservancy (TNC), uno de los documentos más serios que se esperaban en el caso, el cual advierte sobre su inviabilidad debido a sus costos económicos y ambientales.
“De acuerdo con el análisis que hizo TNC y que presentamos a las autoridades, se demuestra que el proyecto Monterrey VI no es viable ni necesario”, dice en entrevista el empresario regiomontano Eugenio Clariond Reyes, presidente del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM).
Al mismo tiempo, el factor político vuelve a ser determinante en el futuro del proyecto ante la inminente llegada de un nuevo gobernador a Nuevo León, con el triunfo en la jornada electoral de este 7 de junio de Jaime Rodríguez, alias
El Bronco. El pasado 21 de mayo, en el último debate en el que participaron los nueve candidatos al gobierno de este estado, organizado por la plataforma ¿Cómo vamos, Nuevo León?, el candidato independiente dijo que el gobernador Rodrigo Medina debe cancelar el proyecto y así salvar la “honra”, pues aún está a tiempo de hacerlo.
En febrero pasado, TNC difundió los resultados preliminares sobre la viabilidad del proyecto Monterrey VI entre los integrantes del FAMM, el Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, el organismo internacional se comprometió a emitir un estudio final sobre el caso fechado en abril de este año, documento del cual cuenta una copia
Forbes México.
El consorcio encargado de construir y operar el acueducto Monterrey VI, integrado por las empresas Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa), Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Productoras y Estructuras de Concreto (Pyecsa), Desarrollos Rogar y el controvertido Grupo Higa, no duda de la puesta en marcha del proyecto.
“Monterrey VI es una obra tan legal como legítima. El proceso, de más de cuatro años, ha sido transparente, y la información al respecto es pública y consultable en internet”, afirma el consorcio en una postura oficial enviada a este medio.
Pero Eugenio Clariond asegura que la batalla contra el proyecto se detendrá hasta que se cancele o modifique, pues existe el peligro de que los costos económicos y ambientales de la obra se eleven en un futuro no tan lejano.
El origen del conflicto
El 21 de enero de 2008, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó en el
Diario Oficial de la Federación (
DOF) un acuerdo que permite la extracción de las corrientes del río Pánuco para abastecer de agua 16 municipios de la zona conurbada de Monterrrey.
A partir de esa decisión, la autoridad federal entregó al gobierno de Nuevo León el título de asignación de un volumen de aguas nacionales de 15,000 litros por segundo de la cuenca del Pánuco, una cantidad superior a la administrada en 2014 en la zona de Monterrey.
En los últimos años, el número de lotes incorporados al sistema de distribución de agua ha ido en aumento. De 2004 a 2006, la tasa de crecimiento fue de 5.4%, y en los cuatro años posteriores el ritmo de crecimiento alcanzó 8%, de acuerdo con el SADM.
De ocho opciones que se estudiaron en un principio, el organismo administrador del agua en Monterrey eligió la construcción del acueducto Monterrey VI como la opción con el menor costo unitario por cada metro cúbico de agua, con menores impactos adversos en los terrenos socioeconómicos y ambientales para resolver los déficit del vital líquido dentro de los próximos 20 años.
Así fue como el 13 de marzo del año pasado, el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz gestionó la publicación en el
DOF de la convocatoria para licitar el proyecto hídrico. Este paso representaba el inicio de una polémica que aún no termina.
En el concurso de licitación se inscribieron 28 empresas que participaron en 12 actos públicos atestiguados por la Academia de Ingeniería, el Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura), un testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), Conagua y otros actores involucrados en el proceso.
Al final del concurso, sólo dos consorcios presentaron su propuesta, y el 8 de septiembre de 2014 el SADM emitió el fallo que permitiría al grupo de empresas representadas por Grupo Higa construir la obra después de comprobar la viabilidad económica ofertada por esas firmas.
El costo final del proyecto fue de 14,161 millones de pesos (mdp), monto que es 1,599 mdp menor a la suma registrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ascendía a 15,761 mdp.
El objetivo es asegurar el suministro de agua en la zona metropolitana de Monterrey. “La situación hídrica de Nuevo León es delicada, pues se ha utilizado más agua de la disponible en 12 acuíferos, de los 30 que abastecen de agua a la entidad, y en siete cuencas superficiales de las 20 cuencas existentes. De ellas, cinco están en equilibrio y ocho tienen disponibilidad”, dice el estudio de TNC.
En los 16 municipios del área conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, habrá un millón 276,469 nuevos habitantes en 2030, de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), que requerirán satisfacer sus necesidades de agua. Para entender de qué forma el proyecto Monterrey VI ayudará a resolver estas necesidades, es importante analizar indicadores clave como la oferta, la dotación y la demanda.
¿Un proyecto que no urge?
Sin embargo, no todos están de acuerdo con el proyecto por los posibles peligros que podría representar. Eugenio Clariond es uno de ellos, quien pide la cancelación temporal o permanente de Monterrey VI para analizar a mayor profundidad sus consecuencias.
La opinión de TNC es considerada en el conflicto como una de las más serias por la experiencia internacional con la que cuenta. Su participación no es gratuita en el caso del proyecto de Monterrey VI. Esta organización, nacida en Estados Unidos, se encarga de apoyar las iniciativas que ayuden a fortalecer la seguridad hídrica, como es el caso del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, que se creó en septiembre de 2013 con el apoyo de 60 instituciones públicas y privadas asociadas, entre las que se encuentra la misma TNC.
TNC es una organización fundada en 1951 con el propósito de conservar las tierras y aguas necesarias para sostener la vida. En la actualidad tiene presencia en más de 30 países y suma casi 40 años de trabajo en América Latina y 30 en México.
Alrededor del mundo, TNC y sus socios, así como más de un millón de miembros, han logrado proteger más de 52 millones de hectáreas.
Uno de sus mandatos es producir información orientada a desarrollar acciones y políticas públicas que ayuden a conservar y mejorar la recarga de acuíferos, así como a proteger las cuencas, a través de estudios e investigaciones sobre la gestión del agua.
“Como miembro del Consejo Directivo y del Comité de Ciencia y Tecnología del FAMM, TNC elaboró este reporte con el objetivo de ofrecer elementos científicos y técnicos que aporten a los procesos de toma de decisiones sobre la seguridad hídrica de Monterrey y su área metropolitana, tomando en cuenta las implicaciones específicas del proyecto Monterrey VI, iniciativa que marcará pautas para el manejo hídrico de Nuevo León y la cuenca del río Pánuco”, argumenta TNC en su reporte.
El estudio de TNC argumenta que existen diferencias significativas entre la Evaluación Socioeconómica del Proyecto Monterrey VI (ESE) y la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA), las cuales implican que para 2044 se requerirá un gasto de 5.37 metros cúbicos por segundo, mientras que el volumen superior al trasvase proyectado en Monterrey VI se ubica en 5 metros cúbicos por segundo.
Por otro lado, el consumo actual reportado en la MIA es de 270 litros por habitante al día, lo cual no se sustenta en los registros del SADM ni en los reportados en la ESE, y la dotación recomendada de 300 litros por habitante al día, sobre la cual se proyecta la demanda, no se respalda en los datos históricos ni en las proyecciones realizadas por la propia empresa que suministra el agua.
“La diferencia es del orden de 162% del déficit calculado por la ESE para el año 2044, o de 145% si se compara con los valores recomendados por la Conagua”, dice el estudio de TNC.
En la actualidad, el volumen de aguas nacionales concesionadas a Nuevo León es de 2,064 millones de metros cúbicos de agua al año, de los cuales el sector agrícola consume 64.1% del volumen total concesionado, y el uso público urbano 24.8%.
“La distribución sectorial del agua lleva a la necesidad de generar un marco integrado para el manejo sustentable del agua en Nuevo León, que no se limite al uso público urbano. Por ejemplo, se ha estimado que con diversos proyectos en el sector hidroagrícola se podría recuperar 66% de los 820 millones de metros cúbicos de déficit de agua estimados para 2030 en la entidad”, dice TNC.
La consultora internacional propone tres mecanismos para enfrentar la escasez de agua:
- Mantener las tendencias de reducción en la dotación de agua urbana
- Fortalecer las acciones de conservación de fuentes locales de abastecimiento del vital líquido
- La implementación de mejoras en la eficiencia del agua para uso agrícola, la principal fuente de consumo del agua
De acuerdo con las estimaciones de TNC, la implementación de las medidas podría aportar ahorros del orden de 550 millones de metros cúbicos en 2030, lo que permitiría limitar la dependencia de fuentes externas de abastecimiento, es decir, de obras como el acueducto Monterrey VI.
Asimismo, la eficiencia del organismo administrador del agua en comparación con otras ciudades le permite asegurar a TNC que la obra no es urgente. Aumentar la dotación hasta 300 litros por habitante al día, como se propone en el documento oficial para la aprobación del proyecto (MIA), y sobre la que se proyecta la demanda futura, indica que no es urgente invertir inmediatamente en el proyecto Monterrey VI, restándole prioridad a otros componentes de la planeación hídrica integral. La diferencia del déficit proyectado en la MIA es del orden de 162% respecto al calculado en la ESE para el año 2044.
¿Peligro en el Pánuco?
Otro elemento que se agrega sobre la mesa con el nuevo estudio de TNC es el reto en un futuro para la extracción de agua de la cuenca del Pánuco, de donde se tomará el vital líquido por parte de Monterrey VI.
De 2008 a 2011, el volumen medio anual de escurrimiento natural de la región hidrológica se redujo 593.92 millones de metros cúbicos. Asimismo se redujo la disponibilidad del líquido en el mismo periodo en la cuenca del Pánuco 1, espacio específico de extracción de Monterrey VI, a un ritmo de 1,235 millones de metros cúbicos anuales.
Además de las reducciones, el Pánuco tiene concesiones de aguas superficiales reservadas para Querétaro y Guanajuato, que sumadas a la asignación para Monterrey VI llegarían a 971.27 millones de metros cúbicos anuales en 2080.
“Con ello, en cinco cuencas que nutren al Pánuco se tendrían extracciones que son superiores al 25% de la disponibilidad actual”, dice TNC, que agrega que de acuerdo con la Conagua, el río Pánuco tiene un problema de escasez cuya causa es que ‘la disponibilidad del agua superficial está comprometida, especialmente en época de estiaje’ y uno de sus efectos es que ‘existe disponibilidad media anual, pero problemas de déficit en el estiaje generan una fuerte competencia entre sectores de usuarios’.”
Ante estas condiciones, TNC recomienda un análisis ambiental y financiero del proyecto para prever medidas de conservación, así como de adaptación para incrementar la resiliencia de cuencas y ecosistemas.
El impacto ecológico es otro de los factores en juego dentro de la obra, que muchos han llamado la más importante del sexenio. El bajo Pánuco alimenta un complejo sistema de humedales continentales y costeros de alta biodiversidad; además, es una de las regiones del país con mayor riqueza de plantas acuáticas y una de las más ricas en el norte del Golfo de México.
“La gran extensión de cuerpos de agua, con alrededor de 30 lagunas, representa un área natural de refugio y reproducción para una gran variedad de aves locales y migratorias, anfibios, reptiles, mamíferos, así como peces de agua dulce y salada”, asegura la consultora estadounidense.
Las variaciones en el flujo del río podrían generar cambios en los patrones de sedimentación y provocar el azolvamiento de humedales que se alimentan del Pánuco, hecho que podría afectar el desarrollo natural de los ecosistemas existentes.
“El poder de la corriente, el azolvamiento de zonas riparias, lagunas costeras, manglares y marismas, el ciclo de nutrientes y la conectividad ecológica, son fenómenos no incluidos en la evaluación de los impactos potenciales del proyecto. Se recomienda sean estudiados para resarcir las omisiones de la MIA”, dice TNC.
Y propone desarrollar un modelo hidráulico de la interfase fluvial-marina para diferentes caudales del río, especialmente durante la estación seca, cuando se presentan los flujos mínimos mensuales.
Inviabilidad financiera
Pero TNC no sólo cuestiona el impacto ecológico y la necesidad del proyecto por la demanda de agua. También su viabilidad financiera se encuentra en tela de juicio, ya que, asegura, las proyecciones financieras muestran que el SADM tendría que recurrir a financiamiento adicional durante los primeros años a partir de que inicie el proyecto porque no generará suficientes fondos para cubrir las obligaciones financieras generadas por la obra.
“Esta situación se presentaría hasta 2023, es decir, durante los seis primeros años de operación del proyecto, incluso a pesar del aumento de 10% en las tarifas de agua que se propone en la ESE”, dice TNC.
La consultora advierte que los ajustes tarifarios podrían alcanzar hasta un 20%, es decir, un porcentaje superior al 10% proyectado en el evaluación socioeconómica o, en otro caso, una reducción o diferendo en las inversiones destinadas al mantenimiento del servicio y ampliación de la red de alcantarillado, así como de agua potable.
Clariond advierte que se podrían sumar nuevos costos si considera que la calidad del agua del Río Pánuco requiere un tratamiento especial, comparado con el que se hace en la actualidad.
“Necesitamos hacer otra planta potabilizadora, y ese presupuesto no se encuentra incluido en el proyecto, además de que se necesita un nuevo acueducto para poder mandar más agua de la presa Cerro Prieto a Monterrey, algo que tampoco se tiene cotizado”, dice Eugenio Clariond.
“Las plantas que tenemos en la actualidad para potabilizar el agua del Cuchillo y de Cerro Prieto para el consumo humano en Monterrey son instalaciones relativamente sencillas porque las aguas no son tan contaminadas. La Cuenca de Nuevo León no es una zona agrícolas en donde haya mucho consumo de pesticidas e insecticidas, por lo que el agua es relativamente fácil de potabilizar”, explica el empresario.
“Oficialmente viable”
Las actuales fuentes del sistema hídrico de Monterrey suman en conjunto una capacidad de suministro calculada en 12,500 litros de agua por segundo. Sin embargo, el Servicios de Agua y Drenaje del estado extrajo en promedio 12,517 litros por segundo durante 2014, una cantidad de agua potable superior a la capacidad calculada, que pudo ser abastecida gracias al periodo de lluvias constantes de este año.
Aunque las autoridades creen que la buena fortuna hídrica no durará para siempre, el crecimiento de la población y la llegada de nuevas industrias requerirán nuevas fuentes de abastecimiento.
En febrero pasado, la autoridad estatal y los funcionarios del sistema administrador del agua se reunieron para conversar sobre un estudio preliminar que TNC presentó a la opinión pública, el cual cuestionaba la obra de infraestructura.
“Ellos (los representantes del FAMM) nos presentaron los cuestionamientos y nosotros les dimos algunas de las conclusiones de nosotros, de las respuestas. Y, al final de cuentas, las conclusiones de TNC a través del FAMM continúan presentando información inexacta, con supuestos incompletos, sin usar datos actualizados… poniendo en entredicho a la Semarnat y la Conagua”, asegura Emilio Rangel Woodyar, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).
Para el encargado de la administración de aguas de Monterrey, es urgente incluir una nueva fuente de abastecimiento del vital líquido, ya que las cuencas se encuentran sobreexplotadas y se pone en peligro el suministro en el largo plazo.
Para Eugenio Clariond y el FAMM, una de las propuestas viables para acabar con el problema del abasto de agua que pudiera tener la zona metropolitana de Monterrey es renegociar los permisos con la cuenca en Sonora, que permita abastecer de agua a la región. Sin embargo, el director del SADM no está de acuerdo en que ésta sea la mejor solución.
“Aquí dicen ellos que se podrá quitar el agua a Tamaulipas, al Distrito 026 constituido por cerca de 70,000 hectáreas de riego. La teoría tal vez pueda sonar muy bien, pero la realidad es otra, ya que las personas de Tamaulipas tienen sus derechos desde hace 70 años”, dice Rangel Woodyar.
El funcionario defiende la decisión de las autoridades involucradas en el caso, y considera que la opinión de TNC no cambia nada las decisiones del pasado, puesto que el organismo no es autoridad y su opinión no es vinculante en el caso.
La necesidad es evidente para los involucrados a favor del proyecto. “Nosotros cumplimos al 100% con todas las autorizaciones que se requieren para este proyecto, y que esas autorizaciones no fueron en época del presidente Peña Nieto”, asegura Emilio Rangel Woodyar.
El consorcio defiende el proyecto, y asegura que su legitimidad proviene de un proceso apegado a la legalidad. “Conforme a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (artículos 4 y 11, así como los artículos reglamentarios del 66 al 90), el 13 de marzo de 2014 se realizó la publicación de la Convocatoria a la licitación en el DOF, a la que se inscribieron 28 empresas. El 26 de marzo de 2014 se realizó la visita a la obra. Del 14 de abril al 30 de julio de 2014, se efectuaron siete juntas de aclaraciones donde se dio respuesta a 2,044 preguntas formuladas por los concursantes: 1,251 de carácter técnico, 220 de índole financiera y 573 legales”, dicen las empresas a través de un posicionamiento entregado a
Forbes México.
¿Diálogo de sordos o de ciegos?
Eugenio Clariond espera que frente al estudio que ha presentado TNC se reconsidere la necesidad de la obra, aunque el temor más grande en este momento es que las autoridades no estén dispuestas a escuchar los argumentos en contra del proyecto.
“Estamos esperando la respuesta del gobierno de Medina de la Cruz y de su sucesor”, dice el presidente del FAMM.
Durante los últimos tres meses, las autoridades del organismo operador del agua, así como los involucrados en el caso, han sostenido reuniones que no han logrado frenar la intención de llevar a cabo la obra.
“Este ha sido un diálogo de sordos porque le hemos pedido y comunicado a los involucrados que la obra no es urgente, ya que tenemos agua suficiente con las fuentes actuales y nos va a sobrar mucha por lo menos dentro de los próximos 15 años”, dice Eugenio Clariond.
Otro de los puntos que disgusta al empresario regiomontano es la conformación del consorcio y el proceso de licitación. La presencia de Grupo Higa, firma que ha sido acusada de ser beneficiada por la actual administración federal en la asignación de proyectos, no es algo admisible para el representante del FAMM. “Existe la sospecha de que siendo una subsidiaria de Grupo Higa las cosas no se hayan manejado con mucha claridad, y la relación del padre del gobernador con los otros contratistas involucrados”, dice Clariond.
“El proceso de diseño, aprobación, licitación, inversión y operación del proyecto se habrá concretado en dos sexenios distintos: el título de Asignación de Aguas Nacionales se otorgó al Gobierno del Estado de Nuevo León en octubre 2010; el registro en la cartera de inversiones de la SHCP, en marzo de 2012; el resolutivo favorable a la Manifestación de Impacto Ambiental, en septiembre de 2012”, asegura el consorcio.
El director del SADM defiende la limpieza del proceso de licitación y la transparencia de Monterrey VI. El funcionario hace un llamado al diálogo y a no caer en un “diálogo de ciegos”, en donde los actores contrarios al proyecto se nieguen a ver las cifras asentadas en los estudios de las autoridades.
Por ahora, la batalla legal parece algo inevitable. “Sino atienden nuestras peticiones, estamos viendo si hay algún proceso judicial que pudiéramos tomar como el FAMM para defender la cuenca de Monterrey y defender a la sociedad”, dice el empresario.
Clariond sabe que Monterrey VI es un tema que aún no termina y que su discusión estará sobre el escritorio del próximo gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias
El Bronco, lo que podría abrir la oportunidad de un nuevo diálogo. “Si nos convenciera de que (el proyecto) es la mejor alternativa, vamos a suponer, y si tiene argumentos sólidos, entonces está bien.”
