Diferentes gobiernos de varios países han lanzado iniciativas para que los datos de las personas se mantengan dentro de sus geografías. ¿Sirve de algo esto para proteger la información de los ciudadanos? ¿Tiene más costos que beneficios?   Con el crecimiento inexorable de los servicios en la nube, cada vez tenemos menos control de en donde están almacenados nuestros datos personales. En diversas geografías se han aprobado o planteado iniciativas de diferentes gobiernos para que los datos de las personas se mantengan dentro de sus geografías. En mi opinión, estas iniciativas no tienen al final más que un efecto negativo para los consumidores –los gobernados– que dicen beneficiar y se basan en ideas obsoletas y hasta ridículas de cómo funcionan la tecnología y los servicios en la nube. La idea ilógica de fondo es que si controlamos la ubicación física de los datos (dónde está el servidor con su disco duro o similar) tendríamos mayor tranquilidad porque nuestras autoridades, si lo requieren, pueden tener acceso a esos datos. También porque autoridades maliciosas de otros países no tendrían acceso a obtener esos datos.
  • Primero: me parece que pocas personas en América Latina nos sentimos cómodos con el control y eventual acceso de las autoridades locales a nuestros datos. Los índices de confianza y el marco institucional, en general, en lo que se refiere a justicia, están muy rezagados con respecto a otras alternativas geográficas.
  • Segundo: pretender que la ubicación física de los datos va a detener a un atacante con patrocinio estatal es francamente ingenuo en un mundo interconectado, como se ha demostrado ya en múltiples y muy sonados casos recientes.
  • Tercero: Cualquier servicio medianamente usable y atractivo, hoy utiliza Internet como canal de comunicación para estar en contacto con los clientes. Por su naturaleza, el flujo de datos a través de internet puede pasar por diferentes rutas. Esta flexibilidad es la que le da a la red la confiabilidad que tiene. Automáticamente nuestros paquetes de datos son enrutados por los caminos más eficientes o disponibles. Es totalmente normal que los datos viajen entre distintas geografías, incluso en una conectividad aparentemente local. Además, la complejidad técnica de pretender controlar estas rutas para que no salgan de un país es costosísima.
El efecto real de las políticas que pretenden regular la ubicación de los datos en un país o jurisdicción específica es exactamente el mismo que el de cualquier otro producto o servicio con barreras al comercio internacional: el encarecimiento de los servicios asociados para las empresas y los consumidores. Se trata de establecer un impuesto disfrazado que beneficia a unos pocos (los proveedores locales de centros de datos) y perjudica a muchos (a todos los consumidores y empresas usuarias de servicios tecnológicos). Este efecto es particularmente más grande en economías medianas y pequeñas como la mexicana, donde los costos de capital son elevados. Basta comparar los precios de hosting de proveedores locales con extranjeros para que este argumento quede claro. En México hemos avanzado mucho en las últimas dos décadas en la creación de una economía abierta, capaz de competir. El efecto se nota en industrias de vanguardia como la automotriz. Hay que resistir la tentación del proteccionismo disfrazado de seguridad en el mundo de las tecnologías y, como en otros sectores de la economía, operar de una forma abierta que beneficie realmente al país. Si controlar la ubicación de los datos no es la solución, ¿cuál sería? En mi próxima columna exploraré alternativas que si funcionan.   Contacto: Correo: [email protected] Twitter: @Formiik Facebook: Formiik LinkedIn: Formiik Página web: formiik   *Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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