La Cámara baja aprobó la derogación de las normas de etiquetado del país de origen en las carnes de vacuno, cerdo y ave.   Reuters La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el miércoles una legislación que derogaría las leyes de etiquetado de carne, que eran ampliamente respaldadas por grupos de consumidores locales, tras perder una batalla con Canadá y México que podría exponer a Washington a sanciones comerciales por 3.000 millones de dólares. La Cámara baja aprobó, por 300 votos a favor y 131 en contra, la derogación de las normas de etiquetado del país de origen en las carnes de vacuno, cerdo y ave, después de que la Organización Mundial de Comercio decidió que discriminan a los productos importados. Si las leyes no son revocadas, Estados Unidos podría enfrentar costosas represalias de sus más cercanos socios comerciales. Canadá quiere imponer cerca de 3,000 millones de dólares canadienses (2,400 millones de dólares) en sanciones a las importaciones estadounidenses, mientras que México busca represalias por unos 653 millones de dólares. Grupos de negocios instaron al Senado para que actúe rápidamente para derogar la ley. El presidente el Comité de Agricultura del Senado, Pat Roberts, dijo que seguirá recibiendo sugerencias de sus colegas, aunque la derogación es la mejor opción. “Podemos sentarnos aquí y permitir que esto ocurra. O podemos actuar. Actuemos”, dijo en un comunicado. Algunas de las mayores compañías de alimentos y bebidas de Estados Unidos, incluidas Pepsico Inc, Tyson Foods Inc, la filial local de Nestlé, Coca-Cola Co, Anheuser-Busch y Kraft Foods, escribieron esta semana a los legisladores instándolos a respaldar la derogación. Bajo las normas, las carnes en el país tienen etiquetas como “Nacido, criado y sacrificado en Estados Unidos”, las que se comparan con otras como, “Nacido en México, criado y sacrificado en Estados Unidos”. El etiquetado de carne se volvió obligatorio en Estados Unidos en marzo del 2009, después de años de debate. Grupos de consumidores y agricultores locales respaldaron la decisión, diciendo que los consumidores deberían tener información para poder distinguir entre los productos nacionales y extranjeros.

 

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