Por Sergio Negrete Cárdenas Durante junio, el gobierno federal anunciará –en forma inusual– un significativo incremento al salario mínimo. La única explicación para sustentarlo es política; económicamente será inútil, si hay suerte. De lo contrario, tendrá efectos negativos.   El aumento que viene En pocos días se aumentará de forma importante el salario mínimo. El anuncio por parte del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, ha sido reiterado: ya viene el aumento. Si no se hizo antes fue debido a las elecciones. Pero la razón es política y electoral. Quien puso el tema en la agenda nacional, desde 2014, fue Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino. Nada que ver con su gestión (el salario mínimo es tema federal), pero requería un tema que apoyara sus ambiciones presidenciales. No que eso le haya ayudado mucho electoralmente, como quedó demostrado en la reciente elección en la capital, pero siempre le da una excusa para evadirse de su gestión, y un pilar central para 2018. El gobierno federal (vía Navarrete) está apropiándose de esa agenda. Muchas personas dirían que no importa: es imperativo aumentar ese miserable salario, que asciende a 73.04 pesos diarios, de los más bajos del mundo. A primera vista ayudaría a decenas de millones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al primer trimestre de 2016, 7.9 millones de personas declararon que percibían un ingreso que, como máximo, equivalía a un salario mínimo. Esta cifra, de hecho, ha aumentado de manera notable: al primer trimestre de 2015 eran 6.7 millones. Esto es un aumento de 1.2 millones en un año. Considerando que muchos tienen familia, el potencial de mejora parece enorme.   Beneficiarios directos: menos de 10,000 El aumento, pues, parece urgente. Las revisiones a los mínimos son anuales, anunciadas en diciembre para arrancar con el año nuevo. Es probable que lo que se decrete este mes entre en vigor en julio. Nunca en la historia de México se había dado un aumento a los mínimos con la inflación en niveles tan bajos fuera de calendario. Pero el problema es que el inusual incremento no beneficiará, ni de lejos, a esos 7.9 millones. Esas personas declaraban percibir un ingreso (no necesariamente un salario) igual o inferior al mínimo. De ese total, más de la mitad, alrededor de 4.5 millones, trabajan por cuenta propia. Lo que el gobierno decrete no les afecta, literalmente, en lo más mínimo (pues no se pueden “subir” el sueldo). Del total original quedan 3.4 millones, pero de ellos unos 2.3 millones tampoco reciben un salario. Sí están empleados por un patrón, pero por su labor reciben pagos como son comisiones u honorarios, y, por ende, un aumento al mínimo tampoco les impactaría. Entonces quedan aproximadamente 1.1 millones, pero sucede que la tasa de informalidad en México ronda el 57%; así, más de la mitad de ese grupo es informal, y un aumento al mínimo tampoco se reflejaría en sus bolsillos. Los trabajadores que son plenamente legales y ganan hasta un salario mínimo ascienden, entonces, a más o menos medio millón (eso se puede verificar consultando los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social), pero al mes de abril en el IMSS había registrados ganando un salario mínimo sólo 9,587 trabajadores. De los 7.9 millones que se tenían, quedó 0.1% de esa cantidad. Además, es fácil imaginar que buena parte de esos pocos miles en realidad reciben mayores ingresos, sea de la propia empresa (fuera de nómina) o bien de otro empleo. En ese sentido, el cacareado aumento queda en tontería, más cuando los políticos se llenan la boca hablando de millones de beneficiados gracias, por supuesto, a su generosidad.   ¿Inflacionario o no? Pero puede decirse que el aumento –si bien directo sobre pocos miles– será muy importante porque “contagiará” a otras personas, sobre todo vía revisiones de contrato colectivo entre sindicatos y empresas. Esto es que si el mínimo se incrementa en más de 20% en los próximos días (lo que no es descartable, como se analizará más adelante) habrá muchos sindicatos que pedirán a sus empresas un aumento similar. La ironía es que ése, exactamente, es el peligro: un efecto contagio que lleve a aumentos salariales generalizados. En ese caso las empresas concederían el aumento, sí, pero subiendo los precios de sus productos o servicios para compensar. Es por ello que el efecto contagio provoca un impacto inflacionario. Y precisamente para evitar el contagio, el gobierno ha concedido moderados aumentos al salario mínimo durante décadas. Mancera y sus asesores aseguran que el contagio sería mínimo, y que por eso fortísimos aumentos no serían inflacionarios. Lo peculiar (y mintiendo) es que al mismo tiempo dicen que beneficiaría a millones de trabajadores. Navarrete Prida argumenta que ha acordado con sindicatos y empresarios evitar un contagio a otras revisiones salariales (implícitamente aceptando que dicho riesgo existe). Es posible que, efectivamente, su acción logre minimizar o anular el impacto. En semanas recientes se dijo que para evitar el contagio se iba a hablar del aumento en pesos (por ejemplo, subir el mínimo 17 pesos diarios, en lugar de 23.3%). Se dejó de argumentar así porque era una obvia estupidez (suponer que los líderes sindicales no saben calcular un porcentaje). De no haber contagio, por supuesto, el aumento será inútil. Esto es: o sirve para casi nadie o es inflacionario.   ¿Eliminando pobres de un plumazo? No se sabe qué sucederá, pero probablemente el gobierno procederá como si el aumento no fuese a ser inflacionario. Esto es que habría un incremento sustancial, porque de lo contrario todo el ejercicio parecería una burla, o sea, al menos en el terreno de los dos dígitos (arriba de 10%). Pero la tentación política de hacer algo rimbombante es enorme, y muy probablemente el aumento incluso sea de 17 pesos (23.3%), llevando al mínimo a 90.03 pesos diarios. Esto, porque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha estimado que la Línea de Bienestar (valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos) para una persona se encuentra ligeramente debajo de 90 pesos diarios. La última estimación detallada de la pobreza en México la realizó Coneval con datos de 2014. El Consejo define a una persona como pobre cuando no tiene ingreso suficiente y además tiene por lo menos una carencia social (de un total de seis, entre éstas acceso a servicios de salud y servicios básicos en la vivienda). Suponiendo que una persona no enfrenta carencias sociales pero su ingreso no llega a la Línea de Bienestar, entonces es “vulnerable por ingresos”. Esas personas no son clasificadas como “no pobres”, y Coneval estimó que en 2014 representaban 8.5 millones. Es factible estimar que ahora rondan los nueve millones. Si el salario mínimo se aumentara a 90 pesos, el gobierno podría argumentar que pasó (de golpe) a nueve millones de la categoría de “vulnerables por ingreso” a “no pobres y no vulnerables”. Pero realmente el aumento sólo beneficiaría de manera directa a menos de 10,000 personas. Por algo decía Mark Twain que había mentiras, grandes mentiras, y las estadísticas. La moneda está en el aire: ¿aumento inútil, aunque con millones dejando de estar oficialmente al borde de la pobreza, o inflación? Si Navarrete Prida no logra cumplir sus acuerdos con sindicatos y patrones, vendría un impacto en los precios. En ese caso, el Banco de México probablemente aumentaría la tasa de interés, lo que tendría un impacto recesivo. En ese sentido, el cacareado aumento será inútil o negativo para la economía mexicana, pero a los políticos les encanta jugar a los Reyes Magos. En esta ocasión, el aumento no será en enero, sino en pocos días.
Sergio Negrete Cárdenas es Doctor en Economía. Profesor-Investigador del ITESO. Investigador Asociado del CEEY. Ex funcionario del FMI.   Contacto: Correo: [email protected] Twitter: @econokafka Twitter: @ceeymx Facebook: ceeymx Página web: CEEY   Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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