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Este texto se publicó originalmente el 6 de septiembre de 2016.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), aplicable a los pequeños comercios establecidos, condena a los propietarios de los negocios a convertirse en empresarios informales o desaparecer, así lo denunció Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). Las bebidas azucaradas y productos de alto contenido calórico han sido sujetas a impuestos especiales que han recaudado 79,811 millones de pesos entre enero y julio bajo el concepto de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios. Los cigarros, cervezas y bebidas saborizadas han sido los productos que más han contribuido en esta recaudación. Lee también: ¿Se aproxima la desaparición de las tienditas? “Las personas no dejan de consumir refresco, pero sí precarizan la compra de otros insumos para poder seguir comprando refrescos y cigarros. La gente se priva de distintos productos que les permiten mantenerse en la línea de bienestar, tal es el caso de los productos de limpieza personal o para el hogar. En el peor de los casos utilizan un producto pirata que pone en riesgo su salud”, advierte Rivera. Este panorama ha orillado a los propietarios de tiendas de abarrotes a recurrir a proveedores de mercancía a granel, que no siempre tienen procedencia legal. “Hay productos que las personas simplemente no dejan de comprar, cuesten lo que cuesten. El problema está en que antes las personas se llevaban más productos por el mismo dinero. Ahora ya no pueden surtir todo y recurren a la informalidad”. En conjunto con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Anpec elaboró una encuesta sobre el consumo en la población de menores recursos, el cual arrojó que 85.03% de los comerciantes considera que el IEPS ha encarecido ciertos productos y 9 de cada 10 consideran que el impuesto ha disminuido el volumen de ventas en sus locales, esto es un foco rojo para la Anpec, pues la venta de mercancía ilegal representa ganancias 70% mayores que los productos oficiales. Juan Pablo Archondo, responsable de Movilización y Articulación Territorial en Frente a la Pobreza explica que el bajo poder adquisitivo y el limitado flujo de efectivo hacen que la población acuda cada vez más a la informalidad e ilegalidad sustituyendo y sacrificando la calidad de su consumo incluso poniendo en riesgo su salud.   Fiscalización y desconfianza Para Cuauhtémoc Rivera, el requerimiento del cambio de régimen fiscal de Repecos a RIF implicó una señal de desconfianza. “Antes los impuestos se calculaban en función a lo que los comercios vendían, había confianza en la actividad tradicional de los tenderos, ahora se exige una contabilidad electrónica con la que no todos pueden cumplir. Ser formal para un pequeño negocio implica más que cumplir con el pago de un impuesto, implica seguridad porque en la parte de atrás de esas tiendas están las casas donde viven sus familias, ser formal es una forma de protegerse del alcance del crimen organizado que muchas veces les pide que vendan tal o cual mercancía o que oculten actividades ilegales”, señala. Sólo 40% de las 700,000 tiendas de abarrotes en el país ha adoptado el Régimen de Incorporación Fiscal. Dos de cada 10 empresarios del 60% restante han decidido no hacerlo y convertirse en informales. “Muchos consideran este cambio como riesgo para cerrar el negocio. Los principales factores que alejan al pequeño comerciante del gobierno son la desconfianzas, corrupción, desinformación, burocracia, ausencia de transparencia e impunidad”, concluye.

 

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