Por Ricardo Bucio* “Sólo quiero estudiar y trabajar cuando sea grande, trabajar de lo que sea”. “A mi mamá ya la tenía amenazada la mara”. “Mi papá no está, a él lo mataron”. Son frases de testimonios de niñas y niños centroamericanos que están en albergues en México o viajan en la llamada Caravana Migrante, en la que han ingresado al país miles de personas, incluyendo un alto porcentaje de mujeres y menores de 18 años. Ellas y ellos tienen derechos desde el momento en que ingresan a México, de acuerdo con la Constitución, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Ley de Migración. Y las autoridades federales, estatales y municipales deben brindarles garantías, sin importar su calidad migratoria. Vengan o no en compañía de adultos. El primer paso para garantizar sus derechos es asegurar su protección, pues son más vulnerables a la violencia, a ser víctimas de delitos cometidos por el crimen común o al crimen organizado, o a situaciones de abusos, de acoso, a tratos crueles o degradantes. Desde hace muchos años he tenido la oportunidad de visitar albergues para personas migrantes en muchos lugares del país. Siempre he encontrado historias de personas con carencias, con sufrimiento, muchas con familias fracturadas. Pero también son historias de personas con esperanza, llenas de fuerza y empeño por mejorar sus vidas, y a veces simplemente preservarlas. Y cada albergue siempre está rodeado de solidaridad ciudadana, de manos solidarias, de apoyos anónimos, de experiencias de humanidad. Eso mismo he visto y he escuchado en los últimos días, directamente y a través de una experiencia compartida. Visité los albergues establecidos en Tapachula, Chiapas, para quienes deciden tramitar refugio en México. Allí reciben atención, mediante servicios organizados por el gobierno federal, estatal y municipal, en conjunto con organismos internacionales como UNICEF y ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), y con organizaciones de la sociedad civil. Hay un complejo mecanismo de ayuda humanitaria que se ha puesto en marcha en muy poco tiempo, a través de servidores públicos que más allá de las obligaciones legales y las tareas que tiene que cumplir, también son personas encontrándose con personas. Pero el esfuerzo es aún insuficiente, pues las necesidades de quienes migran son muchas, los recursos escasos, las prioridades presupuestales son otras, las tensiones políticas grandes, las presiones internacionales fuertes, las lógicas de actuación de las autoridades inerciales, y muy complicada la indispensable coordinación y articulación interinstitucional. Y todo ello tiene un efecto en la vida de esas niñas, los niños y los adolescentes; se genera miedo e incertidumbre, no se entiende bien la situación ni se tiene información adecuada a su edad, no hay mecanismos suficientes de contención o de procesamiento emocional, aun y cuando están en espacios, quizá por primera vez en mucho tiempo, libres de violencia. En esta coyuntura extraordinaria de migración se requieren acciones y recursos extraordinarios, públicos (presupuesto, mejor marco legal, fortalecer instituciones y coordinación), y privados (solidaridad, no discriminación, empleo, acogida). Sólo así los sueños de las niñas y niños que sólo quieren estudiar y trabajar, vivir en paz, podrán ser más fuertes que sus temores y serán impulso para un cambio de vida, un mejor presente y mejor futuro. *Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes   Contacto: Twitter: @ricardobucio Página web: www.gob.mx/sipinna Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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