Hay ejemplos inspiradores, pero al final son excepciones y no la regla. En Centroamérica brillan por su ausencia las políticas públicas para impulsar la innovación, pero también el desinterés de empresas y autoridades.

 

Por Abril Rodríguez y José Juan Arizmendi

Ellas no lo saben, pero Juan Almendárez y Orlando Peralta cambiaron la vida de 350,000 mujeres nicaragüenses que padecen cáncer cervicouterino, gracias a que un software suyo transformó la estrategia gubernamental para combatir este padecimiento, lo que, además, desplomó de 3,500 dólares a tan sólo 90 el costo de cada tratamiento.

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El cáncer cervicouterino tiene una tasa de mortandad de 39.9%, es decir, fallecen cuatro de cada 10 mujeres que lo padecen. En ese año, fue el responsable de la muerte de 250,000 mujeres en América Latina.

Juan, médico de profesión, y Orlando, pioneros de la fundación Movicáncer Nicaragua, se aliaron con la Universidad Autónoma de Nicaragua —donde Juan se desempeña como profesor del área de posgrado— para desarrollar el software Sivipcan, que en un principio buscaba crear una base de datos con información de citología cervical que derivara en un sistema de farmacovigilancia de lesiones precursoras de cáncer.

Su impacto fue tal que el Ministerio de Salud de Nicaragua lo ha tomado como política pública y adquirió el rango de Atención Primaria de Salud. Hoy en día, después de varias versiones mejoradas del software, las autoridades sanitarias pueden saber datos como la magnitud de la enfermedad, las regiones donde ataca con mayor intensidad, la edad promedio de las mujeres y la tasa de mortandad. Gracias a esta información, el gobierno ha trazado una estrategia preventiva para combatir esta patología.

Lamentablemente la historia de éxito basada en modelos de innovación de Orlando Peralta y Juan Almendárez parece ser una aguja en un pajar llamado Centroamérica, y las evidencias opacan esfuerzos similares.

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No todo florece

Las empresas de base tecnológica en la región se cuentan con los dedos de la mano. Ramón Padilla, oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), sede subregional en México, asegura que en algunos países de Centroamérica, como Honduras y Nicaragua, este concepto es prácticamente inexistente. Los gobiernos de los países que integran la región han hecho tímidos esfuerzos por impulsar un sistema de innovación regional, y ninguno ha trascendido. Quizá el mayor de todos fue la creación, en 1975, de la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (CTCAP), como el organismo que debe impulsar las políticas de integración de ciencia y tecnología; pero, a decir de Ramón Padilla, éste ni siquiera tiene presupuesto propio y sus esfuerzos carecen del impacto para crear políticas de Estado.

El especialista hace un recuento de las que, a su juicio, son las principales causas de este rezago tecnológico: escasa inversión pública y privada en ciencia y tecnología, una desarticulación entre gobierno, empresas y universidades, y, en general, poca cultura innovadora.

Sin embargo, dice, es desatinado juzgar a todos los países por igual, pues incluso en la zona hay disparidades en esta materia. Costa Rica y Panamá, por ejemplo, son modelos que deben replicar los gobiernos de la zona, pues son los que cada año invierten más dinero en infraestructura y recursos humanos para impulsar la innovación tecnológica. En contraparte, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras —sobre todo estos últimos— tienen una política científica que raya en el desastre.

Costa Rica, por ejemplo, es el que más gasta en ciencia y tecnología —0.47% del Producto Interno Bruto—, de acuerdo con comparativos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt). En el resto, el presupuesto es irrisorio: Guatemala (0.04%); Honduras, cuya última cifra disponible es de 2004, también eroga 0.04%; El Salvador (0.03%); y Nicaragua, con datos a 2002, gastaba 0.04%.

Esta estadística rezagada, dice Padilla, ejemplifica la poca importancia que los gobiernos, las empresas y las universidades le dan a la innovación tecnológica en la región.

“Los países centroamericanos tienen estadísticas débiles en todos los temas, pero en la parte de ciencia y tecnología aún más”, puntualiza.

En términos prácticos, este bajo presupuesto significa que las universidades e instituciones educativas deben dejar de construir laboratorios, centros de investigación y prescindir de científicos, entre otras medidas, lo que frena los proyectos de vinculación con las empresas, que al final son el eslabón con la capacidad de llevar estas innovaciones al mercado y producirlas a escala industrial.

Para muestra: El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt) emplea apenas a unas 16 personas y tiene un presupuesto anual de 800,000 dólares, que en su mayoría va para gasto corriente, dice Padilla. Su contraparte mexicana, el Conacyt, este año tiene un presupuesto asignado de 33,700 millones de pesos, unos 2,100 mdd, según cifras oficiales.

En Guatemala, el presupuesto para ciencia ronda los dos millones de dólares cada año, una cifra que es menor, incluso, a lo que destina la Unión Europea a cada uno de sus programas de vinculación entre universidades.

“En el caso de Guatemala, si quitas lo que va a gasto corriente, te quedan 15,000 dólares por proyecto. ¿Qué tipo de innovación puedes hacer con eso?”, cuestiona Padilla.

 

Culpas compartidas

The Gluten Free Factory es una firma costarricense con siete años en el mercado, que desarrolla premezclas libres de gluten para pan, pizza, pancakes o waffles y brownies. Su formación es resultado de un proyecto de investigación de Paulo Díaz, su fundador, mientras estudiaba Ingeniería en Alimentos en la Universidad de Costa Rica.

Entre sus clientes están Walmart, Automercado, Locatel, los hoteles Westin, Hilton, Marriott, así como algunos fabricantes locales de alimentos.

El proyecto de Paulo Díaz ganó el Concurso Nacional de Emprendedores del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con lo que se convirtió en una compañía del Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIETEC), organismo que le dio el apoyo para la formulación y fabricación de sus productos.

La compañía de Díaz —que ahora es de tipo familiar y emplea a 11 personas— ha ganado diversos premios y reconocimientos en concursos de emprendedores e innovación.

Pero Paulo Díaz lo reconoce: sin el apoyo del gobierno y las instituciones educativas, la historia sería otra, una de frustración y fracaso, seguramente.

“Costa Rica se ha abierto al campo de la innovación”, dice el empresario. “Actualmente se han creado más incubadoras de empresas, hay más apoyo de instituciones que apoyan el emprendimiento y la innovación”.

The Gluten Free Factory decidió apostar a su proyecto con inversiones en formulaciones, maquinaria y equipo para arrancarlo, pero de nueva cuenta su historia no es un común denominador.

Ramón Padilla dice que la escasa inversión que destinan los países de la zona en innovación tecnológica es parte de una responsabilidad compartida entre las empresas, las universidades y, por supuesto, las autoridades.

Los gobiernos de América Latina, dice Padilla, deben lidiar con un problema: una recaudación fiscal promedio de 15% de su pib, lo que en automático limita los recursos públicos para los programas económicos y sociales que debe atender.

Pero, de nueva cuenta, en países como Suecia, Corea del Sur, Estados Unidos, que destinan más de 3% de su pib en esta materia, las empresas aportan hasta 60% de ese gasto. En Centroamérica, de lo poco que se destina, la iniciativa privada apenas participa con 20%.

El problema es que, muchas veces, las empresas no saben cuánto y en qué deben invertir cuando piensan en innovación, asegura Fabián González, director general de Clarke Modet, una firma de consultoría especializada en patentes y propiedad intelectual.

El especialista asegura que un indicador para determinar el grado de inversión que una empresa debe hacer en innovación tecnológica puede ser el porcentaje de las ventas que corresponde a los productos nuevos que introdujo al mercado.

Sin embargo, comenta que las compañías no destinan grandes presupuestos en esta materia porque tienen una visión de corto plazo, lo que contrasta con el espíritu de la innovación, que exige paciencia para encontrar resultados de manera paulatina.

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Esfuerzos para crear

Brasil es el único país de América Latina que invierte más de 1% de su PIB en ciencia y tecnología; y, a decir de Ramón Padilla, “le va bastante bien”. Tiene dos empresas, Petrobras (hidrocarburos) y Embraer (fabrica aviones) de base tecnológica que compiten en investigación y desarrollo con cualquier firma de su ramo a nivel mundial. Pero, de nueva cuenta, son excepciones y no la regla.

Para revertir esta condición, en 2011, la firma Innovamérica lanzó el primer concurso de innovación para premiar a los emprendedores de América Latina que hicieran esfuerzos de vinculación con universidades y centros de investigación para crear productos y servicios que tuvieran un impacto económico y social.

Magda Canals, directora ejecutiva del Premio Innovadores de América, comenta que es una plataforma de integración para promover la innovación como un motor de desarrollo sostenible en la región.

Han celebrado dos certámenes, en 2011 y 2014, en los que recibieron, respectivamente, 809 y 845 proyectos de 21 países, entre ellos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

César Cuello, jurado del premio, asegura que se busca reconocer aquellos proyectos novedosos que demuestren tener un impacto positivo en la sociedad; “Partimos de eso para que (los participantes) no nos manden sólo una idea. Una idea no es innovación”.

 

Sí es rentable

Demetrio Díaz transformó una empresa productora de abono orgánico, en una firma que desarrolla algunos de sus productos a partir de aplicaciones nanotecnológicas. Lo logró en 15 años. Sucedió en 1998, cuando su padre, Carlos Díaz, visitó una planta de abono orgánico en Canadá para replicar ese modelo en Boquete, Panamá, donde residía.

“Vivíamos en una zona agrícola, y mi padre quería atenderla con productos que no contaminaran el suelo”, recuerda Demetrio Díaz, hijo de Carlos y actual director de la compañía Aboquete.

Demetrio estudiaba la universidad en 2000, cuando su padre lo invitó a incorporarse a la empresa. La única condición que puso al ofrecimiento fue libertad para hacer cambios. “Le dije a mi papá que necesitábamos ser ágiles, innovar, atrevernos a cambiar el modelo de la empresa”.

Cuando Demetrio Díaz tomó las riendas de Aboquete, la empresa sólo fabricaba un producto.

“Ampyme nos apoyó para armar un plan de negocios, y con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario vimos la aplicación de estas tecnologías en diferentes cultivos”.

A partir de estos apoyos amplió la gama de productos para el campo y empezó a producir, además de abono orgánico, tierra negra abonada y humus de lombriz, un fertilizante especial para mejorar las propiedades físicas de la tierra.

En 2005, Díaz impulsó un laboratorio de bioprocesos para el control de insectos plaga.

A finales de la década pasada, el empresario escuchó sobre las aplicaciones de la nanotecnología, la manipulación tecnológica de los materiales a nivel átomo y molécula.

Gracias a una beca que le otorgó la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, viajó a la Universidad de Berkeley para asistir a un curso de innovación y emprendimiento. Ahí conoció a Gustavo Núñez, entonces presidente de la firma Nano Dispersions Technology.

De este encuentro surgió una alianza para hacer investigación y desarrollo, y luego, “cuando vimos el potencial de mercado empezamos una alianza comercial y fundamos Advanced Bio Controllers”.

Gracias a esa transformación tecnológica, los ingresos de Aboquete (su compañía inicial) crecieron 1,100% en 15 años y ha exportado sus productos a Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y próximamente Colombia.

Ramón Padilla cita a Corea del Sur como el caso que deberían replicar los gobiernos de Centroamérica.

Datos de la ricyt muestran que ese país asiático destina más de 4% de su PIB a innovación tecnológica, pero no lo hizo de la noche a la mañana. A principios de los 50, cuando sucede la guerra de Corea, ese país, meramente agrícola, hizo de la innovación su política de Estado. En ese momento, el ingreso per cápita de sus habitantes era apenas una décima parte de lo que reportaban los ciudadanos de EU.

Para la década de los 80, sus empresas, universidades y gobierno ya destinaban 0.57% del PIB en I+D, y el año pasado ya superaban 4%. En ese lapso, alcanzó a Alemania con unas 13,000 invenciones registradas en la oficina de patentes en EU, reportó crecimientos anuales de 7 y 8% y el ingreso per cápita ya es 70% del de EU.

Si Corea fue capaz de hacerlo, incluso después de salir de una guerra, sobran los pretextos para comenzar a copiar su modelo.

 

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