Nueva Ley de Seguros y Fianzas

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La iniciativa en materia de seguros establece requerimientos de revelación de información que deba conocer el público respecto a su solvencia, liquidez y seguridad operativa .

 

Por Act. José Manuel Méndez, socio líder de Servicios Financieros de Ernst & Young México.

 

 

A finales de Octubre de 2012 el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF).

El envío de dicha iniciativa llamó la atención no por su contenido, el cual había sido discutido desde hace tiempo, sino porque casi se daba por sentado que se presentaría por parte del Ejecutivo Federal entrante y, por lo mismo, se pensaba que su envío al Congreso tomaría más tiempo.

El 13 de diciembre de 2012 el Senado aprobó el dictamen para expedir la LISF y lo remitió a la Cámara de Diputados. A la fecha en que se escriben estas líneas, se espera que el próximo día 27 del presente se apruebe el dictamen de la minuta para expedir esta nueva ley. Lo anterior, por el acuerdo tomado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y para lo cual han establecido una mesa de trabajo permanente para el análisis de la iniciativa en cuestión.

La iniciativa pretende incorporar un régimen del tipo de Solvencia II, similar al que se ha venido diseñando y afinando en la Unión Europea durante más de diez años. Con este nuevo régimen se establecería en México un marco acorde con las prácticas internacionales más avanzadas en materia de seguros.

La iniciativa pretende modificar la forma en que se determina el requerimiento de capital de las instituciones, que hasta ahora se basa en parámetros promedio; se plantea que el cálculo del capital contemple todos los riesgos a los que está expuesta cada institución, como son riesgos financieros, técnicos, de mercado, de crédito, de liquidez, de concentración, de descalce, operativo, legal, tecnológico, estratégico y reputacional, así como cualquier otro que pueda poner en peligro su solvencia y estabilidad. Se contempla la utilización de una fórmula estándar que pueda ser utilizada por las aseguradoras, pero también contempla la posibilidad de que las instituciones desarrollen modelos propios para determinar su nivel de capital óptimo.

Por otro lado, la iniciativa contempla el fortalecimiento del gobierno corporativo de las aseguradoras. Establece que el consejo de administración tendrá la responsabilidad de dictar las medidas necesarias para garantizar y verificar el cumplimiento de las disposiciones legales e instrumentar, operar y dar seguimiento a un sistema de gobierno corporativo que garantice una gestión sana y prudente. Dicho sistema debe comprender el establecimiento y cumplimiento de políticas y procedimientos en materia de administración integral de riesgos; control interno; auditoría interna; actuarial; cálculo y valuación de reservas técnicas; metodologías y modelos de medición de riesgos utilizados; confiabilidad, suficiencia y calidad de datos; y, contratación de servicios con terceros. Para subrayar la importancia de la responsabilidad del consejo de administración, la LISF establece obligaciones indelegables a éste, mismas que al día de hoy se encuentran en disposiciones administrativas.

Finalmente, la iniciativa establece requerimientos de revelación de información con el fin de procurar la transparencia y confiabilidad de la información financiera y de la gestión de riesgos de las instituciones. Se plantea dar a conocer información relativa al nivel de suficiencia de los fondos propios para cubrir el requerimiento de capital, evaluación de empresas calificadoras para revelar su nivel de riesgo y, en general, toda aquella información que deba conocer el público respecto a su solvencia, liquidez y seguridad operativa.

 

 

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