La transparencia es un requisito indispensable para cualquier gobierno democrático que se precie de serlo. Y en la actualidad, el derecho a saber qué hace el Estado no se limita únicamente a saber qué hace con los recursos financieros, sino a sus datos, sus leyes y sus políticas. Esto es un gobierno abierto, fincado, sin duda, en las tecnologías de información y comunicación.

El hecho de que una sociedad conozca la información que genera su gobierno, le ayudará a entender de una manera mucho más profunda y certera qué hacen sus gobernantes y por qué lo hacen. Ello no sólo propicia legitimidad en la operación, sino un involucramiento social que generaría una nación mucho más participativa y armónica.

Por ello, el Plan Digital para la Ciudad de México que correrá a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública llama la atención no sólo por la labor de transparentar las acciones del Gobierno de la CDMX, sino por la amplitud de los objetivos que plantea, que incluso, si bien se fincan en lo digital, tienen una implicación mucho más profunda.

Por ejemplo, la creación de una identidad digital única que permitiría a los ciudadanos concentrar todos los trámites oficiales que realicen, simplificarlos y reducir tiempos de espera y tramitología innecesaria.

O bien, la presentación de Sentika, una red digital de voluntarios en caso de desastre, donde las personas se anotan como voluntarios diciendo dónde, cuándo y en qué horarios podrían prestar ayuda, que, junto con el Atlas de riesgos de la ciudad, pueden reaccionar rápidamente en caso de un desastre natural.

Destaca también la Plataforma de Seguimiento Territorial dentro del portal de datos de la CDMX, que concentra la situación de uso de suelo de cada predio de la ciudad. Además, la PGJ de la ciudad, pone a disposición de los ciudadanos los datos de las carpetas de investigación, así como su ubicación geográfica, lo que permitirá a los ciudadanos hacer, incluso, su propio mapa delictivo.

Así, la creación de un marco normativo digital en la CDMX se basa en la publicación de la Ley de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México, cuya intención no sólo es crear el marco legal y operativo de la digitalización gubernamental en la CDMX y fomentar la transparencia, sino realizar análisis y propuestas de políticas públicas digitales basadas en evidencias y dirigir la política de formación de habilidades digitales en la Ciudad.

Todo ello implica un proceso de estandarización de los datos que genera el gobierno de la CDMX, que, paulatinamente, permitiría establecer un modelo de tratamiento de datos que compartan todas las dependencias del gobierno local y se logre que prácticamente todo lo que haga esté a disposición de los ciudadanos.

Por ello, la publicación de la ley plantea retos enormes. Por una parte, la estandarización misma de los datos es en sí, una labor ardua y a largo plazo, puesto que incluso se tienen que generar una serie de acciones técnico – tecnológicas que lo permitan y, por otra parte, se encuentran las resistencias propias de trámites y personal que no fueron planeados, ni capacitados para el cambio digital.

 

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