¿Quién gana con la desgracia de los estados?

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Ante la descomunal deuda de los estados, la banca tiene un nicho de negocio muy rentable. Pero su prosperidad pende de un alfiler.

 

En 1997, Nuevo León tuvo que entregar a un grupo de bancos algunos inmuebles: edificios, un estacionamiento, terrenos y hasta un lote de la Macroplaza, la plaza pública más importante de Monterrey. La razón: el gobierno del estado hizo uso del recurso “dación en pago” porque no tenía dinero para cubrir su deuda.

Fernando Elizondo lo recuerda bien. Él asumió ese mismo año la titularidad de la Secretaría de Finanzas del estado, pero lo hizo cuando el embargo ya se había concretado. Sólo una cosa pudo rescatar: el lote de la Macroplaza.

No pudo hacer más, ante una combinación de factores que colocaban al estado en una virtual quiebra: bajos ingresos y deudas elevadas. Fue así que las propiedades embargadas cubrieron una deuda por 900 millones de pesos (mdp).

A 16 años de lo ocurrido, Elizondo, quien ahora tiene un despacho de consultoría en finanzas públicas, presume vivir un déjà vu. En sus oídos resuenan palabras ligadas a sobreendeudamiento, cuando escucha que el Ayuntamiento de Acapulco, en Guerrero, se declaró en quiebra tras tener un déficit mayor a 2,000 mdp; que el Municipio de Atizapán, en el Estado de México, policías, bomberos y el cuerpo de protección civil realizaron un paro de labores a falta del pago de su sueldo; que el estado de Morelos planeó rescatar con 50 mdp a Cuernavaca debido a su alto endeudamiento.

Su preocupación no es producto de una idea descabellada. Hay datos que documentan su pesimismo: las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios sumaron, al cierre de junio de 2012, más de 400,000 mdp, según la Dirección General de Deuda Pública.

Una cifra que puede ir más allá, ya que este monto sólo refleja la deuda contraída con la banca comercial, de desarrollo y las emisiones bursátiles. “La cifra puede ser del doble, si se incluyen los adeudos de corto plazo”, explica Gerardo Guajardo, investigador de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE), del Tec de Monterrey.

En este expediente hay un sector que gana: los bancos. Para ellos, otorgar préstamos a las entidades significa tener acceso a un mercado que goza de una fuente asegurada de pago, como son las participaciones federales.

De los 42 bancos que hay en México, cuatro son los que más crédito han otorgado: BBVA Bancomer con una participación de 25%, seguido por Banorte con 21.3%, Interacciones y Banamex con 10.5%, cada uno. En conjunto, participan con 67.2% de la cartera crediticia total.

“El problema –dice Gerardo Salazar, director general de Banco Interacciones– es que hay casos en los que el endeudamiento ha subido más rápido que la capacidad de pago”.

Aunque el saldo de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) parezca pequeño, lo que preocupa hoy es que entre 2008 y 2012, el monto de los adeudos se duplicó. Pero a las autoridades de la pasada administración este escenario no les quitó nunca el sueño. El reiterado discurso fue que se trataba de una “deuda manejable”. Su argumento era que, como proporción del PIB, apenas representaba 3%. Sus palabras parecían omitir que apenas cuatro años atrás significaba menos de 1.5%, es decir, la mitad.

Ahora, la nueva administración, a través de su staff económico, ha manifestado su aparente interés por cambiar el giro de esta historia. Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se ha pronunciado por imponer mayores controles, sin vulnerar la soberanía de las entidades.

Blanca Alcalá Ruiz, vicecoordinadora del PRI en el Senado, ha dicho sí podrá integrarse en este periodo legislativo una iniciativa de ley para enfrentar el problema de la deuda de estados y municipios, y que estaría lista antes de que termine marzo. Por lo pronto, al cierre de septiembre de 2012, el mercado de créditos bancarios otorgados a entidades de gobierno superó los 369,000 mdp.

 

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Son 12 los estados que registran un mayor endeudamiento respecto a su PIB. Según información de la Dirección General de Deuda Pública, se trata del Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Sonora, Quintana Roo y Baja California.

En conjunto, estas entidades tienen en sus manos 80% de la deuda. En promedio, el tamaño de sus adeudos equivale a 127.6% respecto a sus participaciones federales. Destaca Coahuila, cuya tasa de endeudamiento asciende a 300%.

La SHCP detalla que de los más de 400,000 mdp a los que asciende el adeudo, 58% corresponde a préstamos de la banca comercial, 22% con la banca de desarrollo, 15% son emisiones bursátiles, 3% fideicomisos y 2% otros préstamos.

Humberto Panti, director regional para América Latina del área de Finanzas Públicas de Fitch Ratings, explica que en 2009 los bancos elevaron su oferta de crédito a los estados y municipios, ya que contaban con el atractivo de tener una fuente de repago segura a través de las participaciones federales. Gran incentivo, sobre todo en tiempos de crisis, cuando puede resultar riesgoso prestarle a una empresa. Pero lo que no se consideró es que las participaciones federales están atadas a los precios del petróleo, por lo que ante la volatilidad del precio del crudo éstas se redujeron en el año 2010, afectando la capacidad de pago de los estados.

Por esta razón, Humberto Panti advierte de una circunstancia que en algunos estados ya es una cruda realidad: “Si no se impone un freno al endeudamiento, se pone en entredicho la viabilidad de los programas sociales de las entidades; no se podría pagar la nómina de los empleados, no habría recursos para cubrir las pensiones y muchos servicios públicos como la recolección de basura”.

 

Negocio en problemas

Frente a estas circunstancias, se perfila una mayor vigilancia hacia los bancos.

Si bien los niveles de concentración en algunos bancos son altos, lo que a las autoridades les preocupa es que hay algunos bancos que le han prestado a una sola entidad. ¿Esto qué significa? Que sus riesgos son muy altos, toda vez que las garantías de pago pueden no ser suficientes o, incluso, falsas.

Por el acelerado crecimiento que se registró en la oferta de créditos a estados y municipios, que alcanzó niveles de crecimiento hasta de 90%, la banca ahora enfrenta nuevas reglas para reforzar su análisis hacia las entidades gubernamentales a las que presta. “Fue un cambio de metodología en el que los bancos que pretendieran prestarle a estados altamente endeudados o con ingresos propios bajos, deberían generar mayores reservas”, explica Guillermo Babatz, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Como sea, y con todo el cambio de reglas y los casos de sobreendeudamiento de algunos estados como Coahuila, hay instituciones financieras que sostienen que éste es un gran negocio, que aún garantiza buena rentabilidad.

Gerardo Salazar asegura que aún hay un fuerte potencial de crecimiento, porque todos los estados requieren obras, pero advierte de una amenaza: la existencia de Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), que acreditan a estas entidades gubernamentales y que carecen de procesos sanos de otorgamiento de crédito.

En ello está de acuerdo Humberto Panti, de Fitch Ratings. “Los bancos sí reportan los préstamos otorgados ante el Buró de Crédito, pero no lo hacen todas las Sofomes. Además, aunque sí lo hagan, la información no es suficiente porque un mismo estado puede estar registrado con más de dos nombres distintos”.

De esta manera es complicado para los bancos acreedores detectar a qué nivel tienen comprometidos sus ingresos y hacer, por tanto, una evaluación fiel de la situación financiera de la entidad, lo que puede ocasionar que los préstamos continúen y se dispare el sobreendeudamiento.

Fernando Elizondo, en tanto, sigue viviendo su déjà vu. Confía en que, algún día, el panorama sea distinto. Este día, sin embargo, la sensación de engaño lo atrapa.

“Contar con crédito permite reconstruir un estado o municipio, después de eventos catastróficos como huracanes o temblores. Pero abusar de éste, deja a una entidad sin la posibilidad de responder a necesidades sociales a través de programas de gobierno.”