Ayotzinapa y la criminalidad de la política

Lo extraordinario es que la clase política sigue buscando esconder sus responsabilidades, no solamente en la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino del horror que se ha vivido en México por décadas.     Tal vez, por fin, estas imágenes cambiaron el país: pequeños pedazos de huesos y cenizas que fueron estudiantes, declaraciones de criminales describiendo cómo secuestraron, asesinaron y tiraron 43 cuerpos a una fosa para después quemarlos, embolsar sus restos y tirarlos al río. Lo indignante es que escuchando los fríos testimonios de los involucrados, seguramente no era la primera vez que “desaparecieron” a tantas personas. Por primera vez, el gobierno federal estuvo dispuesto a desenmascarar públicamente el terror que se vive en México, a través de las imágenes presentadas por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por más impactantes y horrorosas que resulten. Aunque actos de barbarie de magnitud similar se habían vivido anteriormente en el país, los gobiernos buscaban esconder esa sangrienta realidad, regañando a los medios que se atrevían a publicar o transmitir imágenes demasiado rojas. Temían impactar la imagen del país o asustar a los inversionistas y turistas. Lo extraordinario es que la clase política sigue buscando esconder sus responsabilidades, no solamente en la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino del horror que se ha vivido en México por décadas. Pero, por lo menos entre la clase política y el gobierno federal, ahora sí parecen estar preocupados por la posibilidad de que candidatos para las elecciones de 2015 tengan vínculos con el crimen organizado. ¿Pero qué tan firme es su convicción? Para empezar, los partidos deben asumir que es de ellos, y no de otros, la responsabilidad de depurar a sus candidatos. En una entrevista, el ex líder del PRD, Jesús Zambrano, nos comentó que él en 2011 le había pedido al entonces Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, información sobre el entonces aspirante a la alcaldía de Iguala, José Luis Abarca. Según Zambrano, Poiré le dijo que no había ninguna investigación. Lo preocupante es que parecería que Zambrano justifica por qué el PRD le dio el espaldarazo a Abarca. Lo que no han entendido los partidos es que la responsabilidad recae exclusivamente en ellos; sí, en los partidos, por más que quieran lanzar la responsabilidad a otra parte. En 2008, los representantes de los partidos ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) ofrecieron una solución descabellada e incongruente: promover la firma de un convenio con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para que, bajo la supervisión del IFE, se investigara a los aspirantes a puestos de elección popular y, a la vez, se promovieran esquemas de antidopaje, revisión de las cuentas bancarias, así como auditorías internas a los aspirantes. Todo, con la finalidad de evitar infiltraciones del narcotráfico en los próximos procesos electorales. Básicamente estaban proponiendo espiar a los posibles candidatos a puestos de elección popular. De por sí está cuestionado el Cisen por no ejercer bien sus funciones, ahora querían que este aparato de inteligencia se dedicara a recabar información para establecer si los candidatos estaban posiblemente coludidos con el narcotráfico, lo que significaría de nuevo politizar esta institución y agregar funciones que simple y llanamente no tendría la capacidad de cumplir. Imaginemos lo que sucedería si el Cisen encontrara que no sólo existe un número importante de candidatos con vínculos con el crimen organizado, pero que también son, en su mayoría, de la oposición. ¿Qué pasaría si al Cisen, por más que trate de encontrar a todos los “narcocandidatos”, le fallan sus investigaciones y se les filtra uno que otro candidato con malas amistades? Afortunadamente, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijeron en ese entonces que sería un retroceso en la vida democrática del país el encomendar al Cisen la labor de investigar a los posibles candidatos. La gran responsabilidad de los partidos políticos es intervenir y asegurar que sus candidatos no estén contaminados por el crimen organizado, ya que el principal responsable de llevar a una persona a ser candidato es un partido político, y estas instituciones partidistas deben asumir las medidas que, se pedía, ejerciera el Cisen. Depurar candidatos no es tan difícil, siempre y cuando exista la voluntad política. El gobierno federal y las empresas por igual han tratado de encontrar mecanismos que aseguren la probidad de las personas que contratan. Los partidos pueden y deben aprender de ellos. Sin olvidar que es una responsabilidad de los medios informar y de cada uno de nosotros, como electores, el fijarnos bien por cuál candidato vamos a votar.     Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.