La ‘receta’ para una reforma fiscal equitativa

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El gobierno federal prometió una iniciativa de reforma que haga al sistema tributario más justo y que aumente la recaudación. Aquí algunos de los elementos que debería contener.

 

Desde que tomó posesión, el presidente Enrique Peña Nieto prometió una reforma hacendaria integral. Faltan pocos días para conocerla, pues será presentada el 8 de septiembre, junto con el Paquete Económico 2014.

El mandatario adelantó en su Primer Informe de Gobierno que el proyecto “fortalecerá la capacidad financiera de los tres órdenes de gobierno, consolidará la estabilidad y el crecimiento económico y simplificará el sistema fiscal”.

Pero, ¿cuáles son los ingredientes que harían una reforma fiscal integral? Especialistas coinciden en que, además de los cambios legales, el gobierno puede realizar otras acciones.

 

1. Régimen progresivo

La semana pasada, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que el actual sistema fiscal del país es “inequitativo”, y que uno de los aspectos en los que se enfocará la reforma hacendaria será incrementar la progresividad en el sistema impositivo.

“Tradicionalmente, lo que se entiende por progresividad es que cualitativamente las personas de mayores ingresos paguen más que las personas de menores ingresos”, explica Alil Álvarez Alcalá, socia del despacho Revilla y Álvarez Alcalá.

Para lograr esto, se tendría que estirar la tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de acuerdo al nivel de ingresos de las personas, considera Luis Pérez de Acha, doctor en Derecho y fundador de PDeA Abogados.

“Yo creo que tendría que estirarse la tarifa para efectos de que las personas con medianos ingresos paguen una tasa mediana, los de altos paguen una tasa alta, los de bajos ingresos una tasa baja y los de mínimos ingresos que no paguen el ISR. Eso sería lo justo”, considera.

 

2. Dejar de premiar al que no pague

Otro punto para avanzar en la equidad del sistema tributario sería la eliminación de los programas de condonación de créditos fiscales.

Este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el programa “Ponte al Corriente”, en el que 12,000 créditos fiscales, estimados en 496,000 millones de pesos, podían ser regularizados. El esquema permitió condonar hasta el 80% del monto, más la exención en las multas, recargos y gastos de ejecución.

“México es de los pocos países en los que los programas de perdón dejan peor al que pagó. En muchos países, estos programas de condonación sólo se refieren a las sanciones y a las multas criminales o penales, mientras que en México implica que te ahorres el impuesto mismo. Eso es totalmente indeseable”, indica Alil Álvarez.

 

3. Fin de privilegios

Otro de los elementos que necesitaría una reforma fiscal equitativa sería la eliminación de los regímenes especiales, que permite a muchos contribuyentes, en especial a los más grandes, consolidar el pago de sus impuestos.

“Lo saludable es que los regímenes especiales se eliminaran para tener una normativa fiscal que fuera mucho más transparente y más amplia. Las exenciones, tal y como están ahorita, favorecen que muchos contribuyentes aprovechen justamente los espacios de la ley y disminuya la recaudación”, comenta Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

De acuerdo con el informe de Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación,  del billón 123,000 millones de pesos (mdp) que se recaudaron de grandes grupos empresariales, se reintegraron 174,228 mdp.

 

4. Fin de la tasa cero al IVA

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México sólo recauda el 30% de su potencial en IVA y su nivel de recaudación con respecto al PIB es de 3.9%, el más bajo de todos los países que integran la OCDE. El organismo recomienda eliminar la tasa cero en alimentos y medicinas.

“Los impuestos al consumo son regresivos porque como porcentaje de ingreso el que gana menos gasta más en consumo. Reconociendo esta regresividad, algunos países eligen dar tasa cero en alimentos y medicinas. Eso es lo que se decidió hacer en México, pero sólo es una forma de contrarrestar la regresividad. También se puede contrarrestar mediante gasto público a través de programas sociales”, dice Alil Álvarez.

Pero comenzar a gravar estos productos en el actual panorama económico, en el que el país se encuentra en una fase de desaceleración, podría ser contraproducente, considera Leticia Armenta, del Tec.

“A mi juicio, dado el entorno macroeconómico, con el bajo crecimiento del 2013 ,sería un error en este momento elevar las tasas impositivas, ya sea IVA o ISR, porque va a provocar un freno al crecimiento económico. La reforma tendría que orientarse hacia ampliar la base gravable”.

 

5. ¿Y si se empieza por gastar mejor?

Además de recaudar más recursos, un sistema fiscal más equitativo debería concentrarse también en un ejercicio del gasto público más eficiente y transparente.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los gastos para pagar servicios personales (sueldos y salarios) de dependencias y entidades, así como  aportaciones a entidades y municipios, pasó de 510,651 mdp en 2006 a 861,400 mdp en 2011, 41% más, de acuerdo con registros de la SHCP.

En transparencia, la mayoría de los programas públicos federales padece de opacidad. Según el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2012 (INDEP), elaborado por la asociación civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), 74 de los 163 programas evaluados presentan graves problemas de opacidad que impiden su evaluación.

A estos 74 programas se les dio un presupuesto de 153,000 mdp, casi 40% del total para los 163. Entre los programas opacos se encuentran Procampo; Prevención y Manejo de Riesgos (de la Sagarpa), y el programa de becas de la SEP.

“Lo que se demuestra es que el gasto público sigue siendo ineficiente, opaco y corrupto, y en últimas fechas se ha agravado en el tema de estados y municipios. Se pagan impuestos por un Estado que sea eficiente en el gasto público, que sea transparente y honesto. Si el gasto público no cumple con esas condiciones, se pierde toda razonalidad tributaria”, resalta Luis Pérez de Acha.