Una deuda galopante, enrarecido clima de inseguridad, bajísimo poder adquisitivo, caída de capitales… Eso y más recibirá Jaime Rodríguez. Su gestión, entonces, estará marcada por los retos presupuestales y la inyección a la baja de las participaciones federales.   Por José Miguel Moreno Si hay algo que des­tacar de las elec­ciones interme­dias en México el pasado 7 de junio es que ni el PRI ni el PAN gobiernan en los tres grandes polos de poder, riqueza, educación, desarrollo e influencia del país: la Ciudad de México, Guadalaja­ra y el estado de Nuevo León. En Nuevo León, la tercera entidad con mayor peso en la economía mexicana, gobernará un candidato independiente: Jaime Ro­dríguez Calderón El Bronco. De los tres enclaves, el que emerge con más poder es Jaime Rodríguez, quien puede utilizar la gubernatura como plataforma para expandir la “broncomanía” de la mano de su álter ego, Fernando Elizondo. Sin embargo, no será un trabajo fácil, ya que los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, donde se concentra 85% de la población de Nuevo León, están en manos de sus enemigos políticos: el PRI y el PAN, y lo mismo sucede en el Congreso local. Además, la economía del estado, altamente endeudada tras una gestión muy criticada de su predecesor, Rodrigo Medina, también le limitará el margen de maniobra. Y eso es verdad. En términos de crecimiento, la economía de Nuevo León sigue brillando pese a la oleada de inseguridad y violencia que sacude al estado. En un ranking elaborado por el Instituto de Economía y Paz, un organismo internacional que ela­bora estudios sobre el fenómeno de la violencia, Nuevo León pasó de ser el cuarto estado más seguro en 2004 al número 27 en 2011. Especialmente horrendo fue el periodo de 2009 a 2011, cuando brincó del puesto 9 al 27. En 2012 se ubicó en el 26 y en los dos últimos años ha mejorado al sitio número 18. Pero la economía de Nuevo León en el periodo de 2009 a 2014 creció a una tasa promedio de 2.9%, por encima de la media nacional (2.0%). Y este comportamiento no se explica sólo por su cercanía a Estados Unidos y el auge de las exportaciones asocia­do a la recuperación del vecino del norte. Nuevo León es el quinto estado que más exporta al acaparar 7.9% de las ventas totales al exterior, por detrás de Chihuahua (13.3), Coahuila (10), Baja California (9.8) y Cam­peche (8.2). Aunque esas entidades registraron un crecimiento menor que Nuevo León, con excepción de Coahuila (+3.2%). De hecho, entre 2003 y 2013 Nuevo León fue el estado que ganó más peso en la economía mexicana, incrementán­dolo en casi un punto porcen­tual. Si en 2003 representaba 6.4% del PIB de México, en 2013 elevó su contribución a la economía hasta 7.3%, siendo la tercera entidad de mayor tamaño, sólo detrás de la Ciu­dad de México (17.1%) y del Estado de México (9.1). Pese a ser el tercer estado que más contribuye al PIB de México, su población representa 4.1% del total del país, siendo la octava entidad más habitada. El rubro industrial también tuvo un comportamiento más dinámico que el promedio nacional: el sector secundario aumentó 2.5% entre 2009 y 2014, sustancialmente por encima del 1.0% del país. En concre­to, el componente de manufactura se expandió un sólido 4.2% en ese periodo, en contraste con un 2.3% del total nacional. Pero no todo fueron parabienes: la construcción durante el actual sexenio se estancó y la minería se contrajo 1.6%. El sector terciario de Nuevo León aumentó 3.2%, compara­do con 2.6% a nivel nacional. Si la economía, en apariencia, marcha bien, o al menos mejor de lo que se observa a nivel nacional, ¿por qué entonces los votantes de Nuevo León quisieron terminar con el bipartidismo que ha gobernado la región, alternándose gobiernos del pri y el pan, y se ha decantado por un candidato independiente como Jaime Rodríguez? Su eje de campaña, basado en me­jorar la seguridad, sanear las finanzas públicas y generar crecimiento y em­pleo para combatir la pobreza, explica algunos de los déficits de la adminis­tración de Rodrigo Medina. grafico_1_medina El estado de la casa El tema de la seguridad, tan vincu­lado con el desempeño económico, sigue siendo un asunto pendiente, y El Bronco pretende reconducir los índices de paz a los observados antes de 2009. En ese sentido, el Instituto de Economía y Paz otorga a Nuevo León la peor calificación de todo el país en lo que se refiere a crimen organizado. Mejorar esa calificación será todo un reto. En 2014, el organismo estimó en algo más de 100,000 millones de pesos (mdp) el impacto económico de la violencia en la entidad, o en torno a 9% del PIB de la región, medido tanto en costos directos (gasto en policía, sistema judicial, seguros y medidas de seguridad privada) como indirectos (gastos como resultado de homicidios, ayuda a las familias de las víctimas y sentimiento de miedo que les hace permanecer en casa, con el impacto negativo que tiene sobre el consumo privado). El pico de ese impacto se alcanzó en 2011, cuando se elevó a 19% del PIB. Además, la percepción de insegu­ridad puede haber pasado factura a la Inversión Extranjera Directa (IED). Desde 1999 hasta 2008, Nuevo León fue consistentemente la segunda entidad con mayor nivel de IED por detrás de la Ciudad de México. Pero a partir de 2009 ha tenido que competir con otras entidades. El resultado fue que este sexenio, entre 2009 y 2014, obtuvo una IED por 10,511 mdd, o 7% del total. Eso implica una sustancial pérdida respecto al periodo previo, de 2003 a 2008, cuando recibió 15,280 mdd, o 10.2% del total (un retroceso de 3.2 puntos porcentuales). Por el contra­rio, Querétaro, Durango, Guanajuato, Puebla y Aguascalientes han ido robando atractivo a Nuevo León. Otro estado que arrebató cuota a Nuevo León fue Jalisco, con todo y que ahí la percepción de inseguridad es también elevada. La capital del país, a pesar de haber perdido 1.7 puntos porcentuales entre ambos periodos, siguió atrayen­do más de la mitad de la IED del país entre 2009 y 2014. El segundo gran asunto que enfrentará la nueva administración de Jaime Rodríguez será el de las finanzas públicas. Éste es acuciante y El Bronco no ha tardado, sin haber tomado aún posesión, en reunirse con el secretario de Hacienda, Luis Vide­garay, para tratar el tema de la deuda. El asunto es que la deuda ha crecido de manera vertiginosa: de 17,960 mdp en 2008, se elevó en 9,110 mdp al año siguiente para situarse en 27,070 mdp. A partir de ahí mantuvo un ritmo ascendente para alcanzar un saldo de 61,180 mdp al cierre de 2014, lo que representa un incremento acumulado, en términos nominales, de 240%. De este modo, la deuda con respecto al PIB de Nuevo León, que apenas representaba 2.1% en 2008, un poco por encima de la media nacional de 1.7%, se disparó a 5.2% al final de 2014, muy superior al 3.1% del total de los estados del país. El asunto se ve mucho peor si se calcula la deuda en relación con las participaciones en ingresos federales: si en 2008 el ratio se ubicaba en 87.3%, en 2014 alcanza­ba 228%, la cuarta más alta del país por detrás de Quintana Roo (277.5), Coahuila (248.8) y Chihuahua (242). El problema no es sólo el crecimien­to del financiamiento que ha precisado para cubrir el déficit, sino el destino de los recursos. En 2013, los egresos se habían más que duplicado respec­to al nivel de 2009 y rondaban los 108,000 mdp. Pues bien, los recursos se destinaron funda­mentalmente a gasto corriente: el rubro de “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, el de mayor importancia al representar 44% del gasto total, casi se duplicó; en tanto el de servicios personales, que requiere un 13% de los recursos, aumentó en algo más de 50%. Y, sin embargo, la inversión pública, que es el componente al que se debería destinar la deuda con el fin de incentivar el crecimiento y poder amortizar los pasivos, se contrajo 67% y apenas representa 2% del gasto total. Los niveles de endeudamiento son tan elevados que en 2013 el servicio de la deuda ascendió a 27,580 mdp, y era el segundo rubro en importancia de los gastos del estado al destinar­se a este 25% de los recursos. Esa estructura del gasto ex­plica parte del comportamiento de la economía de Nuevo León: el estancamiento de la cons­trucción durante este sexenio, el menor atractivo del estado para atraer IED (junto con la inseguridad) y el relativo buen comportamiento del consumo privado: las ventas minoristas crecieron 4.4% durante el periodo 2009-2014, frente a un promedio nacional de 1.6%. grafico_2_medina Las piedras en el camino La tendencia insostenible de la deuda deja a Jaime Rodríguez con poco margen de maniobra para realizar obra pública; más, en un contexto de reducción de los ingresos debido a la caída del petróleo y la inevitable reducción de las participaciones federales. Asimismo, con los recursos limitados también enfrentará dificultades para resolver el último reto: el de la pobreza. Nuevo León siempre ha presumido de poseer los niveles más bajos de pobreza en México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro­llo Social (Coneval) en 2012, 23.2% de la población de la entidad vivía en la pobreza, lo que representa el menor porcentaje de cualquier entidad fede­rativa de México y se compara con un promedio nacional de 45.5%. Pero lo que preocupa no son tanto los niveles, sino la tendencia. Así se observa a la hora de exami­nar el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), que mide el porcentaje de personas que no pue­den adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral (cuanto mayor es el índice, mayor es el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica). En el segundo trimestre de 2007, dicho índice alcanzó su nivel más bajo para Nuevo León, con un valor de 0.5975. Sólo tenían mejores niveles Chihuahua (0.5873) y Baja California (0.5904). El promedio nacional se ubicaba en 0.8528. Pues bien, al final de 2013 (último dato disponible) Nuevo León parece otra entidad. Su índice itlp se ha incre­mentado 116% y se sitúa en 1.2878, siendo ahora el más elevado del país y por encima de la media nacional (1.0825), lo que significa un gran deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. En efecto: sorprendentemente, los trabajadores neoleoneses se echan menos pesos al bolsillo hoy de los que ganaban al inicio de 2007. En términos corrientes, el ingreso laboral per cápita al primer trimestre de 2014 es de 2,444.21 pe­sos, cuando en el mismo periodo de 2007 ingresaba 2,582.60 pesos. Eso supone una contracción del salario nominal de 5.4%, lo que representa el peor comportamiento salarial en México. Eso ha implicado un abrupto desplome del poder adqui­sitivo en la región: si lo deflactamos por la canasta básica; en términos reales, el salario se ha derrumbado 37.5%, al pasar de 3,147.12 pesos a 1,965.44 pesos. Es decir, Nuevo León ha pasado de poseer uno de los mejores ingresos per cápita real de la República en 2007, sólo superado por Baja California Sur, Baja Califor­nia y Quintana Roo, a poseer unos ingresos mediocres. La situación, dicho sea de paso, es catastrófica a nivel nacional: ninguna entidad federativa ha mejorado su capaci­dad adquisitiva entre 2007 y 2014. A nivel nacional, los ingresos per cápi­ta corriente han crecido 15.5%, pero en términos reales se han contraído 23.8%. Pero a ninguno le ha ido tan mal como a Nuevo León. En ese sentido, y pese a la relativa fortaleza de la economía de Nuevo León, el mercado laboral no ha recupe­rado los niveles previos a la crisis. En 2014, la tasa de desempleo promedió 5.2%, superior a la tasa observada para todo el país (4.8%) y sustancialmente por encima de los niveles observados antes de la crisis, cuando la tasa de desempleo rondaba el 4.4%. Por tanto, no se le presenta un pa­norama fácil a El Bronco. Tiene poco tiempo, y luchar contra la inseguridad y combatir el deterioro en el poder de compra de los trabajadores neoleone­ses requiere años y un buen puñado de recursos públicos para reorientar las políticas. Su herencia, entonces, son deudas y, como ya lo advirtió Luis Videragaray, menos ingresos estatales por concepto de participaciones debi­do a la caída del precio del petróleo.  

 

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