Comercio ilícito: un negocio en que todos pierden

Comercio ilícito. (Foto: Getty Images).
Comercio ilícito. (Foto: Getty Images).

Como consumidores, en algún momento somos tentados a conseguir un producto por debajo del precio del mercado creyendo que lo único que hacemos es ahorrarnos algo de dinero. Éste es el principal problema que ocasiona el comercio ilícito: creer que no hay víctimas.

 

Por Geizel Torres

Se estima que más de 250,000 perso­nas mueren al año por el con­sumo de medica­mentos falsificados. Millones más son explotadas en compañías que se dedican a la producción y distribución de productos de manera irregular, y según Global Financial Integrity (GFI), a nivel mundial el comercio ilí­cito asciende a 650,000 millones de dólares (mdd) en mercancías y 2,000 mdd en flujos financieros. Estos números representan 10% del PIB mundial, lo que sin duda es una barrera para el crecimiento económico y el desarrollo del comercio internacional.

Según Moisés Naím, analista y autor del libro y documental Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, el problema es tan grande y varia­do que no hay una solución global. “La manera en la que se enfrenta el contrabando de drogas es diferente a la que se enfrenta el contrabando de películas. Hay que ser selectivos, los estados tienen recursos escasos y no pueden enfrentarlos a todos y a la misma vez porque no funciona. Hay que tener prioridades: la discusión se acaba en cinco segundos cuando se le plantea a la sociedad qué pro­blema es menos tolerable: el tráfico de niñas o de películas”.

Para combatir este flagelo, ade­más de la aplicación de las leyes, hay que dejar atrás los mitos sobre el contrabando. Uno de ellos es pensar que el tráfico siempre ha existido y es el mismo. El experto señala que el comercio ilícito ha evolucionado tanto como la globalización se lo ha permitido, porque gracias a ella aho­ra todos los países son vecinos. Tam­bién hay que dejar atrás la teoría de que es un tema meramente policial, pues quienes lo han enfrentado así no comprenden la dimensión del problema y la necesidad de un enfo­que diversificado, siguen fracasando en erradicarlo.

El tercer punto, y quizás al que más nos aferramos, es pensar que el comercio ilícito tiene su origen en la pobreza. Si bien es cierto que parte de nuestra condición humana es in­clinarnos hacia un mejor precio, hay que saber que quienes están metidos en este negocio no son pobres, pero sí contribuyen a la desigualdad.

En los últimos tres años, el co­mercio ilícito en República Dominicana se ha disparado a niveles que tomaron por sorpresa a las mismas autoridades y se ha convertido en una piedra en el zapato para el sector industrial. En el marco del foro Lucha contra el comercio ilícito, organizado por la Cámara Americana de Comercio y Philip Morris Dominicana, Julio Brache, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), ase­guró que nunca antes esta actividad había amenazado la seguridad de las empresas y de los consumidores como ahora, y su contribución al empobrecimiento de las naciones es más evidente.

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Los daños a la industria y la seguridad de los consumidores

Uno de los sectores más afectados es el de los medicamentos, cuya falsificación ha crecido de manera exponencial y mueve cada año unos 1,500 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de RD por dólar), equivalente a 12% del mercado, que golea no solo a los laboratorios nacionales sino tam­bién a las compañías farmacéuticas extranjeras, según Jaime Ángeles vo­cero del sector. “Todos los productos farmacéuticos están propensos a ser falsificados; hemos encontrado productos que son genéricos (como el acetaminofén) y productos que son de marca falsificados, reetique­tados o vendidos fuera de su fecha de vencimiento”, agregó.

El año pasado la Asociación de Representantes, Agentes y Pro­ductores Farmacéuticos (ARAPF) atribuyó el aumento de medicamen­tos falsos en el mercado a la falta de acciones contundentes contra los responsables. Así se lo hicieron saber al presidente Danilo Medina por medio de una misiva donde señalaron otros problemas como los retrasos en la aprobación y renova­ción de registros sanitarios y la falta de consenso de la norma que regula la publicidad y la promoción de los medicamentos.

En respuesta, se han dado impor­tantes operativos como el septiem­bre de este año, cuando la Procura­duría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, en coordi­nación con la Fiscalía de Santiago, el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional, realizó varios ope­rativos en Santiago y Moca donde decomisaron medicinas falsas valo­radas en más de 50 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de RD por dólar).

A nivel mundial, la industria de los cigarros es una de la más gol­peadas por este delito. Según varias investigaciones, sus ingresos están directamente relacionadas con el financiamiento de grupos delictivos y terroristas. Acabar con el comer­cio ilícito de tabaco permitiría a los gobiernos recaudar anualmente 31,000 mdd en concepto de impuestos en todo el mundo.

Para Liliana Cabeza, directora general de Philip Morris Domini­cana, la problemática más grave en nuestro país es la cantidad de marcas importadas irregularmente y que no están pagando impuestos. Según datos suministrados por esta empresa, el contrabando de cigarri­llos pasó de 1% a 22% del mercado y se estima que más de 50% de los col­mados vende producto ilegal a pesar de las sanciones y multas que pue­den enfrentar. “Hemos notado que después de la aprobación de la última reforma fiscal hay un gran espacio entre el pre­cio entre los cigarrillos legales y los ilegales”. Cabeza también señala que el aumento de estas marcas en el mercado daña la ca­dena de valor, pues en nuestro país se cosecha, procesa y comercializa tabaco rubio que, de no controlarse la situación, podría afectar unos 7,500 empleos que dependen de esta industria. “Además el tabaco es un ícono de la cultura dominicana y es uno de los productos emble­máticos ante el mundo y de una importancia enorme para el fisco, pues solo en 2014 el Estado dejó percibir más de 1,200 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de RD por dólar), en impuestos”, señala.

Por su parte, el viceministro de Industria y Comercio, Vinicio Mella, coincidió en que la incidencia del producto ilegal ha aumentado. “Actualmente, se contabilizan cerca de 27 marcas provenientes de Asia principal­mente que se comercializan de manera ilícita, cuando para 2012 solo existían dos marcas ilegales en el mercado procedentes de Haití”.

En el caso del alcohol, la situa­ción es distinta, pero no menos complicada. Para Mario Pujols, director ejecutivo de Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), una combinación de fac­tores afectan al sector formal desde principios de 2013, que coincide con la última reforma fiscal. “El peso de los impuestos ha provocado que aumente la evasión fiscal por parte de algunos productores que, aun re­gistrados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no cumplen con sus obligaciones tribu­tarias al declarar una fracción menor de la producción”.

Además de la evasión, existe también el incumplimiento de normativas relacionadas directa­mente con el ron, entre ellas el uso de alcohol no apto o que no envejece en barricas de roble por 12 meses, un requisito para que la bebida pueda denominarse como tal. Esto afecta no solo la calidad del producto, sino la salud de las personas y la repu­tación del país de un producto tan emblemático.

Según el viceministro de Indus­tria y Comercio, entre 2014 y junio de 2015 se vendieron alrededor de cinco millones de litros de ron de marcas locales sin declarar impues­tos ante la DGII.

Las empresas productoras de alcohol y cigarrillos aportan aproximadamente 11% de las recaudaciones fiscales, repre­sentan 75,000 empleos directos e indirectos y exportan 140 mdd a más de 40 países, lo que las convierte en un sector muy im­portante para la economía nacional. No solo en nuestro país, sino en todo el mundo, estas industrias objetan que la elevada carga impositiva estimula el comercio ilícito de estos productos y según Moisés Naím, sus reclamos tienen algo de razón. “Si como Estado aumentas mucho los impuestos, entonces aumenta el contrabando, disminuyen los impuestos que recoges y no baja el consumo de estos productos, enton­ces no has logrado nada. La lucha de todos los países es encontrar este punto de equilibrio”.

El sector de los combustibles es otro gran perjudicado. En pocos años el país pasó de tener cinco empresas distribuidoras a más de 40, pero solo ocho cumplen con los requerimientos de ley. Según la normativa, para poder contar con una licencia de distribución, las empresas deben tener una participación de al menos 2% del volumen de mercado. Según Mauricio Salazar, presidente de la Sociedad de Empresas de Com­bustibles y Derivados (SEC), en la actualidad hay unas 780 estaciones, lo que significa que la empresa debería tener al menos 16 estaciones para poder contar con la licencia de distribución.

Por otro lado, muchas estacio­nes firmaron contratos con marcas internacionales bajo el modelo de franquicia. Estas gasolineras han dejado de comprar combustible a sus franquiciadores pero siguen utilizando sus equipos y exponiendo sus marcas, engañando a los consu­midores y violentando los contratos firmados. “Calculamos que unos 2.5 millones de galones de gasolina se venden al mes bajo este esquema”, dice Salazar.

Una de las fuentes de donde estas empresas obtienen el combustible viene del producto exonerado por el Estado, que en vez de utilizarse para subsidiar el transporte público, se vende a las estaciones y a clientes industriales. “De los 2.5 millones

de galones de combustible que se venden de forma irregular, al menos un millón es diésel, que según nues­tras estimaciones, iba destinado al transporte”.

De acuerdo con el SEC, el pro­blema es que de los 4.5 millones de galones al mes que otorga el Estado para subsidio del transporte, apenas se utiliza una tercera parte, porque la mayoría de transporte público cambió a gas (por cierto, casi todos estos vehículos también cuenta con el Bonogas) y así es como el Estado deja de perci­bir más de 200 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de RD por dólar), en impuestos al mes.

Otros sectores afectados son el comercio y la construcción. En opinión de Antonio Ramos, presi­dente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), uno de los problemas más grandes es la informalidad. “Cada vez que vemos una tiendita informal en una esquina lo que vemos realmente es la punta de un iceberg de organi­zaciones que se dedican a este tipo de actividades, aquí ya no estamos hablando de microempresarios sino de una mafia”.

Según Ramos, su estrategia es aparentar ser empresas pequeñas y no llamar mucho la atención, pero cometen toda clase de infracciones desde las leyes laborales hasta las impositivas. Otro de los grandes proble­mas que enfrentan es el tema de la ropa usada, mejor conocida como “pacas”, cuya importación está prohibida por la legislación dominicana.

En el caso de la construcción, se estima que existen alrededor de 47 empresas hormigoneras distribuidas en todo el país, de las cuales 39% son informales y operan sin ningún tipo de permiso ambiental. Además, existe una creciente falta de control en la calidad y composición del hormigón que se utiliza a nivel nacional que crea un ambiente vulnerable al país en caso de sismos o desastres naturales.

Para Vinicio Mella, si se toma en cuenta el consumo de este producto entre los años 2012-2014, se estima que habría generado cerca de 2 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de RD por dólar), solo por concepto de IT­BIS; sin embargo, el fisco ha dejado de percibir 55% de este total. Otro tema que ha tenido su discusión dentro del sector es la importación de varilla de acero, que incumple con una normativa técnica (corruga­ción para fines de adherencia) y ha generado polémica por la diferencia del precio entre la que se produce en el país y la traída desde el extranjero.

 

Mucho por hacer

Como parte de la respuesta del Es­tado a la problemática del comercio ilícito en general, a finales de 2013 se creó la Mesa Presidencial Contra el Contrabando, Falsificación e Informalidad de Bienes, coordina­da por el Ministerio de Industria y Comercio, y que también involucra entidades públicas y las asociaciones sectoriales que representan a los sectores productivos afectados.

En el marco jurídico, el abogado José Manuel Alburquerque opina que las penas establecidas en la nor­mativa dominicana son equiparables a las aplicadas en otros países de la región. “En el país las sanciones penales, aparte del decomiso de las mercancías y la aplicación del siste­ma de multas, incluyen la reclusión de dos a cinco años. Si hablamos de reincidencia, la pena puede llegar hasta los 10 años e incluso llegar a penas más grandes en caso de terce­ra o subsiguiente infracción”.

Además, asegura que los vacíos que afectan el comercio son en su mayoría procedimentales o de falta de cooperación internacional y no tanto por las lagunas legales. “El contrabando y el comercio lícito no son un problema exclusivo de la República Dominicana. Esto trasciende nuestras fronteras y afecta negativamente a muchos estados, por lo que la cooperación recíproca y una participación más activa de los gobiernos pudieran significar una mejor solución, pues hay que reconocer que en muchos casos se visualiza el contrabando como un problema de los comerciantes y el accionar de los Estados va desde el punto de vista económico, circunscribien­do sus soluciones a mecanismos fiscales para garantizar el volumen de sus recaudaciones”, asegura. Por otro lado, estima que las empresas tienen un papel determinante a la hora de denunciar actividades ilíci­tas, colaborar con las instituciones y organismos encargados de supervi­sar y perseguir estos delitos.

De acuerdo con el vicepresidente de la AIRD, las labores que ejecuta la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, así como la Procuraduría General de la República, han dado sus frutos con el decomiso de productos ilícitos y el des­mantelamiento de almacenes y destilerías ilegales. “Hay que seguir trabajando juntos, informando a los consumidores sobre los riesgos que pueden tener al consumir estos produc­tos y ejercer la legislación sobre el lavado de dinero, acción que se liga no solo con el tráfico de drogas sino al comercio ilícito; sobre todo hay que seguir haciendo énfasis en la formalización de la economía y lograr una mayor coordinación para castigar a los delincuentes y cerrar definitivamente los negocios que incumplan las leyes del país”.

Para Moisés Naím, las tendencias que seguirá el comercio ilícito son muy claras: por un lado la tecnología debería convertirse en el gran aliado para combatir este delito, y por otro, preocupa la aparición de lo que él denomina “estados mafiosos”, que son los que se han enfrentado los cárteles criminales, no para elimi­narlos, sino para utilizarlos en su propio beneficio o para el beneficio de las élites económicas y mediá­ticas que rigen el país. “Es muy preocupante esta tendencia donde el mismo gobierno es el principal actor criminal. Esto está sucediendo donde la democracia no está funcio­nando bien”, concluye. Así las cosas, parece que hace falta mucha, mucha voluntad política para controlar este flagelo que por ahora parece no dar tregua en nuestro país.