La compañía  solicitó la intervención del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones como parte de una demanda contra la nación venezolana por expropiar sus plantas de producción.   Reuters   La productora mexicana de harina de maíz Gruma demandó a Venezuela ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por la expropiación de sus operaciones en el país  venezolano, tras tres años de fallidas negociaciones para conformar una empresa mixta, según informó el CIADI en su sitio de internet. En abril, Gruma continuaba operando sus 15 plantas en la nación sudamericana asociada con las autoridades venezolanas, mientras afinaba los términos de la nacionalización ordenada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2010 como parte de su revolución socialista. La solicitud en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue introducida el 6 de junio y aparece como “pendiente” y sin tribunal asignado hasta que el ente decida si la demanda procede. Venezuela se retiró el año pasado del CIADI, donde encara más de una veintena de casos por unos 45,000 millones de dólares, incluyendo gigantes petroleras como Exxon Mobil y ConocoPhillips, la siderúrgica Tenaris y el fabricante de envases de vidrio Owen Illinois. En su reporte de resultados del primer trimestre, Gruma dejó de consolidar las operaciones Molinos Nacionales (Monaca) y Derivados de Maíz Seleccionado (Demaseca) para adecuarse a los estándares internacionales de contabilidad tras asegurar que había sido “despojada” en enero del control de esos activos. Desde su nacionalización, el Gobierno venezolano insistió en que estaba dispuesto a conformar empresas mixtas con el gigante mexicano para impulsar la producción de harina de maíz y trigo, y paliar un severo brote de desabastecimiento de alimentos básicos que afecta a la nación caribeña. Las autoridades venezolanas no estaban disponibles para dar declaraciones al respecto y la empresa no respondió a un llamado para obtener información. Durante sus 14 años en el poder, Chávez impulsó un programa de estatizaciones masivas en los sectores estratégicos de la economía, como petróleo, electricidad, alimentos, banca y telecomunicaciones, que han dejado a su sucesor, Nicolás Maduro, un reguero de demandas en tribunales internacionales.

 

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