Sin instituciones fuertes, confiables y bien diseñadas, que sirvan de verdadero instrumento señalizador y coordinador de la actividad social, será imposible poner a México en un sendero de crecimiento económico vigoroso.
Por Marcelo Delajara
En las últimas semanas se publicaron los resultados para 2015 del Latinobarómetro y del Global Competitiveness Report. Ambos estudios dan a conocer la percepción sobre la situación de la corrupción en México, y coinciden en que es un lastre para la nación. ¿Qué tan pesado es este lastre? La doctora María Amparo Casar (México: Anatomía de la Corrupción, CIDE-Imco 2015) compiló diversos índices que retratan la situación del país. Los indicadores son alarmantes y sitúan a México como uno de los países más afectados en América Latina.
La productividad, la competitividad y el crecimiento económico potencial están relacionados, y es un hecho que la corrupción deteriora la productividad de la economía al elevar los costos de operación y de producción de las empresas. Los resultados de los estudios demuestran que la corrupción nos está costando, y mucho. La solución de este problema, el principal que enfrenta un negocio en México según el Global Competitiveness Report, depende en buena medida del funcionamiento, organización y eficacia del Estado. Si no se actúa con convicción en la lucha contra la corrupción, la competitividad del país se seguirá resintiendo y se perderán oportunidades únicas de desarrollo económico y social. Ello, sin considerar el impacto negativo que la corrupción tiene sobre el gasto de los hogares, la desigualdad socioeconómica y la credibilidad de las instituciones, también discutidos en el libro antes referido. Son estos últimos aspectos los que lastiman más directamente a los mexicanos.
Por desgracia, en algunos ámbitos se ha instalado la idea de que la corrupción es parte de nuestra cultura: ante la evidencia sobre la corrupción, los mexicanos no se sorprenden; les parece que ésta no dice nada nuevo. La doctora Casar advierte acertadamente que “la tarea más urgente es convencer y demostrar que es más rentable acabar con la corrupción que seguir fomentándola y tolerándola.” (Anatomía, p 61).
“Se necesitan dos para bailar el tango”, dice el refrán. Pero la corrupción no sólo es una transacción entre individuos, sino principalmente una afirmación de la impericia del Estado, que pone en riesgo la estabilidad económica del país, el bienestar de los hogares y la credibilidad de las instituciones. Ninguna reforma económica podrá detonar un crecimiento económico sostenido, fiscalmente sustentable y socialmente incluyente allí donde la corrupción es persistente.
Quizá los partidos políticos han notado que cierta parte de la sociedad mexicana está llegando al límite de su tolerancia, pues la existencia de las candidaturas independientes parece surgir, en parte, de la desesperación y por impotencia ante este problema. De acuerdo con el Latinobarómetro, los mexicanos son los que muestran una menor satisfacción con el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestro continente. Otra muestra de que la sociedad se está movilizando contra este problema, y que en ello tiene un gran apoyo de la comunidad internacional, es la conferencia “Hablemos de Corrupción”, que se realizó el 12 de octubre en la Ciudad de México organizada por el Imco, Transparencia Mexicana, BID, Banco Mundial, USAID y la Embajada Británica. Así, con innovaciones políticas y con debates públicos y bien documentos, es como la ciudadanía mexicana ya empieza a hacer visible su malestar. Esperemos que todo ello tenga un resultado tangible, como la implementación exitosa de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción; esta misma es el producto del trabajo arduo de diversas organizaciones de la sociedad civil.
La lucha contra la corrupción es una cuestión de supervivencia nacional, como lo relata la doctora Casar en su discusión del caso Singapur. Recuperar la confianza en las instituciones será una tarea difícil, pues ya es una de las debilidades estructurales del país. Sin instituciones fuertes, confiables y bien diseñadas, que sirvan de verdadero instrumento señalizador y coordinador de la actividad social, será imposible poner a México en un sendero de crecimiento económico vigoroso.
Marcelo Delajara (@MarceloDelajara) se doctoró en Economía en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, 1999). Fue profesor, investigador y consultor en diversas instituciones (UDLA-P, CIDE, BID, PNUD, Banco Mundial y Banco de México, entre otras). Actualmente es investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones de Marcelo Delajara son a título personal y no representan necesariamente el criterio o los valores del CEEY.
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Lucha contra la corrupción, ¿una cuestión de supervivencia nacional?
