Como un guionista que prepara a los televidentes para la muerte de uno de los protagonistas más queridos de la telenovela (larga agonía en el hospital, por ejemplo), el gobierno está armando claramente la tragedia del recorte que le espera a las pensiones.

 

Por Sergio Negrete Cárdenas

Es muy sencillo: no puede pagar lo legalmente prometido a millones de adultos (unos 26, nada menos) que conforman la llamada “generación de transición”. Esto es, aquellos que pueden optar por una pensión bajo la correspondiente Ley del IMSS de 1973 (y que lo harán salvo que estén locos de remate). En otras palabras, aquellos que empezaron a trabajar y cotizar en el IMSS antes del inicio del actual Sistema de Ahorro para el Retiro, a mediados de 1997.

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Hace pocos días que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un análisis detallado al respecto. Pero la OCDE publica muchos estudios sobre México. El gobierno rara vez destaca, y menos necesariamente sigue, una recomendación de dicho organismo. Se puede pensar en conspiraciones e incluso alegar que el gobierno solicitó a la OCDE (encabezada, después de todo, por un ex secretario de Hacienda de México, José Ángel Gurría) el análisis de marras. Lo cierto es que, con toda rapidez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de su vocera, lo caracterizó como “una excelente base técnica para iniciar un diálogo social y político en materia pensionaria…”

En los días subsecuentes, líderes empresariales demandaron al presidente Peña iniciar una discusión a fondo sobre el tema. La mesa, así, está puesta para que el titular del Ejecutivo hasta se haga el sorprendido y acceda a la demanda. O, mejor todavía, adopte una clara posición de liderazgo y solicite a su área jurídica empezar a trabajar, ya, en la iniciativa de ley necesaria para transformar las recomendaciones de la OCDE en una realidad legal. Por ejemplo, que la legislación se discuta y apruebe en el Congreso durante 2016, de preferencia en el primer periodo ordinario de sesiones. De ser así, podría entrar en vigor el 30 de junio o, en extremo, con el arranque de 2017. Sería una reforma, otra más, por parte de la administración peñista.

Pero no será nada fácil. Privatizar la explotación petrolera era algo delicado por los sentimientos nacionalistas, pero recortar las pensiones de 26 millones de personas (más dependientes directos) es golpear en donde más duele: en el bolsillo. No puede descartarse una dura pelea legal (incluyendo, por supuesto, a millones buscando amparase en contra de las nuevas disposiciones), además de que la oposición política (desde el PAN y PRD hasta Morena) busquen sacar raja política del asunto, incluso oponiéndose a toda propuesta que implique recortar un centavo de las pensiones (es importante recordar que el olfato político de un Andrés Manuel López Obrador está en relación inversamente proporcional a la sensatez económica).

Así, el reto político y social es formidable. ¿Está el gobierno a la altura? Por lo menos lo ha estado, como quedó claro en las diversas reformas aprobadas bajo los acuerdos del Pacto por México en 2013-2014. Sin embargo, esos profundos cambios no impactaban las expectativas de millones en torno de su ingreso para la vejez.

¿Qué debe hacer la administración peñista? Primero, no andarse por las ramas: se van a recortar las pensiones porque no hay recursos para cubrirlas, punto. Se puede hablar de “fortalecer” el sistema de pensiones, lo que sería cierto, pero no hay manera de engañar a millones con eufemismos que sólo ofenden. Lo segundo es tratar de construir la más amplia coalición política posible, en cierto modo revivir el Pacto por México, para asegurar la aprobación legislativa (y eventualmente el apoyo judicial) de todo aquello que se proponga.

Pero hay otro elemento igualmente importante. Si, por ejemplo, el primer día de enero de 2017 entra en vigor un nuevo sistema, entonces debería ser parejo, esto es, meter al nuevo sistema a los privilegiados trabajadores del Estado, desde trabajadores de Pemex hasta los ministros del Poder Judicial. Lo que es parejo no es chipotudo, y las pensiones en México están actualmente pletóricas de chipotes, con algunos que ofrecen ingresos para el retiro verdaderamente principescos.

La mejor etapa de la presidencia de Peña transcurrió bajo el reto y presión de reformas ambiciosas y que parecían imposibles. A casi la mitad del sexenio, tiene tiempo para retomar la iniciativa con una reforma tan necesaria como impopular. Por lo pronto, alrededor de 26 millones de personas deben irse haciendo a la idea de que no van a tener la pensión a la que tenían derecho por ley.


Sergio Negrete Cárdenas es Doctor en Economía. Profesor-Investigador del ITESO. Investigador Asociado del CEEY. Ex funcionario del FMI.

 

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