La presidenta no ha logrado consolidar los avances de Lula ni dirigir la bonanza económica para convertir a su país en una potencia cívica. Hoy, las calles se lo reclaman.

 

De acuerdo a la Organización de  Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Brasil se mantiene en el índice de los países con mayor crecimiento económico de acuerdo a su producto interno bruto (PIB), en el sexto lugar de las economías más importantes del mundo. ¿Qué impulsa entonces a sus habitantes hacia las multitudinarias manifestaciones de los últimos días? El problema reside en la diferencia entre una potencia económica y una potencia cívica.

Mientras que en la primera los indicadores son económicos, en la segunda los indicadores tienden a la defensa de los Derechos Humanos y la democracia. Conciliar ambos conceptos no es tan sencillo, prueba de ello son la Unión Europea y Brasil, que intentan a marchas forzadas lograr que el crecimiento económico impulse al crecimiento social para erigirse, además de potencias económicas, en potencias cívicas. ¿Qué nos hace recordar que el rumbo hacia ello es el correcto? Las miles de voces de ciudadanos que conforman la opinión pública, y que pueden trascender en verdaderos movimientos sociales.

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Hasta ahora lo visto en las manifestaciones en Brasil y en la plaza Taksim de Turquía, por ejemplo, son la conformación de la opinión pública y no aún de movimientos sociales.

Mientras que en Turquía las manifestaciones son para impedir se construya un centro comercial en un emblemático parque, en Brasil la inconformidad nace de diversos aspectos, como la intención del incremento de precios al transporte, el escandaloso dispendio público en eventos futbolísticos y deportivos (se han invertido 14,000 millones de dólares en infraestructura), la intención de disminuir facultades de investigación a ministerios públicos respecto de determinadas agencias que salvaguardarían los derechos de delincuentes de cuello blanco (Propuesta de Enmienda Constitucional PEC-37), el incumplimiento de Dilma Roussef de promesas, como la de destinar el 100% de los recursos de la explotación petrolera en educación, así como la falta de atención médica en todo el territorio (el quinto más grande del planeta), todo ello pone a Brasil al borde de una de sus peores crisis sociales en los últimos veinte años.

Roussef enfrenta, además de lo anterior, el reto de la herencia de su antecesor Lula da Silva, quien de 2003 a 2010 se dedicó a la construcción de una ambiciosa agenda de política exterior y un programa social que sacó de la pobreza a más de 30 millones de personas en Brasil, por lo que a la actual presidenta le corresponde mantener esa agenda y consolidar de forma progresiva los programas sociales iniciados, su capacidad negociadora con actores involucrados y la sociedad en su conjunto está a prueba.

Sin embargo, el mayor reto de negociación para la mandataria será enfrentar a los movimientos sociales y a la opinión pública de Brasil, que en el fondo no buscan detener la integración económica, sino tratar de influenciar en ésta para hacer que impacte en el desarrollo social y económico de más gente.

En este sentido, los movimientos sociales intentan responder a los problemas sociales con soluciones sociales partiendo de la idea de que una comunidad social es una buena realidad que no puede reducirse a lo político ni a lo económico, lo que debe revisarse en Brasil y aquellos países donde las manifestaciones exceden al control del Estado, es la interacción del ciudadano con los órganos de poder para buscar soluciones al unísono, pues en el Estado democrático, la participación construye a la potencia cívica.

Esto lo han entendido aquellos grupos que han trascendido de la opinión pública a la conformación de verdaderos movimientos sociales que pugnan y en ocasiones logran con sus acciones un cambio, como se demostró con las organizaciones sindicales de Brasil y otras organizaciones sociales que suscribieron la declaración del Foro de Nuestra América que marcó el surgimiento de la Alianza Social Continental en 1997, o con la segunda reunión de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSC) y el Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA) en ocasión de la Cumbre de presidentes de América Latina realizada en Brasilia durante el año 2000, o durante las protestas en la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea que cuestionaron las inversiones europeas en sectores claves de la economía durante 2004.

Las manifestaciones actuales en Brasil son una mezcla de agotamiento ante lo hecho y lo no hecho. Los pactos propuestos por Dilma Roussef para combatir la crisis social deberán ser resueltos a la brevedad, de lo contrario los brasileños pasarán de la alegre samba, al melancólico y nostálgico canto del fado.

Contacto:
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Email: [email protected] [email protected]

 

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