Continuar defendiendo el mandato único, cuando en la práctica se ejerce uno doble, es totalmente inconsistente. Además, el mandato dual le daría a la política monetaria el verdadero papel de servir a los mexicanos a través de maximizar el bienestar social.
Si México realmente quiere reformarse, entonces debe dejar de lado los temores y resistencias al cambio, pero las reformas tienen que darse en todos los niveles, incluyendo la política macroeconómica. Así, tanto el mandato monetario doble debe dejar de ser un tabú, como también la regla fiscal estructural debe convertirse en disciplina y mandato.
Las resistencias
El mandato monetario doble siempre ha enfrentado resistencia tanto de las autoridades como de algunos analistas bajo tres argumentos, en términos generales.
- Porque –se dice– atenta contra la independencia de la política monetaria y, por ende, del banco central.
- Porque podría inducir a un descuido de la inflación en aras de privilegiar el crecimiento.
- Porque –se arguye– habría una aparente inconsistencia entre manejar dos objetivos con un solo instrumento.
Sin embargo, estos tres argumentos en contra son bastante debatibles y muy endebles. En el primer caso, la evidencia empírica demuestra que un mandato doble no resta independencia monetaria; el segundo caso asume implícitamente que el instituto central tendería a ser irresponsable; el tercero es rebatible a través de un contraargumento que, lejos de contradecir, refuerza el fin último de la política monetaria.
En los últimos 10 años ha habido al menos un intento serio en el Congreso por debatir la posibilidad del mandato monetario dual, pero no ha habido progreso precisamente por la resistencia oficial. Dado que en los últimos tres años, la política monetaria ha actuado implícitamente con un mandato doble, sería conveniente pedirle a los políticos del Congreso evaluar la posibilidad de oficializar el mandato dual para poner la política monetaria al verdadero servicio de los mexicanos.
Requisitos
Además de que existe un buen número de argumentos a favor del mandato doble, también se requiere de dos requisitos o condiciones iniciales para su adopción, y sobre todo para maximizar los beneficios de su funcionamiento.
- La primera condición es que exista una inflación permanentemente baja y estable.
- La segunda es que exista corresponsabilidad de la política fiscal, lo cual se logra con la aplicación responsable de la regla fiscal estructural.
Lograr una
inflación permanentemente baja implica que la inflación anual se mantiene alrededor de su tasa estructural por un periodo prolongado, la cual no necesariamente es el objetivo inflacionario predeterminado por el banco central, ya que la inflación estructural es aquella que genuinamente representa la estructura del sistema de formación de precios en la economía, más no la inflación deseada por el banco central y que en muchos casos representa un objetivo popularmente aceptado.
Una
inflación estable es aquella que reporta un coeficiente de variabilidad reducido, generalmente con una varianza pequeña. Esto implica que la tasa de inflación anual no presenta saltos o caídas significativas de un mes a otro a lo largo de un periodo considerable. Es decir, la inflación se mantiene dentro de un rango de variabilidad acotado a lo largo del tiempo.
Afortunadamente, México ya ha logrado una inflación que cumple con las dos características de la primera condición previa. Sin embargo, le hace falta adoptar de manera seria y responsable la segunda condición: la disciplina fiscal estructural, que hasta ahora sólo se ha quedado en el papel. El cumplimiento de la regla fiscal estructural es indispensable para asegurar que el gobierno no va a utilizar la política fiscal con fines políticos. Dado que tanto ingresos como gastos están claramente predeterminados por el crecimiento potencial y el precio estructural del petróleo, la regla fiscal evita así la manipulación de los estimados.
Así como la asignación del mandato monetario es una responsabilidad exclusiva del Congreso, la regla fiscal estructural también debería ser impuesta por el Congreso al gobierno mexicano. De esta manera, el país cumpliría cabalmente con ambas condiciones previas para adoptar el mandato monetario dual de manera relativamente inmediata.
Argumentos a favor
El mandato monetario único (anti-inflacionario) tiene al menos dos décadas de vigencia, ya que se estableció como una necesidad en la época de las inflaciones persistentemente altas de las décadas de los ochenta y noventa, sobre todo en los países de economías emergentes. El mandato inflacionario fue bastante exitoso tanto en reducir la inflación como su volatilidad, ya que al ser acompañado de la independencia monetaria –México la oficializó en 1994– se logró introducir cierta disciplina en las finanzas públicas. Sin embargo, al haberse logrado ya una inflación consistentemente baja y estable, el mandato único requiere modernizarse para evitar que se convierta en una limitación seria al avance del largamente pospuesto progreso económico, por lo que una vez que el mandato antiinflacionario ha cumplido su función, es momento de que las reformas también lleguen a la política monetaria para adaptarla a los nuevos tiempos.
Después de poco más de dos décadas de independencia monetaria, México ha logrado domesticar la inflación. El país ha logrado ya una tasa de inflación baja y relativamente estable, que ronda en la vecindad de entre 3% y 4%. La estructura de formación de precios ha evolucionado y se han eliminado muchas rigideces que perpetuaban la transmisión de choques. También ha cambiado el proceso de formación de expectativas inflacionarias, reduciéndose el pernicioso componente inercial heredado de los episodios inflacionarios del pasado. El efecto del traspaso cambiario a los precios al consumidor también se ha reducido. La canasta de precios regulados ha disminuido y algunos de éstos se determinan, en cierta medida, por sus referencias internacionales. Más recientemente, la competencia se ha incrementado en sectores fuertemente monopolizados en el pasado, por lo que ante una inflación más comportada es tiempo de que la política monetaria le dedique la misma atención al crecimiento.
Existe nula evidencia de que la adopción de un mandato monetario doble haya resultado en una pérdida de independencia monetaria, en casos en que los dos requisitos se han cumplido. De hecho, entre los bancos centrales con más tradición de independencia están aquellos que gozan de un mandato doble (Estados Unidos y Australia, entre otros). Argumentar que el mandato doble puede poner en riesgo la autonomía monetaria solamente revela que el país no cuenta con un banco central lo suficientemente independiente para enfrentar el desafío de la modernización de su política monetaria. Un contraargumento es que la Reserva Federal de Estados Unidos no es menos independiente que el Banxico sólo por tener un mandato doble, o viceversa. Así, argumentar pérdida de independencia monetaria sólo refleja un temor infundado que no encuentra sustento empírico.
Un mandato monetario doble no implica inconsistencia entre manejar dos objetivos con un mismo instrumento, sino más bien significa asignarle al banco central el verdadero papel de maximizador del bienestar social, que es precisamente el fin último de la política económica. Como en todo problema económico, en el fondo el papel de un banco central a través del uso de la política monetaria debe ser el de resolver un problema de optimización matemática entre maximizar un objetivo sujeto a una restricción. Es decir, el mandato monetario doble implica “lograr el máximo crecimiento económico sujeto al mínimo de inflación” o, viceversa, “minimizar la inflación sujeto a la restricción de maximizar el crecimiento”. Así de sencillo: no hay inconsistencia ni implica renunciar o descuidar el objetivo de inflación, mucho menos significa pérdida de independencia monetaria. Por el contrario, el mandato doble le daría a la política monetaria el verdadero papel de servir a los mexicanos a través de maximizar el bienestar social.
Otro argumento a favor es que la evidencia empírica sugiere que un país se beneficia más a medida que sus políticas económicas están más sincronizadas. Por el contrario, el país enfrenta un costo mayor cuando las políticas fiscal y monetaria caminan en sentido opuesto. Existe un tradicional conflicto de intereses entre la política fiscal y la monetaria de mandato único, ya que mientras la primera se enfoca en promover el crecimiento y se le exige contribuir a la estabilidad de precios, a la política monetaria uniobjetivo sólo se le exige cuidar de la inflación, por lo que en aras de resolver estructuralmente este conflicto, y contribuir a la maximización del bienestar para la sociedad, a la política monetaria también se le debe asignar el mandato del crecimiento junto al de la inflación.
Ultimadamente, en la práctica, la política monetaria de los últimos tres años ha funcionado implícitamente con un mandato doble en que las decisiones monetarias se han tomado dándole un papel relevante al crecimiento económico. Los recortes de la tasa de interés por 150 puntos base que se dieron desde el 2013 siempre tuvieron como una referencia el bajo crecimiento y la debilidad de la demanda interna. Incluso al interior de la Junta de Gobierno del banco central se discutía el dilema que enfrentaba el manejo monetario entre inflación y crecimiento, como lo establecían las minutas monetarias. En este sentido, continuar defendiendo el mandato único, cuando en la práctica se ejerce uno doble, es totalmente inconsistente.
Por último es necesario recordar que el mandato monetario es constitucional. Es decir, su asignación es responsabilidad exclusiva de los políticos en el Congreso, no del Ejecutivo ni de los funcionarios del banco central, por lo que son los políticos quienes deben reformar la política monetaria a través de asignarle el mandato dual. De la misma manera, es el Congreso el que debe elevar a mandato constitucional la aplicación de la regla fiscal estructural.
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