Por Alma Solis, corresponsal En medio de la disputa comercial  en la que se encuentran Panamá y Colombia, la Asamblea de Diputados panameña aprobó el Proyecto de Ley No. 370, que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras. En el documento aprobado establece una serie de sanciones económicas y comerciales que serán impuestas a los países que “discriminen” a Panamá, éstas van desde medidas arancelarias, migratorias, laborales y tributarias hasta restricciones en la participación de contratos públicos. Con esto, la nación de Centroamérica podría aumentar impuestos a lo que tenga que ver con remesas, aranceles medidas migratorias, laborales y tema de contrataciones públicas, otorgamiento de licencias y permisos y autorizaciones a personas de países que tenga a Panamá en alguna lista discriminatoria. Puedes leer6 de cada 10 jóvenes centroamericanos están sin estudios  También la nueva Ley de Retorsión faculta al Ejecutivo para crear una lista de los países que incurren en prácticas que discriminan o implican una lesión a los intereses económicos o comerciales de Panamá, derivadas principalmente del incumplimiento de acuerdos o tratados vigentes de carácter fiscal o comercial. La decisión de presentar esta ley surge de las complicaciones por temas arancelarios con Colombia, que ya puso al país en una lista de Paraísos fiscales en 2014, que se revocó para dar paso a una negociación que duró casi dos años sin lograr entendimiento alguno. También Francia colocó a la nación centroamericana entre los países no cooperadores en temas fiscales, con efectos a enero de 2017. De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas del país, Dulcidio De La Guardia, algunos países que tienen a Panamá en una lista discriminatoria son Brasil, Perú, El Salvador y Ecuador.

 

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