Un gran segmento de la sociedad en Guatemala apoyó a Jimmy Morales como nunca había sucedido con un candidato. Sin embargo, representantes de universidades, sociedad civil y guatemaltecos en general no están dispuestos a tolerar errores ni desaciertos. No descartan tomar de nuevo las calles en caso de otro evento de corrupción.
Por Sofía Menchú
Es más fácil ganar las elecciones que gobernar un país, y en este caso fue más fácil ganar en medio del caos. En su noche más dulce tras su histórico triunfo (con 2.5 millones de votos), Jimmy Morales, presidente electo, agradeció a todos, aunque se olvidó de alguien en especial: Iván Velásquez, titular de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el comisionado que se encargó de desmantelar una red de corrupción que llevó a la cárcel al ex presidente Otto Pérez Molina, a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y a altos funcionarios del gabinete.
Durante los últimos seis meses los guatemaltecos vivieron los escándalos de corrupción que los marcaron para siempre. Las calles se inundaron con miles de personas que salieron a manifestar su rechazo contra el gobierno y para exigir la renuncia del presidente y su compañera de fórmula. La gente no toleró más los desmanes de los gobernantes y castigó a los políticos tradicionales que se postulaban a la presidencia, y eligió al menos esperado, a Jimmy Morales, un candidato de centro-derecha y primerizo en la política.
Para contar cómo
Morales, cómico de profesión, con su lema “ni corrupto, ni ladrón”, despuntó del anonimato y obtuvo el triunfo, hay que comenzar con resumir los sucesos que causaron la debacle de Pérez Molina y Baldetti. Donde la intriga, la corrupción, la lucha de poder, la ambición y la justicia se entremezclan para destruir o bien afianzar a los personajes principales en el gobierno. En este caso no hay final feliz, pero sí uno distinto e inesperado.
El principio de la caída
La primera revelación de Cicig, ente adscrito a las Naciones Unidas, fue la punta del iceberg en esta trama de corrupción. Era el jueves 16 de abril y en las instalaciones del edificio del Ministerio Público (MP) todo estaba listo para la conferencia de prensa que darían en conjunto Iván Velásquez, Thelma Aldana, fiscal general, y el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hombre de confianza y amigo de Pérez Molina.
Esa fue la primera de una seguidilla de descubrimientos que hizo Cicig sobre una investigación que comenzó desde 2014. La noticia sorprendió al país entero. Juan Carlos Monzón, secretario privado de la Vicepresidencia, era señalado como el líder de una red de defraudación aduanera, La Línea, que operaba con la ayuda de funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de Aduanas. Ellos cobraban cuotas a empresarios, en su mayoría asiáticos, para evadir impuestos en el traslado de sus mercancías.
En esa ocasión 17 personas fueron capturadas, entre ellas el titular y el extitular de la SAT. Mientras que el secretario de Baldetti, se convirtió en prófugo de la justicia en los siguientes cinco meses. Para entonces no había certeza de la participación de los gobernantes en la estructura, sólo se conocía a través de las escuchas telefónicas presentadas por los investigadores y fiscales que existía “la R”, “la 2”. Una clave que utilizaba La Línea para referirse a lo que se presumía un jefe de la red.
La población y los medios de comunicación locales asociaron de inmediato esas menciones con la exvicepresidenta, “R” de Roxana y “2” porque así le llamaban a lo interno de Casa Presidencial. Las declaraciones confusas de Baldetti, más las revelaciones de corrupción que llevaba acumulado el gobierno encendieron el fuego de las protestas.
Los comentarios de indignación contra los funcionarios poblaron las redes sociales y se gestó por Facebook una convocatoria para manifestar, nueve días después del escándalo, en la Plaza central frente al Palacio de Gobierno de la capital guatemalteca. #RenunciaYa se llamaba el movimiento que pedía la dimisión de ambos gobernantes.
La convocatoria primero causó escepticismo porque se pensaba que algún partido político estaba detrás, pero el grupo que invitó era de ciudadanos particulares. “Sabíamos que estaban robando, pero hasta que la Cicig los descubrió en flagrancia tuvimos el motivo suficiente para salir a protestar”, dijo a
Forbes Álvaro Montenegro, estudiante de derecho e integrante del movimiento.
Ese 25 de abril los medios tuvieron que utilizar drones para capturar a la multitud que asistió. En el lugar había de todo: estudiantes, amas de casa, personas de la tercera edad, familias de todas las clases sociales, gays y lesbianas, artistas y hasta religiosos. Un grupo de monjas vestidas con sotana café y velo blanco sorprendió entre la muchedumbre. Todos con un fin común: el rechazo a la corrupción.
Dos manifestaciones bastaron para apoyar las investigaciones de la Cicig y del MP y causaron la renuncia de Baldetti. Esa fue la primera vez en la historia del país centroamericano que un vicepresidente dejaba su cargo. La noche del 8 de mayo, cuando ella dimitió, la gente salió a la calle para celebrar con cohetillos y con bombos la salida de la primera mujer que ocupó tan alto puesto en el gobierno del Partido Patriota, un partido de derecha.
El dueño de la finca
Cuatro meses duraron las manifestaciones en la Plaza. No la tomaron ni pernoctaron allí como lo hicieron los egipcios en la Plaza Tahir para derrocar a Hosni Mubarack, sólo llegaban los sábados por la tarde a protestar, pero lograron lo mismo: la dimisión de su presidente.
Las últimas revelaciones de la Cicig en agosto, las presiones del gobierno de Estados Unidos que pidió la depuración del gabinete y que apoyó en todo momento a la Comisión, junto con las incansables marchas y un paro nacional terminaron con la administración de Pérez Molina. Era la 1:00 de la madrugada del 3 de septiembre cuando el vocero presidencial, Jorge Ortega, avisó a los periodistas vía mensaje de texto que el mandatario había renunciado.
La salida se originó después de que el comisionado, Iván Velásquez, develó que tanto el presidente como la exvicepresidenta aprobaron y participaron en la red de defraudación aduanera. Es más, las escuchas telefónicas los incriminaban en la repartición del dinero que obtenía la estructura. Pérez y Baldetti cobraban el 50% de las ganancias y se las repartían, el resto le quedaba a la banda, explicó el comisionado en esa ocasión durante una conferencia de prensa.
“Encontramos que en la organización hay una participación muy lamentable del presidente y la señora Baldetti”, aseguró ese día Velásquez. El MP y la Cicig tienen como pruebas contra La Línea 5, 906 correos electrónicos, 88,920 escuchas telefónicas y 175,000 documentos para comprobar la culpabilidad de todos los implicados. “Es probable que las menciones al número 1 y al dueño de la finca, hacen referencia al presidente”, agregó la fiscal del MP, Thelma Aldana.
Cuando el presidente renunció ya su compañera de gobierno estaba prisionera. Al igual que sus dos exsecretarios de Estado, Juan de Dios Rodríguez, acusado de corrupción en el Seguro Social, y Gustavo Martínez, pareja sentimental de la hija del mandatario, señalado de tráfico de influencias y asociación ilícita por favorecer a una empresa privada. Además, había depurado el gabinete y despedido a tres ministros señalados de malos manejos en sus carteras. Los diputados oficialistas lo habían abandonado, pues dos días antes de su renuncia el Congreso le quitó la inmunidad.
Lo cierto es que la indignación social no hubiera aparecido sin el trabajo del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, un abogado colombiano y famoso en su país por enfrentarse con el expresidente Álvaro Uribe. Velásquez lideró la investigación que demostró el vínculo entre políticos allegados a Uribe y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia que pretendían refundar el Estado.
El caso dejó 50 congresistas en prisión y 130 personas más procesadas.
La Cicig llegó a
Guatemala en septiembre de 2007 y dos comisionados antecedieron a Velásquez. Hasta principios de este año, Pérez Molina se resistía a renovar por dos años más el mandato de la Comisión, pero al final no le quedó más que mantenerla, contra su voluntad, en el país.
Ahora Otto Pérez Molina, el militar que prometió mano dura en su gobierno contra la delincuencia y que participó en la época más álgida de la guerra interna de Guatemala como comandante de zona, está recluido en la Guardia Presidencial Matamoros. Un cuartel acondicionado para reos políticos y alguno que otro narcotraficante. El expresidente aguarda su próxima audiencia, que se celebrará en diciembre, aislado del resto de los reos y custodiado por al menos 10 guardias penitenciarios. Mientras que Roxana Baldetti permanece a la espera del juicio en una cárcel para mujeres.
La nueva Guatemala
Paralelo a la crisis de corrupción que terminó con Pérez Molina e indignó a los guatemaltecos, se realizaron las elecciones presidenciales que le dieron otro giro al país. Entre los candidatos con mayor intención de voto estaban Manuel Baldizón, empresario derechista que representaba al partido Libertad Democrática Renovada (Lider), y Sandra Torres, ex primera dama y promotora de los programas sociales implementados en la administración del expresidente Álvaro Colom (de 2008 a 2011). Socialdemócrata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En mayo cuando arrancó la campaña,
Jimmy Morales no aparecía ni siquiera en las mediciones de las encuestadoras. Nadie lo tenía como favorito. Pero entre las investigaciones contra la corrupción que desató Cicig, Baldizón resultó involucrado. Édgar Barquín, su compañero de fórmula, fue señalado de participar en una red de lavado de dinero.
Entre las protestas sociales la gente también se manifestó contra Lider y crearon la consigna #NoTeToca (Baldizón). Para las elecciones del 6 de septiembre Guatemala sorprendió al acudir a las urnas. Según datos del Tribunal Supremo Electoral asistió el 73% de los empadronados, una cifra nunca antes vista.
A pesar de que Jimmy era junto a su hermano el personaje principal de un programa cómico televisivo, el voto de castigo contra los políticos tradicionales permitió a Morales pasar a la segunda vuelta contra Sandra Torres, para posteriormente coronarse como presidente el pasado 25 de octubre.
Como parte del movimiento social #RenunciaYa, los universitarios por primera vez se unieron con el fin de promover cambios en las leyes del Estado y vigilar el quehacer del gobierno en turno. “Vamos a estar más atentos y no vamos a aceptar más corrupción. No se tratará de estar en manifestaciones siempre, pero saldremos cuando sea necesario”, explicó Juan Fernando Martí, representante de Ciencia Política de la Universidad Francisco Marroquín.
Mynor Alonzo, integrante de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala, anunció que se tiene prevista una marcha para el 14 de enero, el día que Morales reciba el poder. “Regresaremos a la Plaza a hacer manifestaciones simbólicas para poder recordarle al gobierno que podemos darle la confianza, pero que se la gane poco a poco y también vamos a empezar a exigirle para que no sea como los políticos anteriores”, dijo Alonzo.
Los guatemaltecos tendrán a Cicig hasta el año 2017, a menos que el mandato se renueve por dos años más. Las expectativas del nuevo presidente son altas, aunque él no presentó planes concretos de gobierno y aún está conformando su gabinete. Sin embargo, la unión de los guatemaltecos que se manifestaron de forma pacífica se mantiene y así esperan seguirlo demostrando.
