Mitos y realidades de la Estrategia Nacional de Energía

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Sin una nueva Reforma Energética, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 sufre de las mismas limitaciones que sus anteriores versiones y de un defectuoso diseño.
La recientemente aprobada Estrategia Nacional de Energía (ENE) es un ejercicio que se inició a partir de la Reforma Energética del año 2008, introduciendo una directriz de largo plazo para la política energética del país.

Como todo ejercicio de política, los elementos que conforman este instrumento conllevan supuestos y enfoques respecto al rumbo que debe seguir el país que incorporan dogmas ideológicos o corrientes de pensamiento, pero donde debe existir un balance entre el rigor técnico y la retórica política. Es aquí donde se entremezclan estos mitos y realidades, en la necesidad de atender una audiencia política y cumplir también con la normatividad energética y hacendaria, sujetándose así a una serie de restricciones y contradicciones aparentemente incompatibles, pero que explicaremos a continuación.

Como punto de partida, la nueva administración se enfrenta a un calendario impuesto por la Reforma Energética del 2008. Por tanto, sin una nueva Reforma Energética, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 sufre de las mismas limitaciones que sus anteriores versiones y de un defectuoso diseño que obliga a realizar la planeación del sector cada año, a pesar de que el horizonte de planeación es de quince años. Esto lleva a un innecesario desgaste político y administrativo de las entidades involucradas en su elaboración, incorporando distintos objetivos estratégicos que sufren cambios en su priorización y que son víctima de las limitaciones presupuestales que le son impuestas en cada negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El documento establece como tema estratégico el fortalecer la operación y confiabilidad de la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Si bien se describe la situación de un Sistema Nacional de Gasoductos completamente superado por el reciente crecimiento de la demanda ante la significativa baja de precios del gas natural en Norteamérica los últimos cinco años, poco se dice de lo que se hizo o no se hizo en los últimos dos sexenios para ampliar la capacidad de transporte.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ampliado la red de gasoductos e introdujo las terminales de gas natural licuado ante la imposibilidad de Pemex de realizar este tipo de inversiones cuando ésta se enfrentó a la disyuntiva de invertir en la extracción de crudo o invertir en la expansión del sistema. La realidad está en el diagnóstico sobre la situación, el mito es que las líneas de acción planteadas van a resolver esta problemática, pues es un problema de finanzas pública y de capacidad técnica y de gestión por parte de Pemex, quien ha tenido retrasos significativos, entre otros, en la asignación de su contrato del gasoducto Los Ramones, que permitiría una mayor importación desde la frontera norte.

En el caso del sector eléctrico, esta falta de crecimiento en la infraestructura de transporte ha evidenciado también los riesgos que una sobre dependencia en un energético primario como el gas pueden tener en la provisión del servicio público de energía eléctrica. Ante la falta de redundancia en el sistema, sucesos como la explosión hace seis meses de un ducto en la Central de Medición de Gas de Pemex en Reynosa, sacaron de operación una parte importante de la generación de las centrales de gas de ciclo combinado en el Golfo, con importantes incrementos en los costos de operación de CFE y afectaciones a usuarios finales.

No debemos tampoco olvidar que en el pasado reciente, en el año 2007, los precios del gas natural eran 4 veces más altos que los actuales, lo cual en su momento llevó a reintroducir la discusión de la energía nuclear, así como las licitaciones de las primeras centrales eólicas a gran escala, la Venta II de 85 megawatts en la zona de La Ventosa, en Oaxaca.

La realidad es que para garantizar la óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público se requiere contar con un parque de generación diversificado, el mito de la ENE es establecer que el incluir una metodología que reconozca los costos ambientales tendrá algún efecto sobre esta mezcla. Las diferencias en los precios relativos entre las distintas tecnologías (gas, carbón, combustóleo, eólico, geotérmico, hidroeléctrico etc.) son tan grandes que un “impuesto” sobre las emisiones de carbono no cambia la posición relativa de las distintas tecnologías.

La planeación del sector eléctrico ya incorpora las externalidades ambientales en sus modelos desde hace cuatro años. Si uno revisa las actualizaciones del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) durante ese periodo, podrá constatar que no hay cambios en el Programa de Requerimientos de Capacidad, el cual define la tecnología a ser utilizada para ampliar la generación eléctrica.

Relacionado con la diversificación se habla de la eliminación de barreras para apoyar a la energía renovable, con un enfoque importante en la ampliación de la capacidad de transmisión para la interconexión al sistema eléctrico de las tecnologías limpias en la matriz energética del país. Se han dado pasos importantes en este sentido pasando, por ejemplo, de 85 MWs eólicos en operación en el año 2007, a 1,500 megawatss que actualmente se encuentran en operación, y con cientos más en proceso de construcción.

Un mito es que se requiere identificar el potencial de energías renovables en el país, cuando se ha venido haciendo por lo menos durante los últimos diez años, y donde temas como la generación éolica costa afuera, mencionada en la ENE, solo tendrá sentido ser estudiados una vez que las opciones más competitivas tierra adentro hayan sido agotadas. La realidad es que los instrumentos regulatorios y de política pública que se han venido implementando en los últimos años han dado competitividad al potencial renovable, con empresas de todo el mundo prospectando en todo el país proyectos eólicos, solares, minihidroeléctricos y geotérmicos.

Sin embargo, otro mito relacionado con las energías renovables es que a la CFE no le gustan este tipo de proyectos, pues la intermitencia de la generación eólica o solar, por ejemplo, introducen complicaciones técnicas y operativas que no coadyuvan a la confiabilidad y seguridad del suministro. La realidad es que la normatividad presupuestal y, en específico, la normatividad de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGA), no permiten incorporar más proyectos, al realizarse comparativos con la opción de mínimo costo, el gas natural, cuando no son estrictamente comparables.

Estos son algunos de los puntos que considero más relevantes de la ENE en lo que se refiere al sector eléctrico, y que no tienen nada que ver con las posturas ideológicas de algunos partidos políticos que hablan de la privatización del sector. Esperamos que la anunciada Reforma Energética traiga consigo políticas públicas innovadoras para así validar lo que el Presidente Peña Nieto dijo en el informe de sus primeros 100 días de gobierno, que su administración venía a transformar, no a administrar. Hasta ahorita, el sector energía sigue a la espera de esta transformación, con una ENE que verdaderamente sea el documento rector del sector para los siguientes seis años.

 

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