La Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (CSJ) determinó que hay una afectación en los derechos humanos de un empresario mexicano dedicado a manufacturar tecnología para computadoras y teléfonos inteligentes, quien es acusado de lavar dinero al narcotráfico y por lo cual padece el congelamiento de sus cuentas bancarias y bienes.
“(Hubo) una vulneración de derechos fundamentales por parte del Ministerio Público panameño en perjuicio del mexicano investigado (quien pidió guardar el anonimato)”, dice la resolución emitida por los nueve magistrados de la CSJ, quienes se pronunciaron de manera unánime.
El ordenamiento de la Corte no se ha judicializado en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, ya que no han programado una audiencia solicitada por el desarrollador nacido en México, quien fue invitado por el gobierno panameño a invertir y generar empleo, dice Javier Quintero Rodríguez, abogado del inversionista mexicano.
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“La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha dictaminado que la fiscalía congeló los bienes por 30 meses sin ninguna base, así como de manera ilegal y violando los derechos”, señala el defensor a Forbes México.
Según el abogado del empresario mexicano, hay un desacato de cuatro meses a la orden de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
“Desde que la Corte Suprema lo dictaminó el 11 de marzo, la fiscalía de Panamá lo ha ignorado y se rehusado a liberar los bienes. Esto da a entender que el Ministerio Público de Panamá por más de 90 días ha desacatado la orden y la resolución de su propia Corte Suprema”, reitera.
Javier Quintero recuerda que presentó el amparo de garantías constitucionales ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia porque su cliente no ha sido imputado por los cargos de lavado de dinero al narcotráfico y solamente ha sido investigado por la Fiscalía Segunda desde hace 30 meses.
En agosto de 2019, la jueza andorrana María Angels Moreno Aguirre envía un correo electrónico proveniente de su cuenta personal de Gmail a la entidad bancaria Scotiabank Panamá con falsedades en perjuicio del empresario mexicano, quien tenía cuentas de ahorro y plazo fijo.
El contenido del correo era rotundamente falso, ya que la jueza hizo afirmaciones de que el empresario mexicano estaba “imputado” en el Principado de Andorra por blanqueo de capitales.
Al empresario mexicano en Panamá le confiscaron 4 cuentas bancarias corporativas, 2 cuentas bancarias a título personal, 2 residencias, 4 apartamentos y 10 vehículos.
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En diciembre de 2019, el hombre de negocios fue detenido durante más de 36 horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y le negaron su ingreso a Panamá, a pesar de contar con la residencia permanente de países amigos.
Los funcionarios panameños verificaron sus datos y documentos, y la autoridad migratoria no acreditó la existencia de ningún delito, ni orden de aprehensión ni presentación en su contra. Pero le impidieron el acceso a Panamá y lo repatriaron directamente en un vuelo a México, donde conforme a los trámites de ley, verificaron y confirmaron su identidad y nacionalidad mexicana.
Su expulsión de Panamá le impidió continuar con su proceso presencial y dicha decisión continúa hasta la fecha.
Parte del dinero del empresario mexicano fue transferido sin notificación de Scotiabank al Banco Nacional de Panamá, sus vehículos fueron puestos a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF. Y hoy los vehículos son utilizados por diputados de la Asamblea Nacional, especialmente por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (del circuito 8 – 1), Kayra Harding Tejada.
La camioneta marca Range Rover Vogue, propiedad del empresario mexicano, conducida por la legisladora panameña le habían cambiado la placa. Esa camioneta registra una deuda de miles de dólares en el Sistema de Autopistas de Panamá PANAPASS.
Otros dos vehículos fueron subastados sin notificación y a un precio más bajo al del mercado, pese a que en una audiencia el juez de garantías Carmelo Zambrano había prohibió a un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y a los fiscales Marcos Mosquera de la Guardia e Isis del Carmen Soto Espinosa la venta de los autos.
El abogado Javier Quintero también presentó una demanda de inconstitucionalidad a la entidad que se encarga de salvaguardar los bienes, pero no ha sido admitida.
El código procesal penal de Panamá, en el artículo 286, sostiene que no se puede llevar una investigación con aprehensiones reales, sin haberle imputado cargos al investigado previamente. Bajo este argumento la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de no acceder a conminar al Ministerio Público a formular la imputación.
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