Los tres estados que concentran la crisis del sistema educativo nacional son Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los bastiones de la disidencia magisterial.

 

Cuando Antonio Rivas Mercado trazó la columna monumental que conmemoraría el centenario de nuestra Independencia, era improbable que algún día, justo a los pies de la estatua que representa la Justicia, habría una pinta que manifestara: “La justicia llegará cuando la sangre del burgués comience a correr.”

El azoro del Oso Rivas Mercado hubiera sido mayor al saber que el emisario del mensaje en aerosol cobra como maestro en una escuela pública. No es nostalgia porfiriana ni asombro conservador: es el país en el que la disidencia magisterial pasa, literalmente, por encima de la justicia.

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Corrección política y filtro mediático

Pasará una generación antes de que seamos capaces de dar cuenta de los estragos que la corrección política ha hecho en México. Condenar las acciones vandálicas y el chantaje sistemático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es, para efectos prácticos, un acto de clasismo burgués, de velado racismo, de distancia con las causas sociales.

Lo políticamente correcto es decir –y escribir, desde luego– que los “mentores” protestan por un salario digno, que los “docentes” se manifiestan pacíficamente, pero los infiltrados (esa extraña especie expiatoria) manchan mediáticamente sus acciones. Lo políticamente correcto es gritar “¡represión!”, aprovechando que el régimen ha tocado su punto más bajo en términos de credibilidad y confianza.

Sin embargo, lo políticamente correcto poco tiene que ver con la realidad política y educativa del país. Más allá de las pintas que abogan por el sacrificio del burgués como mecanismo de procuración de justicia y calidad educativa, lo cierto es que la CNTE y sus ramificaciones regionales han rebasado los límites, y el gobierno no tiene la legitimidad política para contenerlos.

 

Hechos y números

México es el país peor evaluado de la OCDE en materia educativa, lo cual no es ninguna novedad. Un alumno promedio en Japón tiene el mismo desempeño que un alumno sobresaliente en México. Tres estados concentran la crisis del sistema educativo nacional: Michoacán, Guerrero y Oaxaca. La prueba PISA de 2012 no arroja números en Michoacán y Oaxaca, dado que no logró el 65% mínimo de escuelas evaluadas. La correlación entre desigualdad y educación es particularmente dramática en Oaxaca, donde el coeficiente de Gini es de .44 y el promedio de escolaridad es de 5.63 años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), correlación que se hace aún más grave cuando se inserta la variable de género (coeficiente de Gini a nivel estatal para las mujeres de .47). En suma, los estados que más necesitan a sus profesores, son aquellos en los que priva el ausentismo; las entidades que concentran el mayor rezago, son los bastiones de la disidencia magisterial.

 

El problema político

Uno de los grandes aciertos mediáticos de la CNTE fue el fusionar la narrativa de resistencia a la reforma constitucional en materia educativa, con la consigna de buscar justicia para las víctimas de la trágica noche de Iguala. La primera bandera poco le importa al grueso de la población; la segunda, es irreprochable en la forma.

Ante ello, los gobiernos han actuado como comparsas: Gabino Cué les entregó el gobierno de Oaxaca, Rogelio Ortega (para quien justificadamente no lo sepa, es gobernador de Guerrero) oscila entre el pavor y la simpatía, y Michoacán les canaliza –de acuerdo con una declaración del ex comisionado Alfredo Castillo– 50 centavos de cada peso que hay en las arcas públicas. Miguel Ángel Mancera les permite absolutamente todo desde el prístino pedestal de la tolerancia, y el gobierno federal los transforma en interlocutores y beneficiarios de plazas y recursos públicos. La CNTE es la hidra de 10,000 millones de pesos.

De facto, el poder público ha manifestado el síndrome de Estocolmo: a quien le acorrala, secuestra y amenaza, le da más dinero, espacios y privilegios. Se ha tratado a la CNTE como si se tratara de Antorcha Campesina; se ha alimentado a un cocodrilo –citando a Winston Churchill– esperando que nos coma al último. El problema primordial es político, antes que educativo.

 

3 razones para ser maestro disidente

Esta administración encarceló a Elba Esther Gordillo, personificación del dique al cambio en el sistema educativo nacional, e impulsó una reforma educativa centrada en una evaluación vinculante que promoviera la calidad. Hizo lo más difícil mientras detrás de cámaras, y de forma simultánea, alimentaba la contrarreforma educativa cediendo a la estrategia de presión política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La reforma constitucional no ha podido implementarse por completo, la maestra Gordillo probó desde su cautiverio ser solamente el síntoma de una enfermedad estructural, y la CNTE se transformó en el mayor foco de ingobernabilidad en México, con la capacidad para poner en duda comicios locales e inmovilizando a los gobiernos de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

La lección es la siguiente: a los maestros se les evalúa, premia o castiga, y se les retienen impuestos. A los maestros disidentes no se les evalúa, se les premia por asistir al 80% de las protestas, y se les permite –si la causa lo amerita– quemar instalaciones públicas, vejar policías, lanzar piedras a los automovilistas o pintarrajear monumentos históricos.

Premio, ascenso y permiso. Tres grandes razones para ser maestro –disidente, claro– en el país que impulsó la reforma constitucional para que, en teoría, se premiara a los docentes, ascendiera a los mejor evaluados, y permitiera que la calidad educativa nos sacara del abismo en los comparativos internacionales.

¡Qué paradoja de la historia! Para José Vasconcelos, la escuela pública era un vehículo de movilidad social que jamás contemplaría “sangre burguesa” corriendo.

 

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