La reforma educativa, aprobada en febrero de 2013 y promulgada en septiembre de 2013, contempla evaluaciones a maestros de educación básica y media superior para optar a promociones.   Después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara el viernes 29 de mayo que suspende “indefinidamente” la evaluación a maestros de educación básica y media superior, el Instituto Nacional para la Evaluación y Educación (INEE) y asociaciones civiles rechazaron la decisión del gobierno, que tildaron de anticonstitucional. El Organismo No Gubernamental (ONG) Mexicanos Primero señaló que la suspensión, decidida por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, es una “afrenta directa al Artículo Tercero Constitucional” y carece de fundamento legal y rompe el proceso definido, además de “quitar certeza y afecta gravemente a los casi 250,000 docentes y directivos que ya están inscritos para los procesos de ingreso y promoción”. La asociación, presidida por Claudio X. González Guajardo, agregó que el gobierno de Enrique Peña Nieto cedió ante el “chantaje” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que había amenazado con realizar un boicot a las elecciones intermedias que se celebrarán el 7 de junio. Mexicanos Primero abrió una petición en el sitio Change.org para juntar firmas exigiendo al presidente revertir la suspensión a la evaluación a los docentes. La reforma educativa, aprobada en febrero de 2013 y promulgada en septiembre del mismo año, consistió en cambios a la Ley General de Educación, la creación de la Ley del INEE y cambios a la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la que se contemplan evaluaciones a maestros de educación básica y media superior para optar a promociones.   Revés a evaluación afecta a 400,000 maestros y aspirantes Por su parte, el INEE dijo que esta decisión gubernamental va contra sus competencias y vulnera su autonomía constitucional, además de afectar directamente a 400,000 personas, entre maestros y aspirantes. “Se atenta contra el derecho de casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito”. El órgano autónomo pidió al presidente de la República dé marcha atrás con la suspensión y se respeten los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.  

 

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