El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, rechazó las acusaciones por el presunto lavado de 40 millones de pesos de procedencia ilícita desde el 2000 hasta la fecha, señalando que la autoridad investigadora daña su principio de presunción de inocencia.

Hace unos días, diversos medios de comunicación publicaron que, de acuerdo con información dde la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, el exmandatario estatal habría utilizado 11 empresas en las que es accionistas para poder lavar dinero, ya que como servidor público ganó 13.3 millones de pesos, pero su incremento patrimonial fue de 54.3 millones de pesos.

La fiscalía estatal, señalan los reportes periodísticos, apuntó que la diferencia de 40.9 millones de pesos que existe entre las percepciones de Hernández Flores como funcionario y su riqueza acumulada “es producto de un enriquecimiento inexplicable”.

A través de una carta aclaratoria, el exgobernador calificó dichas acusaciones de “falsas e imprecisas”, que violentan “gravemente” el principio de presunción de inocencia “al realizar afirmaciones tajantes que dan el carácter de culpable al suscrito, sin que se me haya condenado por la comisión de delito alguno”; además de que desinforman a la comunidad.

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“No le bastó a la FAET dar detalles de una investigación que no ha concluido, ni proporcionar datos de terceros, incumpliendo con el deber de resguardar los datos personales y reservados de las personas físicas y jurídicas que se relacionan con su actividad pública y que no han sido señalados como imputados en las indagatorias de que se habla”, apuntó en la misiva.

También señaló que la autoridad investigadora no tomó en consideración algunos aspectos, como omitir que además de su trayectoria política se ha desempeñado desde 1987 en el ámbito empresarial en los ramos inmobiliario, producción agropecuaria y construcción, “lo que ha contribuido a incrementar mi patrimonio de manera lícita y paulatina desde dicha data a la fecha”.

Por último, Hernández Flores dijo que confía en el nuevo gobierno y en la justicia federal, para que vigilen que los procesos que se siguen en su contra se resuelvan con apego a la legalidad y sin violación a sus derechos humanos: “Mi esperanza se centra en encontrar un escenario en el que pueda demostrar mi inocencia en un plano de igualdad y en donde no se obstaculice el derecho de defensa que debe garantizarse en nuestro país a cualquier persona a la que se le atribuya la comisión de un delito”.

El exgobernador tamaulipeco fue detenido el 6 de octubre de 2017 en Ciudad Victoria, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, y unos meses más tarde, en marzo de 2018, se dio a conocer que el gobierno aprobó su extradición a Estados Unidos, donde es acusado por falsificación de documentos, por lo que sería el segundo exmandatario de la entidad en ser enviado ante la justicia estadounidense, luego de que Tomás Yarrington Ruvalcaba fue trasladado el pasado 20 de abril.

 

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