Conoce en este exhaustivo análisis, los puntos benéficos, dudosos y críticos de la propuesta de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.     La propuesta de reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal ha generado toda clase de opiniones y se ha escrito un gran número de artículos al respeto. Si bien el tema central del debate tiene que ver con la soberanía del petróleo, se han escuchado temas tan diversos como el papel de las energías renovables, el gran potencial del gas de lutitas y el impacto sobre las tarifas eléctricas, así como de la mayor disponibilidad de gas natural y de competencia en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, la realidad es que estos temas no son nuevos y han formado parte de los Programas Sectoriales y de diversas versiones de la Estrategia Nacional de Energía. Por otro lado, tampoco queda clara, hasta el momento, la causalidad entre la reforma planteada y los beneficios para la sociedad mexicana, que han sido citados en el documento presentado, pues se trata más bien de un diagnóstico donde, sin embargo, se tuvo cuidado de presentar únicamente una cara de la moneda. Analizando la parte eléctrica de la reforma energética encontramos un planteamiento de libro de texto de economía sobre desregulación económica. Se establece que la mayor participación de generadores privados a través del funcionamiento de un mercado eléctrico que tenga como árbitro un operador independiente, resultará en menores costos y menores tarifas eléctricas, resultando además en la reducción en el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, esta no es una condición suficiente para que estas “bondades” que la guerra mediática del gobierno federal ha estado repitiendo ad nauseam se conviertan en realidad, pues se debe contar con medidas de política pública para “guiar” a la mano invisible del libre mercado en mercados imperfectos, como es el caso del sector eléctrico. En la exposición de motivos (o diagnóstico) de la reforma se habla de restricciones de planeación, financiamiento y ejecución de proyectos cuando se señala que se han quedado cortos los esfuerzos por sustituir combustóleo por gas natural. Lo cierto es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se adelantó al contratar el gas natural licuado de Altamira, Costa Azul y Manzanillo, logrando contratos tan benéficos para México, como es el caso de Manzanillo, que se ha dado un acalorado debate en Perú al respecto, debido al precio tan favorable que se obtuvo. La realidad es que la CFE no planeó mal, sino que la falta de autonomía de gestión vio mermados sus esfuerzos por realizar estas inversiones, u otras que con el ánimo de “coordinar” con Pemex, resultó en continuos retrasos en ampliaciones a la red nacional de gasoductos. Sólo basta ver el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico para ver que la planeación señalaba que el consumo de combustóleo se reduciría más del 50%, desde los 250,000 barriles diarios que hoy consume la CFE. Es un mito que ese impacto de 18.9 miles de millones de pesos en 2012 sea atribuible a CFE, la principal responsable es Pemex, y la Sener también, al haber establecido un límite en el consumo de gas natural dentro de la matriz energética la administración anterior, ante una posible “sobredependencia” en el consumo de gas importado. Hoy esos errores los pagamos todos a través de mayores tarifas eléctricas. El documento señala que la “organización industrial que corresponde a este modelo (el de electrificación) no tiene la flexibilidad necesaria para integrar de manera eficiente las energías renovables a gran escala ni la generación distribuida”. El documento señala que la reforma corregirá las limitaciones de este modelo al crear un mercado competitivo de generación para así agregar capacidad de energías renovables. Resulta interesante que el término “organización industrial” sea utilizado lo que señala que fueron economistas los que redactaron este documento (ver el ya clásico, The Theory of Industrial Organization de Jean Tirole, MIT Press de 1988), economistas que, por otro lado, deberían haber revisado también la literatura especializada como puede ser Renewable Energy Medium Term Market Report 2013 de la Agencia Internacional de Energía. En este documento se establece claramente que los mercados competitivos no son condición necesaria ni suficiente para integrar energías renovables de manera eficiente. En mercados donde funciona un mercado spot y un operador independiente, la política pública determina también la cantidad de energías renovables que se integran pues, en la mayoría de los casos, estas no son competitivas.  Con respecto a las energías renovables, este reporte señala que “la competitividad está mejorando, pero marcos de política y de mercado son claves para la inversión”, separando explícitamente a las hidroeléctricas y geotérmicas en áreas con buen recurso, pues estas ya son competitivas contra las plantas de combustibles fósiles. Las eólicas han mostrado ya su competitividad cuando se cuenta con un recurso extraordinario, como en Oaxaca, pero esa es la excepción, no la regla. Lo mismo sucede con la solar, donde su competitividad depende de la composición de la matriz de generación. De aquí que en lugares como Baja California Sur se hayan detonado importantes proyectos, como el de Aura Solar y Grupotec. En mercados basados en precios marginales de corto plazo, los flujos de las remuneraciones pueden ser inciertos y las tecnologías intensivas en capital, como las renovables, normalmente requieren incentivos fiscales, cosa que seguramente no ha tomado en cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un diseño de mercado basado en competencia sobre contratos de largo plazo es una forma como se ha podido sostener la inversión en varios países, lo importante es dar certidumbre en las políticas de largo plazo. La reforma debería tomar entonces en cuenta que ya existe un marco regulatorio, el de los Productores Externos de Energía, que ha dado certidumbre a los inversionistas durante casi 15 años en plantas de ciclo combinado, y que ha sido exitoso en la incorporación de energías renovables como la eólica, pues se han incorporado más de 500 MWs eólicos a través de este esquema. Efectivamente se puede ser más agresivo en la incorporación de renovables, pero la apertura del sector, sin una política pública con incentivos o apoyos será insuficiente. Por otro lado, la aseveración de que existe un rezago de inversión que se deriva en gran parte de una planeación que no toma en cuenta la generación privada ni las posibilidades de las regiones de alto potencial renovable resulta inexacta. La Secretaría de Energía coordina un grupo donde tanto ésta como la Sener revisan la evolución de los permisionarios en cuanto a las gestiones que llevan a cabo y el avance en sus programas de construcción. Pero no se puede planear si no hay garantías de cumplimiento por parte de los privados en lo que respecta a estos programas. Como ejemplo, podríamos tomar a un gran número de permisionarios del Registro Público de la Comisión Reguladora de Energía para poder constatar que muchos de éstos no verán concretarse sus proyectos o cuyas fechas de entrada en operación son inciertas. ¿Cómo podría la CFE asumir compromisos de construcción de infraestructura adicional si no hay garantías? Estas garantías se dieron en la construcción de las líneas de evacuación de la energía eólica de Oaxaca (la llamada Temporada Abierta), lo cual permitió el desarrollo de la energía eólica en la región, pero se requirió de la coordinación y la participación directa de la CFE para concretar un proyecto de esta magnitud. Finalmente, el documento señala que la reforma reducirá los costos y mejorará las finanzas de la CFE, mediante la reducción de las pérdidas de energía a nivel distribución. Existen esquemas con participación público-privada donde la modernización de la facturación y cobranza es posible, pero el usuario final será el que finalmente pagará esa infraestructura que se requiere. En casos como Acapulco o Polanco, los proyectos de Medición Automatizada Inteligente (AMI) han resultado en mejoras importantes en las métricas de las pérdidas y en la cobranza, pero los usuarios finalmente pagaron, tanto reduciendo los plazos para la cobranza, reduciendo ilícitos (siempre bienvenido) como con una medición más exacta que, la mayoría de las veces, siempre es a la alza. De la propuesta de reforma, lo que más podemos resaltar es la creación de la figura del operador independiente, pues desde hace años se le debió otorgar autonomía financiera y de gestión al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). La reforma inclusive va más allá, integrando también las funciones de la Subdirección de Transmisión, así como la de la Subdirección de Programación. Esto último es particularmente relevante porque actualmente la planeación y la operación del Sistema Eléctrico Nacional se encuentran separados en la estructura orgánica de CFE. Por un lado, la Subdirección de Programación elabora cada año el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, documento eje del sector con un horizonte de planeación de 15 años. Por otro lado, el Cenace lleva a cabo la operación del sistema, el despacho económico, mientras Transmisión opera la red del Sistema Interconectado Nacional. Desgraciadamente, para justificar la propuesta, ésta señala que el otorgarle independencia al operador del mercado asegura que los recursos más baratos se despachen primero, minimizando las barreras a la participación para todos los generadores y ampliando los beneficios para los consumidores. Esto es tanto como decir que actualmente la CFE utiliza generación más cara que la que establece la tabla de mérito del despacho económico, lo cual tendría implicaciones para los servidores públicos que operan el sistema, por lo que lo pondría en duda. El poner estas tres áreas en un organismo con autonomía presupuestal y de gestión podría ser una de las piedras angulares de una eventual apertura del sector, al alinear la planeación de corto y largo plazo con una operación que tuviera precios de transferencia adecuados a la rentabilidad de este tipo de negocios a nivel mundial. Lo importante será como la reglamentación secundaria aterrizara todo esto en documentos realistas que no busquen tropicalizar iniciativas de otros países a un sector eléctrico con una realidad totalmente diferente. De cualquier forma, la actual misión de la CFE deberá ser una a la cual deberán alinearse todos los nuevos jugadores en el sector: Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente.     Contacto: http://www.facebook.com/francisco.acosta.harvard [email protected] www.apromer.com     *Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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