Ley anticorrupción, clave para reformas viables

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La necesidad del cambio es demasiado apremiante como para que esperemos aprender de nuestros propios tropiezos. México debe aprender en cabeza ajena de países que han hecho un gran trabajo anticorrupción.

 

 

Por Emmanuel Escobar, BRIC.

 

 

Una de las primeras promesas que se hicieron escuchar el año pasado por parte del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto fue la creación de un plan anticorrupción a través de la Reforma de los artículos 21, 73, 102, 108, 109 y 116 constitucionales y de la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.

Hoy, a casi siete meses del inicio de su gestión, dicho plan no ha pasado de ser un proyecto guardado en el congelador ya que, a pesar de ser fundamental para la creación de las nuevas comisiones e institutos, entre los que cabe mencionar al Ifetel, nadie ha movido un dedo para sacarlo adelante.

En el contexto del Pacto por México, tanto el PAN como el PRD aplaudieron la iniciativa del primer mandatario, pero sin dejar de expresar su inconformidad al notar que la nueva Comisión no tendría las facultades jurídicas para impartir justicia en todos los casos, por ello cada uno en su tiempo, el PRD en noviembre del año pasado y el PAN en abril de este año, presentaron sus propios proyectos de agencia y sistema anticorrupción, respectivamente.

Estos dos partidos políticos buscan que el organismo que sea creado no sólo atienda alertas de corrupción, sino que también cuente con un amplio poder jurídico que respalde su autonomía y capacidad de procesar los delitos en materia de soborno y deshonestidad, tanto en funcionarios públicos como en particulares.

Todo esto parece ser positivo en cuanto a que las condiciones se presentan favorables para que las reformas se lleven a cabo y, al tiempo que la Comisión Nacional Anticorrupción gozará de autonomía operativa y presupuestaria, los comisionados serán propuestos por el ejecutivo y aprobados por el Senado, existiendo de esta manera una posible pluralidad en la formación de este organismo. Ya veremos qué de todo esto se aprueba en el periodo extraordinario que viene.

En otros términos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que no existe una solución universal contra la corrupción, por lo que no se puede esperar que la creación de la comisión resuelva per se todos los problemas de esta índole que enfrenta el país.

La corrupción es uno de los principales temas que aquejan a nuestra nación. A finales del 2012, México fue clasificado en la posición 22 de los 31 países evaluados en América como menos corruptos por Transparencia Internacional, lo que nos dice que tenemos un gran camino por avanzar, pero si, como dice la OCDE, no basta un organismo autónomo para acabar con la corrupción, ¿a qué medidas se puede acudir?

Quizá una de las mejores alternativas será recurrir a la experiencia internacional, ya que diversos países han elaborado estrategias para combatir a la corrupción; además, la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con una Convención contra la Corrupción propia que muchos países siguen, como Estados Unidos y Canadá.

Dicha convención, por cierto, no sólo fue elaborada para los gobiernos de los países sino para todas aquellas instituciones o empresas que quieran desarraigar en sí las prácticas de deshonestidad en su interior.

Tal vez México deberá implementar pronto planes de acción en los ámbitos particulares y privados que permitan enfrentar la corrupción que nos ha aquejado durante tanto tiempo y, para ello, la mejor alternativa será apoyarse en la experiencia internacional resguardada en las convenciones internacionales.

La necesidad del cambio es demasiado apremiante como para que esperemos aprender de nuestros propios tropiezos, del ensayo y el error. La transformación que México necesita le exige aprender en cabeza ajena de aquellos que han logrado aislar y casi erradicar por completo las prácticas desleales, tanto en las empresas privadas como en el gobierno y las instituciones públicas. Es necesario tomar lecciones de quienes han sabido avanzar a la meta.

Esperemos que parte del Plan contra la corrupción del Ejecutivo contemple la participación de instituciones y organismos que cuenten con experiencia en responsabilidad social, lo mismo que en facilitar los conocimientos necesarios a los miembros de las instituciones que se desea reformar para que la lucha abarque los aspectos preventivos y reformatorios por igual.