En una demanda colectiva contra la institución financiera y la Bolsa de Metales de Londres, se les acusa de conductas anticompetitivas para aumentar el precio del metal; ambas instituciones rechazaron los cargos.   Reuters WASHINGTON  – Una demanda colectiva en Estados Unidos por un presunto acuerdo ilegal para inflar los precios del aluminio podría ser solo el inicio del ataque judicial de los compradores del metal contra dueños de almacenes como Goldman Sachs Group Inc, dijeron abogados con experiencia en casos antimonopolio. Goldman, otros propietarios de depósitos y la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) fueron nombrados como acusados en la demanda presentada la semana pasada por presunta conducta anticompetitiva. Goldman y el dueño de LME, HKEx, dijeron que la demanda carecía de méritos y rechazaron las acusaciones. La demanda se ajusta a un patrón de acciones colectivas “de seguimiento” que suelen ser presentadas luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos u otra autoridad gubernamental abre una investigación, dijeron abogados. “La exposición antimonopolios no está limitada simplemente a los organismos gubernamentales, sino también a las entidades privadas de control”, señaló Daniel Sokol, quien escribe sobre competencia y legislación antimonopolios en la Universidad de Florida. La exposición es significativa, agregó Sokol, porque los daños por el arreglo de precios se han triplicado bajo la legislación estadounidense en caso de que un acusado sea hallado responsable. Los clientes y legisladores estadounidenses han acusado a Goldman y otros propietarios de almacenes de inflar artificialmente los tiempos de espera para incrementar las rentas y elevar los precios de los metales. Las críticas contra los bancos que tienen activos en materias primas y los comercializan se incrementaron luego de que el Departamento de Justicia inició lo que fuentes describieron como una investigación preliminar sobre la industria de almacenamiento de metales. Una acción colectiva tan veloz tras la revelación de una investigación del Gobierno tiene dos propósitos, según abogados: colocarse en una buena posición entre los muchos abogados que podrían presentar demandas y ubicarse en un lugar beneficioso en caso de que se filtre información sobre la investigación gubernamental. “El Departamento de Justicia tiene la costumbre de urgar y obtener información que de otro modo no estaría disponible”, dijo Daniel Crane, profesor de leyes en la Universidad de Michigan. Los demandantes privados como el que presentó la acción colectiva -el comprador de aluminio Superior Extrusion Inc- generalmente tienen recursos limitados para descubrir nueva información hasta que su demanda progrese. A diferencia del Gobierno, los demandantes privados no tienen las facultades para hacer citaciones. Expertos legales han dicho que el Departamento de Justicia iniciaría una investigación oficial sólo si descubría evidencia de verdaderas conductas monopólicas o de colusión. Por su parte, el ente regulador financiero de Gran Bretaña también está investigando el sistema de almacenamiento de la Bolsa de Metales de Londres.

 

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