Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, adquirió con su salario de funcionario 12 ranchos, terrenos en la Presa Vicente Guerrero, así como grandes extensiones de tierra en la Sierra de Maratines y en los municipios de Cruillas y Burgos, aseguró Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Morena.
“En su inexplicable meteórica carrera, Francisco Javier Cabeza de Vaca, a la fecha ha amasado una fortuna inmensa inexplicable, o más bien explicable en términos delincuenciales, teniendo a la fecha en propiedad del mismo y a su nombre de sus familiares”, señaló Rojas Díaz Durán en su ampliación de denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.
El morenista explica en la denuncia en poder de Forbes México que la fortuna está también a nombre de sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca, quien es senador, y José Manuel García Cabeza de Vaca.
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La noche del 28 de abril de 2021, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó para quitarle fuero al gobernador tamaulipeco, quien es acusado de lavado de dinero y de defraudación fiscal.
“Da lugar a proceder en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas”, indicó la Sección Instructora, la cual avaló elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad de García Cabeza de Vaca en el ilícito de defraudación fiscal equiparada.
El dictamen avalado por los diputados determina el procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, el cual fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la denuncia presentada por Alejandro Rojas Díaz Durán los ranchos propiedad de la familia García Cabeza son:
- Los Ébanos, 2,500 hectáreas
- Los Pericos, 2,500 hectáreas
- La Manzana, 600 hectáreas
- El Gavilán, 1,000 hectáreas
- Los Gatos, 700 hectáreas
- Las Mulas, 1,000 hectáreas
- El Colmenar, 800 hectáreas
- El Rincón, 250 hectáreas
- La Leona, 400 hectáreas
- El Rincón, e250 hectáreas
- El Mirador, 1,500 hectáreas
- La Ponderosa 400 hectáreas
- San Patricio 800 hectáreas
La extensión territorial de los 12 ranchos del gobernador de Tamaulipas y su familia es de 9,950 hectáreas y están valuados en más de 895 millones de pesos, según la denuncia.
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Actualmente, añade, Francisco Javier García Cabeza de Vaca es dueño de 48 mil hectáreas, casi media Sierra de Maratines, el municipio de Soto la Marina, y de 28 mil hectáreas entre los municipios de Cruillas y Burgos.
“Se adueñó 4,000 hectáreas en los terrenos de la Presa Vicente Guerrero y de varios campos turísticos entre ellos la Hacienda Las Palmas, en el estado de Tamaulipas, en complicidad con la Conagua mediante una empresa propiedad del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus hermanos Ismael y José Manuel, denominada Grupo Corporativo Dovima”, asegura el político de Morena.
“Tomando en cuenta la suma de ranchos y tierras, así como ganado, caballos, menaje de artes, que forman parte de las posesiones tanto de la familia como del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca se tiene que en conjunto alcanza una cifra aproximada de 2,669 millones de pesos”, expone.
“Reitero mi denuncia formal en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público”.
Alejandro Rojas Díaz Durán
El mandatario panista también fue denunciado por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Rojas Díaz Durán hizo extensiva la denuncia formal en contra de César Augusto Verástegui Ostos, secretario general del Estado de Tamaulipas, y Víctor Hugo Guerra García, secretario de Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Desafuero de Cabeza de Vaca
Este viernes, la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, discutirá el dictamen que le retira el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Según el documento, el juicio de desafuero en su contra será sólo por defraudación fiscal con un perjuicio al fisco por 6 millones 511 mil pesos, ya que a Sección Instructora de San Lázaro no pudo acreditar que el mandatario incurrió en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el dictamen menciona que la diferencia entre los ingresos que declaró el panista en 2019 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los realmente obtuvo fue de 36 millones 935 mil pesos.
