Desde hace varios años y con la bandera de una supuesta defensa de la transparencia y el acceso a la información, para la opinión pública la trama en la que se ha visto envuelto Julian Assange pasó del mundo de los hackers y los activistas sociales al de las figuras políticas polarizantes, incómodas y que proponen como un dilema ético los matices de la libertad de expresión.
Assange es precursor de la posverdad, de la exacerbada necesidad de revelar secretos de Estado y de una opinión pública disruptiva y ávida de información.
Desde agosto de 2012, Assange goza de asilo político en la Embajada ecuatoriana en Londres y más allá de las implicaciones propias del caso, hoy se pone nuevamente en la mesa de debate gracias a la reciente confirmación de su extradición a los Estados Unidos.
La sombra rusa también ha recaído innumerables veces sobre Assange y Wikileaks, pues dentro de las interrogantes que tendrá que despejar durante su juicio, está el constante cuestionamiento sobre su posible vínculo con el presidente ruso, pues hasta ahora, poco o nada se ha ventilado sobre temas militares o de interés nacional para ese gobierno.
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En los años que tiene activo este caso, se ha generado una amplia polarización y diversos frentes de debate y argumentación. Uno de ellos es la violación a los derechos humanos, y puntualmente la violación al derecho de expresión y libre prensa; también ha propiciado el surgimiento de amplios grupos de apoyo, numerosos premios internacionales y hasta la sugerencia de su nominación por seis años consecutivos al Premio Nobel de la Paz.
De darse la formalización de las acusaciones a Julian Assange y su criminalización como periodista extranjero por violar las leyes de secrecía estadounidenses, no sólo estarán fuera del orden constitucional y de cualquier precedente jurídico; sino que además constituirán en sí mismas un peligroso precedente para la libertad de expresión para los periodistas estadunidenses, y podrían abrir la puerta a la conducción de investigaciones criminales hacia sistemas de noticias que actualmente son señalados de violentar las leyes de secrecía con el objetivo de hacer pública información vital para el interés público (y no necesariamente valiosa para el interés nacional).
No obstante, salir deliberadamente a la defensa de la libertad de expresión cuando México está catalogado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, es un sinsentido, una incongruencia desde cualquier ángulo. Incluso desde la aparente Doctrina Estrada que se ha desgastado tanto en la retórica pero que ha estado ausente de forma importante para lograr posicionamientos políticos que favorecen la agenda personal y no los asuntos verdaderamente apremiantes de la agenda nacional.
Proponer el desmantelamiento de la Estatua de la Libertad es tan absurdo como pensar que llevando los programas sociales nacionales a otros países pondrá fin de una vez por todas a las aberrantes tragedias como la vivida al interior de un tráiler en Texas.
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