Si el gobierno restringe el desarrollo de vivienda con las reglas que presentará, básicamente estará restringiendo la libertad con la que un desarrollador podrá erigir casas baratas.

 

 POR CARLOS MOTA

 

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Me dice una persona –afectada porque tiene una casa de descanso en Morelos, cerca de un desarrollo con cientos de casas de interés social de Corporación Geo–: “Luis Orvañanos fue un atascado”, con lo que quiere decir que él es uno de los principales responsables de la debacle que vive el sector de construcción de vivienda, por haber privilegiado un modelo de negocio expansivo y sin responsabilidad.

En su opinión, el complejo de casitas de interés social está mayoritariamente abandonado y ahora es refugio de delincuentes y malandrines; y, de eso, dice, tiene responsabilidad Geo por no haber hecho las cosas con la adecuada planificación.

Muchas cifras de diferente naturaleza han inundado de malas noticias al sector. Primero apareció la estratosférica cifra de “cinco millones” de casas abandonadas en el país, que después fue rebajada a “cuatro millones” (algo que de cualquier forma es mucho). Pero nadie ha dicho si todas estas casas fueron construidas del año 2000 a la fecha, cuando inició el boom inmobiliario y vivieron su expansión Geo, Ara, Urbi, Sare y decenas de empresas de menor tamaño.

Datos hay muchos, que reflejan los síntomas del sector. El último de ellos, al cerrar esta edición de Forbes, fue sobre la desarrolladora Homex, de Eustaquio de Nicolás, que decidió vender su negocio de inmuebles penitenciarios a la firma Ideal, de Carlos Slim, en 4,000 mdd, de los cuales la mitad los usará para pagar deuda. Ese era un negocio que le interesaba mucho a Homex, pero decidió recomponer sus finanzas. Días antes, Urbi, la firma de Cuauhtémoc Pérez Román, contrató a Rotschild para reestructurar su deuda. Las caídas en los precios de los títulos de todas estas firmas han sido dramáticas.

¿Qué está pasando? ¿Es solamente que el gobierno federal privilegiará la construcción de vivienda de interés social vertical, con lo cual las extensas reservas territoriales de estas firmas valen ahora una bicoca? ¿Acaso se engolosinaron con los créditos que dio el Infonavit en los sexenios panistas?

Si tuviéramos que identificar a los responsables de esta debacle tendríamos que elegir entre: (1) las empresas desarrolladoras; (2) el gobierno federal; (3) los gobiernos estatales y municipales; (4) las empresas hipotecarias y los bancos que esparcieron el crédito; (5) los clientes. ¿Quién es el culpable?

Me parece bisoño tratar de responsabilizar únicamente a las vivienderas. Ellas actuaron con las reglas del juego, y no tenían por qué ser responsables de la pésima infraestructura que acompañó a sus desarrollos. Si los presidentes municipales y gobernadores les prometían carreteras, electricidad, servicios de telefonía y gas para estos desarrollos, ¿por qué no habían de construir esos desarrollos?

Estamos ante un problema que se asemeja al de las típicas matanzas de estudiantes en Estados Unidos, donde llega un loco y acciona una ametralladora, matando a decenas. ¿Tiene derecho a que le vendan su arma? Sí. ¿Alguien le puede negar ese derecho? No.

Con las vivienderas pasa lo mismo: ¿Hay crédito disponible en el Infonavit  y la banca comercial? Sí. ¿Hay promesas de los gobernantes locales en cuanto a infraestructura? También. ¿Hay empresas con modelos de negocio eficientes para construir casas baratas? Sí. Entonces, ¿por qué la debacle del sector?

La respuesta parece más bien estar en el sistema, y todo indica que lo que se avecina son soluciones parciales. Así como nadie puede negar a un estadounidense que compre un arma sólo con presentar su licencia de conducir; tampoco se puede negar que un empresario mexicano construya una casa de interés social donde mejor le plazca, donde crea que habrá mercado para que se la compren. De tal suerte, si el gobierno restringe el desarrollo de vivienda con las reglas que presentará, básicamente estará restringiendo la libertad con la que un desarrollador podrá erigir casas baratas.

El presidente Peña Nieto quiere eliminar las trabas al otorgamiento de créditos hipotecarios, para detonar un crecimiento renovado del sector. Eso suena muy bien, pero ninguna de estas soluciones estará libre de efectos colaterales. Puede ser que terminemos el sexenio con edificios de cuatro pisos y apartamentos de interés social en zonas como Vallejo, al norponiente de la Ciudad de México, por citar un ejemplo, pero donde sus habitantes estén endeudados hasta el cuello, sus empleos (¿informales quizá?) sean demasiado frágiles y vivan un caos cotidiano peor para movilizarse internamente dentro de la metrópoli.

¿Que haya solución? Sí, qué bueno, que la haya. Pero necesitamos siempre pensar que cualquier decisión tendrá su lado oscuro. Siempre.

 

 

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