La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructura para lograr el éxito de las reformas estructurales representa una oportunidad sin precedente para las empresas privadas.   Por César Vargas Las necesidades de desarrollo de los países emergentes demandan grandes montos de inversión que los gobiernos no pueden cubrir en su totalidad. México no es la excepción. Una fórmula para lograr vencer la falta de recursos públicos y crear infraestructura son las Asociaciones Público Privadas (APP). Típicamente, una APP es un contrato de largo plazo entre una empresa particular y una entidad gubernamental orientado a proveer un servicio público, en el cual la compañía privada asume la mayor parte del riesgo y el manejo logístico de la operación. Las APP no sólo movilizan financiamiento privado –disminuyendo la presión para que los gobiernos realicen recortes a su presupuesto o recurran a deuda–, sino que también aportan el conocimiento gerencial y técnico asociado al sector privado. Bajo este contexto, en 2012 se alcanzó la mayor cifra de participación del sector privado en proyectos de infraestructura en la última década, con inversiones de 87,000 millones de dólares, un 50% más que el año anterior. Ese año, según cifras recopiladas en un estudio del Banco Mundial, se llevaron a cabo 78 nuevos proyectos de infraestructura en 12 países latinoamericanos, encabezados por Brasil, Chile y Perú, principalmente en cuatro sectores: energía, transporte, telecomunicaciones y saneamiento. El gobierno de México aprobó en 2012 la Ley de Asociaciones Público Privadas, que refleja el consenso claro entre los tomadores de decisiones respecto a la urgencia de impulsar el desarrollo con estas nuevas fórmulas de cooperación. La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, apoya a gobiernos municipales, estatales y nacionales en la implementación de mejoras a los servicios básicos como educación, electricidad, salud y vías de comunicación. Desde 2008, IFC México y Centroamérica ha participado en la planeación de varios proyectos de infraestructura bajo esquemas APP, desde su estructuración técnica, financiera y legal, acompañando durante el proceso de licitación hasta la adjudicación del contrato al consorcio ganador, en diversos sectores como salud, transporte urbano, residuos sólidos, distribución eléctrica y transportes, entre otros. México se encuentra en una importante coyuntura. Por una parte, es necesario aumentar significativamente las inversiones en infraestructura para lograr la exitosa implementación de las llamadas “reformas estructurales”; por otra, el país enfrenta importantes retos presupuestarios derivados de la caída en la producción y los precios del petróleo. Esto representa una oportunidad sin precedente para que las empresas privadas contribuyan a cerrar esta brecha de financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura. En los últimos años, varias empresas de construcción y operación de infraestructura en el país han tomado un papel más activo en materia de APP, al llevar hasta las dependencias federales y estatales propuestas para el desarrollo de proyectos conocidas como Propuestas No Solicitadas (PNS), que son reconocidas y reglamentadas en la ley. Dicho instrumento establece que los proyectos surgidos de PNS no estarán exentos de un proceso de licitación transparente, a la vez que reconoce el mérito de las empresas proponentes al permitir el otorgamiento de un premio en la evaluación de las propuestas por parte de la entidad contratante. Si bien las APP son una herramienta útil para cubrir la brecha de inversiones en infraestructura, cabe recalcar que no son una panacea, pues no todos los proyectos pueden ser desarrollados bajo este tipo de esquemas. El factor clave a considerar: una APP se justifica cuando las ganancias en eficiencia derivadas de la gestión privada compensan los costos incrementales de financiamiento privado. El Grupo Banco Mundial cuenta con un sitio llamado Public-Private Partnerships in Infrastructure Resource Center, que concentra información de este tipo de proyectos en 57 países. La información abarca desde estructuras básicas hasta ejemplos puntuales como bases de licitación genéricas y contratos en varios países. El sitio está abierto a todo aquel que esté interesado en buscar nuevas alternativas a los desafíos que enfrenta la región.
César Vargas es Oficial de Inversiones en el equipo de APP/Infraestructura de la Corporación Financiera Internacional (IFC).   Contacto: Correo: [email protected] Twitter: @IFC_LAC Facebook: IFC – International Finance Corporation Página web: IFC – International Finance Corporation   Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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