Con la reforma energética, todas las áreas en la cadena de valor del sector de hidrocarburos serán abiertas a la inversión.     México está en la encrucijada de lo que puede ser el capítulo más significativo de su marco legal en materia energética, que junto con otras reformas estructurales recién promulgadas prometen transformar su economía y crear una amplia gama de oportunidades de inversión, no sólo en el sector energético, sino en muchas otras áreas económicas del país. La magnitud del impacto que tendrá la reforma energética está aún por verse, pero sin duda representa un cambio drástico en comparación con las políticas energéticas que han dominado el mercado durante los últimos 76 años. En este sentido, si bien la reforma se debió haber implementado hace varios años, la realidad es que hasta hace dos la idea de que ocurriera una reforma tan importante se consideraba poco probable. Sin embargo, el cambio de rumbo de la política energética del país no se puede explicar sin tomar en cuenta otras reformas sustanciales previas en áreas tales como competencia económica, financiera, de transparencia, antilavado de dinero, laboral y de telecomunicaciones. Ahora vivimos un momento crucial. Las nuevas oportunidades de inversión para empresas nacionales y extranjeras son enormes, no sólo en el sector energético, sino también en muchas otras áreas de negocio que se encuentran íntimamente relacionadas con el sector energético. La necesidad de explorar adecuadamente y aprovechar los enormes recursos de México, prevé inversiones en infraestructura (carreteras, ferrocarriles, ductos, puertos, hospitales, telecomunicaciones, etcétera), en la industria de la hospitalidad, inmobiliario y, en general, en todos los servicios que rodean a la industria.   Las novedades La reforma energética abre oportunidades de inversión en el sector del petróleo y gas en México –upstream (exploración y producción), midstream (transporte)y downstream (refinamiento del petróleo crudo y procesamiento y purificación del gas natural) y electricidad–. Todas las áreas en la cadena de valor del sector de hidrocarburos serán abiertas a la inversión. Es decir, Pemex podrá unir esfuerzos asociándose con el sector privado en sus actividades, e inclusive competirá con otras compañías privadas en futuras rondas de contratos. De igual manera, las compañías petroleras podrán celebrar contratos de producción compartida (CPC), de utilidad compartida y de licencia, que les permitirán ser propietarios de la producción (no de las reservas) en el caso de licencias y CPC. Asimismo, las compañías petroleras que celebren contratos de exploración y extracción podrán reportar sus intereses económicos en los contratos, en la medida que sea claro que las reservas pertenecen al Estado mexicano. Uno de los grandes cambios son las nuevas reglas que aplicarán en los sectores midstream y downstream, que son las siguientes:
  • Reglas de acceso abierto y regulación de precios y tarifas. Se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), operador de la red de ductos.
  • Se establece una nueva estructura del mercado eléctrico. La generación y comercialización de electricidad dejan de ser áreas exclusivas del Estado.
  • La transmisión y distribución permanecerá en control del Estado (a través de la CFE y otras empresas productivas del Estado).
  • Entidades privadas podrán participar en dichas actividades como contratistas. Se crea un operador de la red eléctrica, Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
  • Se impondrán obligaciones renovables, creando un mercado de certificados de energías limpias.
  • Una nueva Ley de Energía Geotérmica se crea, prevista para desbloquear el potencial geotérmico de México.
  • La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convertirá en un competidor en el mercado abierto.
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