Este texto fue publicado originalmente el 11 de julio de 2017.

Javier Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés, Elba Esther Gordillo y Andrés Granier son sólo algunos de los políticos que en los últimos años han protagonizado escándalos de corrupción.

Este fenómeno, además, parece crecer en el país con el surgimiento frecuente de nuevas acusaciones en los distintos órdenes de gobierno.

¿Qué hace posible que esta problemática sea una de las características de la vida política del país?

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Cinco causas fueron identificadas en entrevistas por los académicos Fernando Nieto, doctor en Sociología y profesor del Colegio de México (Colmex), y Jesús Cantú, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

  1. Debilidad institucional. Las reglas del juego en la administración pública no se cumplen pues son fáciles de romper.
  2. Normas sociales. Existe un ambiente de corrupción normalizada, pues se entiende que está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción.
  3. Falta de contrapesos políticos. No hay una oposición ni congresos activos que vigilen a los poderes ejecutivos; en las instancias locales tampoco existen los checks and balances, pesos y contrapesos.
  4. Ausencia de un sistema de rendición de cuentas. No hay estructura integral que abarque desde la documentación de los procesos de toma de decisiones hasta la revisión del ejercicio del dinero público.
  5. Impunidad. La falta de órganos autónomos sancionatorios dejan sin castigo los actos de corrupción.

 

Prevención, el antídoto

Hasta ahora, la lucha anticorrupción se ha concebido en México como una lucha de castigos, se han creado leyes e instituciones con la lógica de imponer castigos ejemplares y esto no ha sido efectivo, advirtió el académico Nieto.

“Lo que sí funciona es la prevención”, agregó.

Programas de sensibilización y un sistema educativo deben ser la base del combate, planteó.

Con respecto al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), tanto Nieto como Cantú consideraron que es un buen avance para el país, pero falta aún aterrizar los instrumentos específicos para la implementación del Sistema.

Aunado a esto, debido a la falta de acuerdos políticos, se han quedado atoradas en el Congreso de la Unión leyes reglamentarias indispensables, como la Ley de Archivos y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, señaló Cantú.

 

Tecnología, ayuda eficaz

Herramientas de gobierno electrónico pueden ser de gran utilidad en el combate a la corrupción, mencionaron los investigadores.

Nieto comentó que alguna app que elimine el contacto directo de ciudadanos con funcionarios públicos puede ayudar a erradicar prácticas como las “mordidas”.

A su vez, Cantú señaló que un sistema de contabilidad del presupuesto público que se actualice en tiempo real sería eficaz para detectar desvíos de dinero, por ejemplo.

Sin ser la panacea, el diseño de una política pública que guíe los esfuerzos tecnológicos sería de gran utilidad, sentenció Nieto.

 

Doble cara en la ciudadanía

La sociedad se ha integrado paulatinamente a la lucha anticorrupción; en ese marco, la creación del Comité de Participación Ciudadana del SNA es prometedora, sostuvo el profesor del Colmex.

Sin embargo, agregó, a los ciudadanos de a pie no se les ha incluido en el diseño de la política anticorrupción e incluso hay una doble cara en ellos.

Los actos de corrupción “cotidianos” –los relacionados con trámites, con incidentes de tránsito– no se perciben como actos de corrupción, sino como actos de supervivencia, de inteligencia práctica, alertó Nieto.

“La gran mayoría de los mexicanos condena la corrupción, pero también percibe un valor práctico en ella”, lamentó el académico.

Mientras la educación no cambie esto, consideró, poco se podrá hacer para erradicar la corrupción en este nivel.

 

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