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Por Francisco Delgado

Cualquier cambio invita a especular sobre futuros escenarios, pero pocos son tan trascendentes como los que vienen con un relevo gubernamental. A diferencia de los cambios anteriores en México, la nueva administración representa un reto distinto para delinear el futuro, pues incorpora a autoridades con una visión diferente, o hasta contraria, a la de los últimos gobiernos.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder eleva las posibilidades de que ocurran cambios profundos en el devenir económico del país; y, con mayor razón, cuando su partido y otros institutos políticos aliados controlan las cámaras de diputados y senadores, y más de la mitad de los congresos estatales.

López Obrador ha dicho que su gobierno buscará, antes que otra cosa, ayudar a los más necesitados, algo que podría representar un cambio de dirección completo respecto de las directrices de política económica seguidas por administraciones anteriores.

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Algunos especialistas son cautos en lo que el cambio podría traer para las empresas mexicanas y sus accionistas de control; otros respaldan al titular del ejecutivo y ven en sus planteamientos nuevas oportunidades para ciertos sectores y compañías.

En general, lo que prevalece en círculos empresariales y de analistas económicos es una sensación de incertidumbre sobre el futuro económico del país y sus empresas. “Todavía hay cierto nerviosismo respecto de las políticas a seguir, lo que podría estar limitando las decisiones estratégicas de las firmas, a la espera de conocer más detalles de las reglas a seguir”, dijo, en entrevista, un analista bursátil que pidió que no se mencionara su nombre.

En lo que muchos coinciden es que resulta muy probable que haya varias empresas ganadoras, pero también muchas perdedoras o neutras con la llegada de un gobierno que ejerce una nueva óptica económica.

Basados en los esbozos de algunos programas y políticas que el nuevo gobierno ha comenzado a implementar, especialistas ya intentan vaticinar las repercusiones del gobierno en el desempeño de las principales empresas del país y las fortunas de sus accionistas.

Un sector al que ven con buenos ojos es el consumo, por el apoyo que, indirectamente, recibirá del gobierno.

Algunas de las empresas controladas por los hombres y mujeres más acaudalados están en este sector. Es el caso de la operadora de tiendas de conveniencia y embotelladora de refrescos Coca-Cola Femsa, en la que participan mulimillonarios como Eva Gonda de Rivera, Alberto Baillères, los hermanos José y Francisco Calderón y la familia de David Michel González.

También lo es de la productora de pan y botanas, Grupo Bimbo, en la que invierten las familias Servitje Montull y Jorba Servitje, y de la cadena de tiendas de muebles, electrodomésticos y otros artículos, Grupo Elektra, controlada por Ricardo Salinas Pliego.

En el sector consumo, catalogado como resistente en escenarios de incertidumbre, participan muchos de los personajes más acaudalados del país. Francisco Robinson encabeza a la familia Robinson Bours, que controla al productor de huevo, pollo y puerco, Industrias Bachoco; Ricardo Martín Bringas y familia y Armando Martín Soberón y familia son dueños del control de la principal operadora mexicana de supermercados, Soriana. En tanto que Manuel Barragán y familia tienen una importante participación en la segunda mayor embotelladora de refrescos Coca-Cola en Latinoamérica, Arca.

En vista de que una de las promesas del presidente López Obrador destaca el ejercicio de un gasto social “como nunca antes”, se espera una ampliación de las transferencias gubernamentales directas a todas las poblaciones del país.

Algunos de los programas ya comenzaron a entregar fondos: el de aprendices, dirigido a jóvenes que buscan adiestrarse en una empresa; el de incremento de las pensiones para los adultos mayores y el de becas para los estudiantes de educación media superior, ambos con alcance nacional. En esencia, esto representa más dinero para las familias y más poder de consumo de sectores de población específicos.

“Los programas asistencialistas podrían apoyar a tener más dinero disponible en algunos sectores; y eso, generalmente, irá destinado al consumo”, dice Carlos González, jefe de análisis de Monex. “En ese sentido, el consumo puede verse bien hacia adelante”.

No todos serán beneficiados. Lo serán, sobre todo, las empresas de consumo que atienden a la población receptora de los programas sociales. Los analistas prevén que esos recursos se destinen a la compra de electrodomésticos, consumo en restaurantes y adquisición de diversas mercancías, y que favorezcan a las tiendas de descuento, no tanto a las departamentales, y a restaurantes de comida rápida, antes que a establecimientos de comida casual de precio más alto. “Yo me iría por el consumo básico como el ganador, pero, en general, al consumo”, agrega González.

Esto vislumbra buenas perspectivas para la familia Chedraui Obeso, encabezada por Alfredo, y dueña de la tercera cadena de autoservicios del país, Grupo Chedraui, y para la de la familia Hernández Pons, que encabeza Héctor, y es dueña de la productora de alimentos envasados Grupo Herdez. Y no tanto para la familia Michel González, que tiene inversiones en la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool.

Si el consumo, en efecto, se fortalece, como también indican los altos niveles de confianza de los consumidores, otra familia que registraría un crecimiento de su fortuna sería la Fernández y Arizpe, con intereses en Arca.

Futuro incierto

Un poco más incierto es el escenario para compañías como Alsea, de la familia Torrado Martínez, y operadora de marcas tanto de comida rápida, como Domino’s Pizza y Burguer King, como de establecimientos de mayor precio, como Italianni’s y California Pizza Kitchen. Un caso similar es el de La Comer, propiedad de la familia González Nova, que, si bien opera supermercados, también tiene establecimientos como City Market, que atienden a segmentos de población de mayores ingresos.

Otro factor que bien podría beneficiar al consumo es la esperada baja de las tasas de interés de referencia, lo que abarataría el costo del financiamiento para empresas y familias, y, a su vez, incentivaría tanto la inversión como el consumo.

Pero intereses más bajos, por cierto, podrían ser malas noticias para las compañías financieras, y, por tanto, para el patrimonio de Carlos Slim y su banco Inbursa, y de los González Moreno y Carlos Hank Rhon, por sus intereses en Banorte. Antonio del Valle, dueño del Banco Ve por Más también podría resentir la baja de tasas de interés, aunque, en su caso, esa empresa sólo representa cerca de 5% de su fortuna.

“El sector financiero amplía sus márgenes de intermediación conforme suben las tasas”, dice un analista que pidió el anonimato, en referencia a que la mayoría de los especialistas económicos ya no esperan que la tasa de referencia de Banco de México rebase su nivel actual de 8.5%, sino que podría bajar a finales de año o principios de 2020.

Los bancos, sin embargo, tienen un contrapeso cuando los márgenes se reducen, que es ganar más por volumen de colocación de préstamos, de acuerdo con analistas. Los mismos banqueros se han encargado de resaltar el rápido avance del crédito en México, que, en los últimos años, ha crecido entre tres y cuatro veces más rápido que la economía, cosa que quizá no cambie.

El problema, entonces, se centra en cuánto va a crecer la economía mexicana en los próximos años, para, así, saber si se mantendrá la creciente demanda por préstamos hipotecarios, automotrices o personales; o si se reducirá.

Las últimas cifras pronostican una desaceleración económica, tanto para México como para el mundo, lo que podría hacer menos atractivas a las empresas cotizadas en bolsa, ante menores expectativas de crecimiento de ingresos y utilidades.

La política de la nueva administración de llevar servicios financieros a una proporción mayor de la población mexicana es una buena noticia para las fortunas de las familias que invierten en el sector, más cuando, en México, la penetración bancaria no llega ni siquiera a 40% de la población económicamente activa, un porcentaje inferior al de Brasil, Colombia, Turquía o Costa Rica.

Entre las fortunas beneficiadas están la del acaudalado Alberto Baillères, con intereses en seguros y pensiones, y de Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca.

Es poco probable que la mayor inclusión financiera beneficie a todo el sistema bancario, más aun cuando los esfuerzos del gobierno por llevar esos servicios a poblaciones desatendidas pueden apoyarse en empresas de nicho, y no en los grandes bancos del país.

Algunas compañías que podrían ganar clientes, por tanto, son las sociedades financieras de objeto múltiple o firmas especializadas en otorgar micro préstamos. En este sentido, Banco Azteca sí estaría bien posicionado, pues desde su creación, hace 15 años, atiende a los consumidores que adquieren bienes duraderos a crédito en las tiendas de la matriz Elektra.

Eso, más la cercanía de Salinas Pliego con el presidente López Obrador, a quien convenció de formar un consejo asesor empresarial, del que él es miembro, hace pensar que el banco del empresario será un ganador en el presente sexenio.

Por otro lado, el financiamiento que requerirá el gobierno para sus grandes proyectos de infraestructura puede dejar en posición de aprovechar oportunidades a bancos como Banorte, de la familia González Moreno.

La atenuante son las menores perspectivas de crecimiento económico que ven los expertos, y la promesa del presidente López Obrador de no endeudarse a fin de mantener finanzas públicas sanas. Ambas consideraciones podrían poner en riesgo algunos de los proyectos más ambiciosos, como la construcción de una refinería en Tabasco, la edificación de un tren transístmico en los estados de Oaxaca y Tabasco, el Tren Maya que recorrerá la península de Yucatán o la remodelación de la terminal aérea de la capital del país.

En el sector minero participan tres de las mayores fortunas del país, y aquí sí se perfilan cambios regulatorios que pueden impactar en el desempeño de sus empresas: Minera Frisco (de Slim), Grupo México (de Larrea) e Industrias Peñoles (de Baillères). Ello, más la evolución de los precios de los metales en los mercados internacionales, podrían ensombrecer y reducir la riqueza de los tres empresarios que están al frente de esas firmas; eso ya ocurrió el año pasado y provocó que Peñoles, por ejemplo, registrara uno de los peores trimestres en el último tramo de 2018.

El riesgo regulatorio no se limita al sector minero. El escenario de incertidumbre se alimenta del temor a que las reglas de uno u otro sector sean modificadas por el Congreso o el gobierno. “Hoy no sabes, a ciencia cierta, qué regulación va a haber más adelante”, dice un analista consultado.

El temor a un cambio repentino se apoya en la decisión unilateral del nuevo gobierno de cancelar el nuevo aeropuerto de la capital del país en lo que fue el Lago de Texcoco. Un amplio sector considera que la cancelación no se justificaba, sobre todo cuando el gobierno ya había invertido cerca de 100,000 millones de pesos (mdp, unos 5,000 mdd) en un proyecto que tendría un costo anual de 13,300 mdd.

La incertidumbre se exacerbó cuando legisladores de Morena presentaron una iniciativa en el Senado para prohibir el cobro de 12 comisiones bancarias, sin consultarla ni tomar opinión a los bancos. “Todavía hay muchas dudas respecto de la política a seguir por la nueva administración, tanto a nivel del ejecutivo como del legislativo”, dice González, de Monex.

Las empresas que participan en el sector energético, por su parte, podrían padecer la decisión del gobierno de revertir la apertura a los capitales privados para invertir en el sector.

Es prematuro para saber cuál será la evolución de las fortunas de los hombres y mujeres más acaudalados de México, pero cambios habrá… Ya empezaron.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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