Multas de hasta 220,000 pesos a las empresas que intentaron influenciar el voto de sus trabajadores

En junio de 2016, Bernie Marcus, fundador de Home Depot, escribió un artículo donde externaba su respaldo al entonces candidato republicano Donald Trump. Aunque Marcus ya no estaba en activo, la sociedad estadounidense se organizó para realizar un boicot contra la cadena de tiendas en protesta por sus comentarios con tono racista. Aun cuando trata de verse como el ejercicio de un derecho, cuando un dueño o alto ejecutivo de una firma toma partido en una contienda política, expone al negocio en varios sentidos. “Involucrarse en la política es, para las empresas, un tema muy complejo”, dice Rogelio Blanco, director general para México de la consultora Llorente y Cuenca. Durante la campaña presidencial en México, más de media docena de empresas fueron exhibidas por tratar de influir en el voto de sus empleados a través de cartas y mensajes que advertían de los peligros que, a su juicio, se exponía al país si ganaba un gobierno populista. En principio, son conductas ilegales, dice el abogado laboral Jorge Sales Boyoli. El artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a patrones y representantes legales de las empresas incurrir en propaganda política y religiosa. La sanción es una multa que va de 50 a 2,500 salarios mínimos, es decir, entre 4,418 y 220,900 pesos. La condición para iniciar una investigación en el centro de trabajo es que un trabajador presente una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). “Estamos ante lo que entre abogados denominamos ‘casos de frontera’, pues existe una conducta asociada a la intención de voto, pero no se viola, como tal, la ley”, explica Sales Boyoli, quien considera que Grupo Baillères, Grupo México, Herdez, Lala, Vasconia o Aeroméxico fueron asesoradas para que sus mensajes no incurrieran en una violación a la ley. Daños en la reputación Pero el asunto judicial es apenas un riesgo. La reputación de las empresas está cimentada en cinco pilares, explica Rogelio Blanco: imagen, credibilidad, transparencia, integridad y contribución a la sociedad. Tomar un bando político no es recomendable, pues impacta en una serie de cuestiones, desde el desempeño de los empleados hasta la relación con socios y compradores, agrega el directivo. La productividad de los colaboradores, por ejemplo, está ligada con el propósito y valores de la organización. “Entre más orgulloso se sienta un colaborar de pertenecer a su organización, mayares beneficios se generarán. Por otro lado, los ejecutivos, dueños o la junta directiva de una empresa pueden tomar una postura, pero deben respetar las de sus consumidores. De no ser así, corren el riesgo de romper la sincronía consumidor-producto”. Los principales efectos de tomar partido son: rotación de personal, ventas al consumidor final o hasta el cierre del negocio. “El gobierno tiene una influencia en muchas dimensiones”, expone Blanco. “Por un lado, es un cliente importante en varios sectores; y, por el otro, es el pilar fundamental de la estabilidad y desarrollo económico de un país. La cooperación y el diálogo son prioridad en la relación con el gobierno, no la división”. Libertad de expresión “En otros países, si un empresario expresa convicciones políticas, es muestra del funcionamiento de la democracia; pero, en México, se cree que, si hay una postura de oposición, la empresa se hace blanco de auditorías o incluso de sospechas sobre la asignación de contratos por parte del gobierno”, explica Antonio Ocaranza, consultor independiente en asuntos públicos y de comunicación. Coincide en que la vía para expresar alguna convicción política pasa por la apertura y el respeto a las ideas de quienes no la comparten. Y para que una empresa mitigue los riesgos de seguir una postura política, Ocaranza recomienda:

• Identificar los riesgos y cuestionarse: ¿Hay algún vínculo que pueda ser usado por un político para desprestigiar a la empresa?
• Entrenar a los ejecutivos y miembros de la junta directiva acerca de las declaraciones públicas
• Cuidar la comunicación con los empleados para que no sean víctimas de nerviosismo o incertidumbre asociados a procesos políticos, y que mantengan su concentración en el trabajo
• Reducir la presión individual a través del respaldo a posicionamientos gremiales

En la pasada elección presidencial, el riesgo para quienes tomaron postura se hizo evidente una vez conocido el resultado de las urnas. “Más de la mitad de quienes votaron lo hicieron por el candidato ganador; eso implica que no hubo influencia de aquellos empresarios que promovieron posturas en contra. Esto puede trasladarse en impactos en el clima de trabajo, pues la plantilla laboral puede pensar que los intereses del patrón son contrarios a los suyos”, dice Ocaranza. “Los empresarios deben ser cuidadosos”. En términos generales, los empresarios son concebidos como entes con influencia política; sin embargo, resulta grave que, en los últimos años, los empleados parecen tener la idea de que los empresarios no están a favor de las causas de la gente, advierte el también ex ejecutivo de Walmart México. “Existe la noción de que el acceso al poder ha sido aprovechado por los empresarios para discutir [aquellos] temas de su agenda que les generen más ganancias, pero no [así] beneficios en favor de las causas de los empleados. Esto resulta grave porque, entonces, la gente no se identifica con los clamores de la empresa, sino que piensa que sólo se están defendiendo los intereses de la corporación o a sus dueños”, agrega Ocaranza. Te puede interesar: ESPECIAL DIGITAL | Cuando el sector privado hace política