- Voltear la mirada hacia la participación política de las mujeres en el diseño de políticas públicas desde los poderes ejecutivo y judicial, pues solo 16% de las mujeres son Secretarias de Estado y 14% subsecretarias de Estado y solamente 19% de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación son mujeres. Estas cifras son aún más bajas a nivel local.
- Hacer efectiva la perspectiva de género como elemento transversal de las políticas públicas, incluyendo el presupuesto federal y los presupuestos locales; no debe ser un asunto solo de mujeres sino una visión de Estado.
- Integrar el aspecto de la representación a la conversación sobre participación. El planteamiento de la Senadora Martha Tagle de construir una bancada de mujeres que trascienda los partidos en temas de igualdad de género sería fundamental. Desde ahí se podría contrarrestar la instrumentalización de las mujeres que muchas veces hacen los líderes políticos masculinos y se pueden promover cambios que impulsen mayor igualdad de género en la economía, la familia, la salud, la seguridad y los derechos humanos.
Democracia paritaria, ¿la real transformación?
Frente al éxito de las acciones para fortalecer la participación política de las mujeres, surgen nuevos retos, como el compromiso de las legisladoras con la representación de las mujeres.
El próximo 1 de septiembre inicia sesiones el Congreso de la Unión. La mayor novedad de esta legislatura es su composición paritaria; prácticamente el mismo número de mujeres y hombres en ambas cámaras. Esto coloca a México en tercer lugar global en cuanto a número de senadoras y en cuarto en cuanto a diputadas.
El compromiso por lograr la igualdad también se reflejó en lo local, pues 12 de los 26 estados de la República que renovaron su congreso tendrán al menos el 50% de mujeres en sus próximos congresos, algunos como Chiapas e Hidalgo alcanzaron el 58% y 55% respectivamente, y los 14 restantes rondan entre el 46% y el 49%.
Las alcaldías, aunque alejadas de la paridad, también registraron un avance importante, pasando de 14% de mujeres alcaldesas, al 26.9%.
La paridad es resultado de los cambios constitucionales y legislativos que garantizaron la igualdad en candidaturas. A esto se sumó el gran esfuerzo de mujeres y hombres que, desde el INE, el TEPJF y los órganos y tribunales electorales locales, impulsaron un conjunto de acciones institucionales que propició que los partidos políticos no pudieran eludir su obligación de respetar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Quedó claro que sí hay diferencia en el resultado cuando existen acciones afirmativas en el marco jurídico, administrativo y jurisdiccional.
Otro avance aún lejano de lo justo pero importante de destacar es que, por primera vez en la historia, cuatro mujeres indígenas serán Diputadas Federales.
Frente al éxito del fortalecimiento de la participación política de las mujeres, surgen nuevos retos y nuevas preguntas. Una tiene que ver con el grado de compromiso de las legisladoras electas con la representación y defensa de las mujeres. La pertinencia de esta pregunta se basa en cifras del Reporte Global sobre Brecha de Género del Foro Económico Mundial 2017, que señala que mientras México se encontraba en el número 34 de 144 países en el indicador de Empoderamiento Político (incluso antes de estos números de participación), estamos en el 124 de 144 países en el indicador de Participación Económica y Oportunidades que mide, entre otras cosas, la igualdad salarial.
Cuando observamos a otros países, particularmente en empoderamiento político y participación económica y oportunidades, existe una relación, pero no contundente. Por ejemplo, Islandia es el país número 1 en empoderamiento político, pero el 14 en participación económica; Estados Unidos es 19 en oportunidades económicas, pero 96 en empoderamiento político; Finlandia es 16 en oportunidades económicas y 5 en empoderamiento político; Canadá es 29 en participación económica y 20 en empoderamiento político, y Suecia es 12 en participación económica y 8 en empoderamiento político. Lo que sí queda claro es que una diferencia tan amplia entre ambos indicadores, debería llamarnos la atención.
Este panorama plantea tres cuestiones centrales:
