Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), señaló que el sector de tecnologías estaría siendo afectado por las prácticas abusivas del gobierno de Costa Rica. En entrevista con Forbes Centroamérica, Pacheco explicó que “el Estado está aplicando como regla general una excepción al obviar los procesos de licitación pública, promoviendo el uso de convenios entre entes públicos y manteniendo ventajas exclusivas en perjuicio del interés general de garantizar una administración eficiente de los recursos”. El líder empresarial dijo que esta práctica abusiva de parte del Estado de obligar a sus dependencias y empresas públicas a contratarse entre sí, sin duda, es un desincentivo para las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Puedes leer:  Empresarios ticos acusan al gobierno de prácticas monopólicas Para Pacheco el gobierno está haciendo mal uso del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. “Éste es una norma con carácter excepcional  y así lo ha ratificado tanto la Sala Constitucional como la Contraloría General de la República y se considera que la directriz 023-H, publicada el 20 de abril del 2015, viene a contravenirla al darle un sentido de obligatoriedad, convirtiéndola en la regla”, añadió. Según el empresario de 2014 a 2016, el gobierno ha abusado de estas disposiciones legales de forma sistemática. Tres empresas las más beneficiadas El presidente de la UCCAEP indicó a Forbes Centroamérica que las instituciones más beneficiadas en el área de tecnologías, han sido tres: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense (Racsa) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). “La investigación que hemos realizado hasta el momento en un total de 46 contrataciones por un monto de 32,500 millones de colones, nos demuestran que al menos el sector de tecnologías estaría siendo afectado”, reiteró Pacheco. El pasado 22 de septiembre, la cámara empresarial presentó una denuncia ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) debido a que considero que el gobierno incurrió en prácticas monopólicas.

 

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