- Diversificar los activos en poder de las instituciones financieras y distribuir los riesgos de manera más eficiente.
- Reducir la concentración en el sistema financiero, al brindar a los bancos oportunidades de conceder préstamos de manera rentable en el sector de las Pymes para aumentar su participación en los mercados financieros.
- Tomar mayor ventaja de los activos líquidos como garantía, especialmente las cuentas por cobrar.
- Aumentar la competencia respecto de los servicios financieros, al permitir que las instituciones no bancarias ofrezcan préstamos con garantía.
- Incrementar la capacidad de los organismos reguladores para analizar los riesgos de cartera, en consonancia con enfoques normalizados y modelos internos de calificación de riesgos.
Garantías mobiliarias, una ruta para la inclusión financiera
Si bien los terrenos se aceptan generalmente como garantías (hipotecas), el uso de garantías sobre bienes muebles comienza a ser una opción viable para obtener crédito.
Por Mauren Devolder*
Si entendemos la inclusión financiera como la capacidad de acceso y uso de servicios financieros bajo un esquema regulatorio orientado a proteger al consumidor y mejorar su economía, México, un país con una población de alrededor de 120 millones habitantes y un territorio cerca de dos millones de kilómetros cuadrados, ha registrado varios avances en años recientes. No obstante, aún existen tareas pendientes que realizar.
Los números hablan por sí mismos: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada a finales de 2015, sólo el 44% de los adultos mexicanos posee una cuenta bancaria, el 22.1% un crédito, el 18.9% un seguro y el 31.3% una cuenta de ahorro para el retiro. Se observan rezagos significativos a nivel estatal y en el sur del país en términos de infraestructura financiera y oferta de servicios financieros. En los municipios rurales menores a 5 mil habitantes, sólo el 8% de la población cuenta con acceso a una sucursal.
De manera alentadora, México ha implementado una serie de cambios que permiten ser optimistas. En 2014, el gobierno mexicano aprobó una reforma general para contribuir a impulsar la competencia y estabilidad del sector financiero, requisito sine qua non para impulsar servicios en sectores más populares. Asimismo, el gobierno presentó hace unos meses la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, un proyecto cuyo objetivo es acelerar la penetración financiera. De acuerdo con estimaciones del Grupo Banco Mundial, la ampliación de esfuerzos podría añadir al sistema financiero formal 35 millones de personas que actualmente ahorran o realizan pagos fuera del mismo. La tecnología también juega un papel clave: la digitalización de las transferencias en efectivo de tipo Gobierno a Persona (G2P) puede contribuir a que 6 millones de personas que hoy reciben transferencias gubernamentales o salarios en efectivo lo hagan de manera electrónica.
Apoyo del Grupo Banco Mundial
A diferencia de las personas físicas, la capacidad de los negocios de tomar decisiones financieras optimas y utilizar productos financieros es crucial para la inclusión financiera. El principal problema en este sentido es conceder acceso financiero adecuado a aquellas entidades que están fuera del alcance del sector financiero tradicional. La banca de desarrollo puede jugar un papel importante en los esfuerzos para resolver este problema. De igual forma, el Grupo Banco Mundial cuenta con varios proyectos activos en México destinados a fortalecer la supervisión del sector financiero, fomentar el crédito y ampliar la inclusión financiera.
El Proyecto de Inclusión Financiera y Consolidación del Sector de Ahorro y Crédito, por ejemplo, busca mejorar y ampliar el desempeño de las instituciones crediticias y de ahorro del país, en especial en las áreas marginales de 1,250 municipios. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, este proyecto se enfoca a mujeres e indígenas de áreas rurales. Otro programa que vale la pena mencionar es el Proyecto de Expansión de Finanzas Rurales, el cual busca ampliar el acceso al crédito entre micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Con un presupuesto de 400 millones de dólares, se espera que este proyecto de financiamiento rural sostenible alcance a más de 41,000 Mipymes (el 60% de las cuales estarían dirigidas por mujeres).
Al mismo tiempo, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Grupo Banco Mundial orientado al apoyo del sector privado, promueve la inclusión financiera a través de varias iniciativas. En temas microfinancieros, IFC impulsó el desarrollo de Compartamos, la mayor institución microfinanciera de México (casi 2.8 millones de clientes, al día de hoy), la consolidación de Progresemos, una institución con alrededor de 33,000 clientes, y el avance de CAMESA, que brinda créditos a más de 370,000 microemprendedores.
En el área de tecnología financiera (Fintech), IFC también está presente en el mercado mexicano, sobre todo en áreas como préstamos P2P (Afluenta), préstamos en línea (Kreditech) e infraestructura de pagos. De igual forma, IFC está en discusiones con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) para asesorar a instituciones microfinancieras en la adopción de servicios digitales.
Además, IFC ha unido esfuerzos en 2016 con la Secretaría de Economía para lanzar un proyecto para promover la inclusión financiera de las Pymes a través el uso de bienes muebles como garantías para la adquisición de un préstamo; es decir, mediante “transacciones con garantías mobiliarias”.
Garantías mobiliarias
¿Qué son exactamente las “transacciones con garantías mobiliarias”? La expresión se refiere a las operaciones de crédito en las que el acreedor adquiere un derecho sobre un bien mueble del deudor (“garantía”) para respaldar un préstamo o una obligación de deuda. Bajo conceptos tradicionales, el derecho real creado sobre un bien mueble también se denomina “garantía prendaria”, “prenda” o “gravamen”.
Las garantías facilitan el crédito al reducir la posibilidad de que los prestamistas sufran pérdidas ocasionadas por incumplimientos en el pago de los préstamos. Si bien los terrenos y los edificios se aceptan generalmente como garantía (hipotecas), el uso de garantías sobre bienes muebles (por ejemplo, inventarios, cuentas por cobrar, ganado, cultivos, equipos y maquinarias) se han visto limitadas por sistemas, leyes y registros inefectivos sobre garantías mobiliarias. Por consiguiente, un marco de garantías mobiliarias moderno permite a las empresas aprovechar la mayor parte de sus activos para obtener préstamos destinados al crecimiento. Muchas veces estos activos son los únicos recursos que una Pyme puede ofrecer como garantía. El beneficio no se limita al negocio, sino que se desdobla en un efecto sistémico: al promover la obtención de crédito para Pymes, las garantías mobiliarias contribuyen a la solidez financiera de las naciones que fomentan su uso. Esto permite: