El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, (Protocolo de Palermo), entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 en México. Este instrumento establece la definición del término trata de personas aceptada por los Estados firmantes. La ONUDD considera que México ha fortalecido su marco jurídico con la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y subraya la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Sin embargo, hasta mayo de 2008, no se había dictado ninguna sentencia condenatoria por el delito de trata. El cumplimiento de los derechos sociales tiene un papel importante para que se reduzca esta actividad, y para reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante este crimen.
Falta de representatividad en la política y debilidades legales:
A pesar de que son el 52% de la población, las mujeres han sido apartadas de la política. Aunque la igualdad de género es una obligación legal elevada al rango constitucional, la paridad dentro del entorno político sigue inexistente. Considerando que las mujeres se encuentran mejor calificadas para saber y defender sus derechos, la falta de representación dentro del universo político es una debilidad para luchar eficazmente en los problemas de desigualdad de género.
Un informe publicado por Human Rights Watch en 2013, muestra que las leyes mexicanas no son adecuadas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia doméstica o los abusos sexuales. A esto hay que añadir que las víctimas, generalmente, no denuncian los casos a las autoridades porque cuando lo hacen son tratadas con recelo. Según el mismo informe, menos de 20% de las mujeres que vivieron violencias en la relación de pareja pidieron ayuda a las autoridades.
Aunque muchas de las víctimas piensen, gracias a su entorno cultural y familiar, que no tienen el derecho de denunciar esas violencias, cabe subrayar que muchas no tienen confianza en las autoridades para pedir ayuda, lo que constituye una inmensa debilidad judicial en un Estado que debe ser «De Derecho».
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*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México. Mujeres: Trata y debilidades legales
La falta de representación dentro del universo político es una debilidad para luchar eficazmente en los problemas de desigualdad de género.
Por Garance Zappini, Colaboradora en el equipo de comunicación de TECHO México. TECHO en alianza con Paradigmas.
Si bien son varios los problemas que aquejan a las mujeres en México, la debilidad legal ha fomentado que la trata de mujeres esté en aumento.
«México ocupa los primeros lugares del mundo en la comisión de delitos de violencia sexual y trata de personas», alertó la jefa del área de Género, violencia y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), María José Gómez González.
En 2013, 800,000 mujeres y niñas fueron víctimas de explotación sexual en México. El fenómeno de la trata responde a diversos factores relacionados: la oferta y demanda de mano de obra barata, la ubicación geográfica, pero sobre todo, las desigualdades económicas y problemas socioculturales, como la discriminación y la violencia de género.
Como lo muestra la gráfica abajo, el número de víctimas de trata de personas detectadas por la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) ha crecido a partir de 2005, y de manera más preocupante, son las mujeres que son las principales víctimas de trata.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, (Protocolo de Palermo), entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 en México. Este instrumento establece la definición del término trata de personas aceptada por los Estados firmantes. La ONUDD considera que México ha fortalecido su marco jurídico con la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y subraya la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Sin embargo, hasta mayo de 2008, no se había dictado ninguna sentencia condenatoria por el delito de trata. El cumplimiento de los derechos sociales tiene un papel importante para que se reduzca esta actividad, y para reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante este crimen.
Falta de representatividad en la política y debilidades legales:
A pesar de que son el 52% de la población, las mujeres han sido apartadas de la política. Aunque la igualdad de género es una obligación legal elevada al rango constitucional, la paridad dentro del entorno político sigue inexistente. Considerando que las mujeres se encuentran mejor calificadas para saber y defender sus derechos, la falta de representación dentro del universo político es una debilidad para luchar eficazmente en los problemas de desigualdad de género.
Un informe publicado por Human Rights Watch en 2013, muestra que las leyes mexicanas no son adecuadas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia doméstica o los abusos sexuales. A esto hay que añadir que las víctimas, generalmente, no denuncian los casos a las autoridades porque cuando lo hacen son tratadas con recelo. Según el mismo informe, menos de 20% de las mujeres que vivieron violencias en la relación de pareja pidieron ayuda a las autoridades.
Aunque muchas de las víctimas piensen, gracias a su entorno cultural y familiar, que no tienen el derecho de denunciar esas violencias, cabe subrayar que muchas no tienen confianza en las autoridades para pedir ayuda, lo que constituye una inmensa debilidad judicial en un Estado que debe ser «De Derecho».
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El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, (Protocolo de Palermo), entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 en México. Este instrumento establece la definición del término trata de personas aceptada por los Estados firmantes. La ONUDD considera que México ha fortalecido su marco jurídico con la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y subraya la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Sin embargo, hasta mayo de 2008, no se había dictado ninguna sentencia condenatoria por el delito de trata. El cumplimiento de los derechos sociales tiene un papel importante para que se reduzca esta actividad, y para reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante este crimen.
Falta de representatividad en la política y debilidades legales:
A pesar de que son el 52% de la población, las mujeres han sido apartadas de la política. Aunque la igualdad de género es una obligación legal elevada al rango constitucional, la paridad dentro del entorno político sigue inexistente. Considerando que las mujeres se encuentran mejor calificadas para saber y defender sus derechos, la falta de representación dentro del universo político es una debilidad para luchar eficazmente en los problemas de desigualdad de género.
Un informe publicado por Human Rights Watch en 2013, muestra que las leyes mexicanas no son adecuadas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia doméstica o los abusos sexuales. A esto hay que añadir que las víctimas, generalmente, no denuncian los casos a las autoridades porque cuando lo hacen son tratadas con recelo. Según el mismo informe, menos de 20% de las mujeres que vivieron violencias en la relación de pareja pidieron ayuda a las autoridades.
Aunque muchas de las víctimas piensen, gracias a su entorno cultural y familiar, que no tienen el derecho de denunciar esas violencias, cabe subrayar que muchas no tienen confianza en las autoridades para pedir ayuda, lo que constituye una inmensa debilidad judicial en un Estado que debe ser «De Derecho».
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