La paraestatal petrolera iniciará un proceso legal contra la ex concesionaria española por excedentes en los pagos a directivos, mientras llega la indemización por la confiscación.
Retuers
La argentina YPF anunció el viernes que demandará a directivos de su ex controladora Repsol por el supuesto pago a ejecutivos de compensaciones mayores a las autorizadas, lo cual para el grupo español es parte de una maniobra de distracción cuando aún espera una indemnización por la expropiación de la petrolera.
Una asamblea de accionistas de YPF aprobó autorizar una acción judicial contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y contra el equipo que lideraba cuando estaba la frente de la petrolera nacionalizada, por presuntamente haber permitido entre 2003 y 2011 pagos de unos 38 millones de dólares a directores sin contar con el aval de la junta.
“Se decidió promover una acción de responsabilidad, por el pago de honorarios a directores por cifras mayores a las autorizadas por la Asamblea de accionistas en años anteriores, contra el ex presidente de la petrolera argentina y actual presidente de Repsol, Antonio Brufau, y/o contra los restantes directores que hubieran percibido tales honorarios”, dijo YPF en una nota.
En Madrid, Brufau aseguró que la amenaza de una demanda busca quitar el foco sobre los problemas de YPF, que batalla para frenar una caída en su producción de hidrocarburos, y explicó que no quiere recuperar la petrolera argentina sino recibir un precio justo por la participación que le expropió el Gobierno del país sudamericano.
Argentina expropió en mayo del año pasado el 51% de YPF en manos de Repsol, argumentando que la petrolera no había realizado las inversiones necesarias para evitar la caída de la producción de crudo y gas natural que obligó al país a hacer millonarias importaciones energéticas.
“No pretendemos recuperar el activo, simplemente que se nos pague un activo que era nuestro y estaba metido en la propia esencia de la compañía”, dijo Brufau en la junta general de accionistas del grupo en Madrid, donde recalcó que la compañía busca un precio justo por la participación expropiada.
Además rechazó la acusación de YPF, argumentando que siempre cumplió con las leyes y regulaciones argentinas, y amenazó con tomar acciones legales.
Antes de que se conociera la nota oficial de YPF, Brufau había revelado que la autorizada acción legal de la petrolera argentina pretende alcanzar a todo el equipo directivo y no sólo a su persona.
La asamblea de YPF aprobó autorizar la demanda luego de una auditoría solicitada por los accionistas mayoritarios que representan al Estado.
Repsol aún posee un 12% de YPF.
“La acción de responsabilidad reclamará a Brufau personalmente los daños y perjuicios causados a la empresa nacionalizada y se estima que la demanda superará los 200 millones de pesos”, dijo un comunicado del Gobierno argentino.
Brufau, por su parte, indicó que “verán en la prensa que han puesto una demanda o una reclamación de carácter civil contra el presidente y con los que han tenido que ver con esta situación”.
“La posición de Repsol y de YPF histórica y de siempre es que lo que tiene que aprobar la asamblea general de YPF es las dietas y los honorarios del consejo de administración pero no los sueldos del equipo directivo que forma parte de este consejo de administración. Esto viene amparado por legislación, viene amparado por informes de abogados, viene amparado por los auditores”, agregó.
Compensación
Aunque la ley de nacionalización lo establecía, Argentina aún no compensó a Repsol por la confiscación de su participación mayoritaria en YPF, que suponía más de un tercio de la producción de Repsol antes de la expropiación.
Brufau, que mostró su agradecimiento explícito a las autoridades españolas por su apoyo en el conflicto con el país sudamericano, dejó claro que cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno de Cristina Fernández se encuentra en un horizonte a “muy, muy largo plazo”.
Después del enfrentamiento frontal de los primeros meses en los que la petrolera no parecía muy dispuesta a negociar, Repsol ha variado ligeramente el rumbo y ahora quiere hacer valer la máxima del mundo de los abogados: “Mejor un mal acuerdo que un buen juicio”.
Sin embargo, la petrolera española continúa con una dura denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde reclamó una compensación inicial de alrededor de 10,500 millones de dólares, pero los procedimientos de este tribunal tardan un promedio de entre tres y cuatro años en solucionarse.
