El predio de 500 hectáreas donde se estaba construyendo el proyecto, en la ex hacienda de Las Vegas, se encuentra en predio El Tucán, considerado territorio forestal.   La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) anunció la clausura del proyecto comercial y de vivienda Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo, por falta de autorizaciones en cambio de uso de suelo. En conferencia de prensa, el vocero de Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dijo que este proyecto tiene “un impacto ambiental negativo” demostrado por la Profepa, pues en dicha construcción se violaron diversas leyes de protección al medio ambiente. El predio de 500 hectáreas donde se estaba construyendo el proyecto, en la ex hacienda de Las Vegas, se encuentra en predio El Tucán, considerado territorio forestal. “A la fecha, como se aprecia en las cartas del Inegi, puede demostrarse que los terrenos tienen un amplia zona forestal”, señaló el titular de la Profepa, Guillermo Haro. En abril de 2013, la Cámara de Senadores solicitó a la Profepa sobre la construcción del proyecto, además de recibir nueve denuncias de grupos ambientalistas. El proyecto Dragon Mart se ubicado en el kilómetro 333 de la carretera Chetumal-Cancun, municipio de Benito Juarez (Cancún), Quintana Roo. La infraestructura del proyecto consiste en 722 viviendas, 20 naves comerciales y 3,000 locales. Guillermo Haro dijo que desde agosto de 2014, el proyecto estaba “virtualmente parado” porque la constructora buscó un recurso de amparo contra la suspensión de actividades de la Profepa. Agregó que se impusieron multas por cerca de 22 millones de pesos (mdp) para resarcir los daños ambientales y para la conservación de las áreas no afectadas. El proyecto Dragon Mart, pensado como un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar un Centro Internacional de Negocios para la exhibición y venta de mercancías de comercio exterior. Dragon Mart, con inversión en su mayoría mexicana, obtuvo permisos a finales de 2012. Varias organizaciones ambientales y cámaras industriales se opusieron al proyecto argumentando daños económicos, sociales y al medio ambiente.  

 

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