La ciudad de Providence busca compensación de Petrobras ante pérdidas en bonos comprados entre 2010 y 2014.   Reuters La ciudad estadounidense de Providence, capital del Estado de Rhode Island, inició una demanda colectiva contra la petrolera estatal brasileña Petrobras y contra algunos de sus ejecutivos por pérdidas en bonos debido a un supuesto plan de sobornos, publicó el viernes un diario brasileño. El caso judicial es el más reciente problema para Petrobras, cuyas acciones han caído a su menor nivel en casi 10 años debido a que una creciente investigación por corrupción ha hecho que la compañía retrase la publicación de sus ganancias del tercer trimestre. Petrobras ya ha sido demandada por varios inversionistas estadounidenses que compraron acciones de la petrolera que cotizan en Estados Unidos. Según el diario brasileño O Estado de S. Paulo, uno de los principales del país, este es el primer caso que busca compensación por pérdidas incurridas en bonos emitidos por Petrobras en mercados internacionales de capital. El diario publicó que la demanda presentada por Providence el 24 de diciembre también es la primera que cita como acusados a ejecutivos de Petrobras, incluyendo a su presidenta ejecutiva, Maria das Graças Foster. O Estado de S. Paulo afirmó que tuvo acceso al documento de la demanda, de 70 páginas, presentado en una corte no especificada de Nueva York. Sin embargo, no dijo qué cantidad de dinero por daños está buscando Providence. Una portavoz de Petrobras dijo que la compañía no ha recibido una citación del tipo reportado por el diario. Según el informe de prensa, la ciudad de Providence afirma que Petrobras realizó comentarios engañosos al mercado, inflando el precio de sus activos como resultado del pago de sobornos. La ciudad busca compensación por pérdidas en bonos comprados entre 2010 y 2014, cuando afirma que Petrobras emitió cerca de 98,000 millones de dólares en bonos y acciones en los mercados internacionales. Petrobras está en el centro de la investigación de un escándalo de corrupción en el que se han levantado cargos contra unas 40 personas, entre ellas representantes de empresas contratistas y dos ex directores de la petrolera.

 

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