En febrero de 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto presentó los elementos que habrían de definir su
Política Nacional de Vivienda para el periodo 2013-2018, hoy a tres años de su anuncio, dichas estrategias constituyen ya la base de un nuevo paradigma de política pública para el sector.
Hoy, como consecuencia de estos cambios estructurales en la manera de implementar la política de vivienda, contamos un sector saludable y competitivo. La industria de la vivienda se ha convertido en un sector estratégico para el crecimiento económico de nuestro país, su PIB es equivalente al de la región Sur-Sureste del país, además de que genera casi 3 millones puestos de trabajo que representan al 7.3% de la población ocupada.
Antes de la puesta en marcha de la Política Nacional de Vivienda estas cifras eran diametralmente opuestas. El sector atravesaba una profunda crisis que provocó un decrecimiento del 6% del valor de su producción y 230 mil empleos perdidos.
Era un sector concentrado, que generaba incertidumbre y reportaba pérdidas, basta recordar que las tres empresas de construcción de vivienda que cotizaban en la
Bolsa Mexicana de Valores fueron retiradas del mercado a consecuencia de ello.
Hasta finales de 2012 la vivienda se había alejado de su función de inclusión social. La manera en que se asignaban los recursos para su financiamiento provocaba que se construyeran desarrollos alejados de centros de trabajo, sin acceso a infraestructura, con viviendas en condiciones de baja calidad y con espacios insuficientes.
Ante el escenario de crisis en el que se encontraba la industria, el Presidente Peña anunció cuatro líneas de acción que se constituyeron en las estrategias de la Política Nacional de Vivienda:
- Una mayor y mejor coordinación interinstitucional encabezada por la SEDATU.
- La transición a un esquema de financiamiento que promoviera el desarrollo urbano ordenado, sustentable y con acceso a infraestructura.
- La atención a la demanda de vivienda de todos los grupos poblacionales.
- La creación de vivienda digna que elevara la calidad de vida de las personas, con espacios adecuados para su habitabilidad y servicios básicos suficientes.
Estas acciones están dando resultados. El trabajo coordinado encabezado por la SEDATU, las Instituciones Nacionales de Vivienda y las empresas del sector ha contribuido a que el PIB de la vivienda crezca a tasas dos veces mayores a las de la economía en su conjunto y que el empleo formal lleve 25 meses de crecimiento interanual. Actualmente la industria de la vivienda aporta casi el 14% del PIB nacional.
Entre 2013 y 2016, el subsidio federal para la vivienda alcanzó cifras históricas, además de que se realizaron los mayores esfuerzos para focalizarlos en la atención de las personas en condiciones de pobreza. Tan solo en 2014 se entregaron 12 mil millones de pesos para subsidios, el monto más alto de la historia.
La industria recuperó la confianza y la certidumbre, se ha dado el regreso con éxito de las empresas desarrolladoras líderes en el mercado de valores, y por primera vez en 13 años, han vuelto a participar inversionistas internacionales.
El financiamiento a la vivienda se ha constituido en un instrumento para alcanzar un desarrollo urbano ordenado y sustentable. Ahora los subsidios únicamente se dan dentro de Perímetros de Contención Urbana donde se le garantiza a la población de bajos ingresos acceso a los servicios, equipamientos, transporte para una vida con calidad.
A diferencia de administraciones pasadas, hoy la vivienda popular financiada o subsidiada por el Estado asegura un mínimo de calidad tanto en su tamaño como en la sustentabilidad, todas las viviendas subsidiadas con recursos federales son verdes y cuentan con al menos dos recamaras.
Se ha atendido como nunca la demanda de vivienda de grupos poblacionales. En 4 años se han realizado 4.7 millones de acciones de vivienda, de las cuales 1.72 millones son viviendas nuevas para familias mexicanas. El 36% de estas familias ha recibido un subsidio del Gobierno de la República, además que ahora se entregan 41% más subsidios a mujeres y por primera vez existe un programa que apoya con vivienda a los jóvenes, que han recibido más de 560 mil créditos para vivienda, 60% más que la administración anterior. También existe cobertura de crédito para migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Todas estas acciones son reflejo del compromiso y trabajo del Gobierno de la República para que se construya más vivienda y todas las familias mexicanas, en especial aquellas de más bajos ingresos, puedan ejercer su derecho social de acceder a una vivienda digna.
Es por ello, es que el Gobierno del Presidente continuará dando certeza y confianza a la industria e implementará medidas para mantener el apoyo del subsidio para la adquisición de vivienda nueva.
En
INFONAVIT, por ejemplo, se fortalecerán los esquemas de subsidio cruzado. Al dar mayor crédito para las personas derechohabientes de sueldos altos, se podrá elevar el flujo de recursos al instituto y direccionarlo para atender a los afiliados con menores salarios.
Adicionalmente, en SEDATU se diseñan esquemas para promover la concurrencia de recursos para la vivienda, como son los esquemas de coparticipación entre programas federales con las entidades federativas y los municipios.
Es innegable que la Política Nacional de Vivienda no sólo está dando los resultados económicos y sociales esperados, también se ha transformado en un instrumento de la
Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030.
Es la vía para construir no solo las viviendas que materializan el derecho social de las familias mexicanas, sino que también contribuye a la creación de ciudades dignas, incluyentes, compactas, seguras y con armonía con el medio ambiente.
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