La firma de telefonía móvil acusa que las regulaciones secundarias premian la falta de inversión crónica de los competidores en el sector.

 

 

Después llevar a cabo una revisión preliminar a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, América Móvil advirtió que la Iniciativa de leyes secundarias afectan la certeza jurídica y económica de la industria, pues  impactará el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, las inversiones en infraestructura, la innovación en servicios y la competitividad.

En un comunicado, la firma de telefonía móvil detalló que la Iniciativa se aparta de los principios rectores de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en el 2013, pues sugiere  una aplicación retroactiva de la ley para modificar resoluciones de carácter técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Para América Móvil, la propuesta de interconexión plasmada en la Iniciativa, donde al agente económico preponderante se le obliga a proveer el servicio de interconexión de manera gratuita, es de llamar la atención.

“Sorprende que se pretenda por ley obligar a una empresa a invertir, para después obligarla a vender a sus competidores sus servicios a cero pesos. Además, esa propuesta confiscatoria premia la falta de inversión crónica de nuestros competidores en perjuicio de los consumidores.”

América Móvil denuncia que la Iniciativa incluye disposiciones que exceden los requisitos establecidos en la Constitución para que Telmex pueda acceder a la concesión única de servicios convergentes. Además,dice,  dichas disposiciones crean barreras de entrada a mercados altamente concentrados como los son el de la radiodifusión y la televisión restringida, protegiendo así al agente económico preponderante en radiodifusión y con poder de mercado en televisión restringida, en detrimento de la competencia y de los consumidores.

“A pesar de la existencia de un Acuerdo de Convergencia desde el 2006, al día de hoy Telmex no ha sido autorizado a ofrecer servicios de televisión en el país. La Iniciativa propone que para solicitar la autorización para prestar dichos servicios debe transcurrir un plazo de al menos 24 meses de “cumplimiento” de diversas medidas establecidas por el IFT, prolongando así la falta de competencia en los mercados de radiodifusión y televisión restringida”, señala.

 

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