La Suprema Corte de Justicia de la Nación acumula 10 acciones sobre la constitucionalidad de que las Fuerzas Armadas mantengan un rol activo en la procuración de justicia civil en el país y esta dilación ha impedido que se conozcan los alcances de las labores del Ejército en tareas de seguridad pública, coincidieron expertos consultados por Forbes México.
“El acuerdo es inconstitucional, va para atrás, no puede hacer eso. A quien haga el proyecto de sentencia le va a tomar 20 segundos de tan fácil que se tiene porque es francamente una tontería”.
Sin embargo, esta indefinición de la Corte vivirá ahora un momento clave con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de, por medio de un acuerdo presidencial, dar el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien de facto controlará las labores de seguridad pública civil en el país.
La acción de inconstitucionalidad más antigua y que la Corte no ha dado salida es la que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 15 de junio de 2016 referente a la ampliación del fuero militar en acciones de seguridad pública.
“De ello se sigue la importancia y relevancia para el caso concreto de que exista un pronunciamiento de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia con respecto al grupo de artículos impugnados en esta demanda, y que a juicio de esta CNDH, representan un riesgo potencial que implica que los tribunales militares ejerzan jurisdicción sobre temas que involucren a personas ajenas a la jurisdicción militar en violación a sus derechos humanos”, señala la acción de inconstitucionalidad presentada a la Corte hace 6 años.
Para Daniel Vázquez, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que la Suprema Corte se haya tardado tantos años en discutir acerca de los alcances de las acciones militares en seguridad pública es una decisión deliberada de los ministros de no abordar este tema.
“Evidentemente eso se va a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro, ahí tenemos un gran problema ya que la Suprema Corte tiene atoradas acciones y controversias sobre inconstitucionalidad sobre militares desde 2016.
“Entonces ahí nos parece que hay una decisión deliberada de no entrarle al tema. Yo no sé por qué le manda esta bomba a la Suprema Corte. Suponiendo que salga el acuerdo, porque no ha salido, pues le está mandando una bomba a la Suprema Corte y digo una bomba porque la Corte no quiere resolver los asuntos sobre militares”, enfatizó Vázquez en entrevista con Forbes México.
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De acuerdo con Animal Político, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 13 de julio del año pasado, tenía 10 recursos de revisión sobre la constitucionalidad de la militarización de la seguridad pública: cuatro son acciones de inconstitucionalidad, cuatro más son controversias constitucionales y dos más son amparos en revisión.
“No sé cómo se le ocurrió al presidente declarar semejante cosa porque es evidentemente improcedente. Yo creo que él no sabe o no me imagino que sea tan torpe o que esté tan mal asesorado, porque es evidente que ningún acuerdo presidencial está por encima de la Constitución” afirmó el investigador de Flacso.
“En realidad, en términos técnicos no hay ningún problema, el tema se va para atrás con mucha facilidad, le va a mandar una bomba a la Corte en términos políticos”, agregó.
Ayer, el mandatario federal delineó que la Guardia Nacional, a fin de conservar su disciplina y efectividad, estará subordinada a la Defensa Nacional, ello sin esperar a que el Congreso de la Unión discuta una reforma constitucional para revertir su carácter civil.
De acuerdo con la reforma que crea la Guardia Nacional aprobada por el Congreso de la Unión en 2019, este nuevo organismo tiene un carácter civil y su administración y operación por parte de las Fuerzas Armadas tiene una vigencia de cinco años, es decir, hasta 2024.
“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, señala la reforma.
Expertos en la materia, criticaron que el gobierno federal haya claudicado al mandato constitucional de fortalecer el mando civil de la corporación y en un hecho fraudulento pretenda dar el control total al Ejército y no se cumpla el ordenamiento de la salida progresiva de las Fuerzas Armadas de las calles.
“Lo que nosotros hubiéramos esperado es que trabajaran en la formación de esa Guardia Nacional como cuerpo civil y eso no sucedió, entonces aquí están haciendo un fraude a la Constitución porque si bien es cierto que la Constitución los habilita para utilizar por cinco años a militares y marinos, lo ideal es que eso fuera mientras ibas creando a los cuerpos civiles y eso no está sucediendo”, advirtió Daniel Vázquez.
‘Si dicen que hay resultados en seguridad, ¿por qué militarizar a la Guardia Nacional?’
Al margen del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y el caso “mediático” de feminicidios en diversos estados del país, el pasado 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si su estrategia de seguridad no estuviera rindiendo resultados sería el primero en reconocerlo y modificarla.
En aquella ocasión, el mandatario federal afirmó que en su sexenio han podido bajar en un 9% la incidencia delictiva respecto a las cifras dejadas por Enrique Peña Nieto que se ubicaron en 157 mil 158 homicidios en los seis años de su administración.
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Al contrario, López Obrador señaló que los altos índices de violencia en diversos estados del país, son un efecto de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón y el contubernio de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, con las bandas del crimen organizado.
Al respecto, Daniel Vázquez, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideró que el gobierno federal necesita explicar a la sociedad por qué es necesaria la militarización de la Guardia Nacional cuando en reiteradas ocasiones se ha dicho que la incidencia delictiva está a la baja.
“En dado caso que nos explique, que nos de más datos, que nos explique con mapas, que nos diga exactamente cuál es el riesgo que tenemos porque sintemáticamente se la pasa diciendo que las cosas van muy bien y que hay menos violencia y homicidios, que no se violan derechos humanos, entonces, si eso es cierto, ¿por qué necesitamos militarizar la seguridad nacional y la militarización de la Guardia Nacional?, lanzó el investigador.
En entrevista con Forbes México, Vázquez expuso que tras 15 años de haber lanzado a las Fuerzas Armadas a la calle, se ha demostrado que dicha estrategia no ha solucionado los problemas de inseguridad que se viven en México por lo que a estas alturas, se debería explorar otra forma de enfrentar esta coyuntura.
“Llevamos desde 2007 con un proceso de militarización y las cosas no mejoran, entonces esta idea de que esta es la única solución, después de 15 años ya deberían de tener claro que esa no es la solución y si es la única, pues entonces ya nos jodimos porque claramente no se está solucionando nada.
“Sí hay herramientas, sí se hizo una propuesta en 2018 de justicia transicional, de construcción de paz, de cómo podríamos hacer procesos locales de desmovilización, de desarme, de reinserción local, una comisión nacional de la verdad, reconstruir las fiscalías y dos mil cuerpos de policía, eso está en la reforma constitucional de la Guardia Nacional y no se ha avanzado en nada”, lamentó.
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