Desde antes del triunfo electoral de López Obrador en 2018 se le comparaba con el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Sus carreras políticas marcadas por la lucha social, las pasiones que despiertan en la gente, un liderazgo político indiscutible y los desposeídos como guía de ruta en campaña y como gobierno, son algunos aspectos que comparten.
Los paralelismos entre ambos políticos hacen preguntarse si el destino del expresidente de Brasil puede ser el espejo en que los enemigos del Presidente mexicano buscarán que éste se vea en unos años. El Segundo Informe de Gobierno de López Obrador revive esa inquietud, si el inicio del Lava Jato “mexicano” podría ser similar al brasileño no solo por sus probables alcances legales sino también en términos políticos.
A casi dos años de haber asumido la Presidencia de México, López Obrador enfrenta dos enormes retos: la gestión de la pandemia y sus consecuencias económicas, y el arranque de las investigaciones de corrupción en torno a Emilio Lozoya. Los resultados de ambos procesos, disímiles y tan coincidentes a la vez, en la profundidad de sus efectos a corto y largo plazo, serán decisivos para México, pero también para el futuro del Presidente.
Es inverosímil pensar que Jair Bolsonaro hubiera logrado la presidencia de no haber sido Lula da Silva condenado e impedido a participar en las elecciones de 2018. Aún sin garantía de que permanezca en libertad, Lula sigue sosteniendo que él es un preso político, tal como lo cree buena parte de la población brasileña o ºintelectuales como Noam Chomsky. A la distancia, aún es difícil de entender la decisión de millones de electores que dieron su voto al ultraderechista Bolsonaro, la antítesis del proyecto de Lula Da Silva quien, durante su mandato, de 2003 a 2010, sacó a 30 millones de la pobreza y heredó una economía pujante.
Las elecciones en México de 2021 pudieran recordar a las elecciones brasileñas de 2018. En aquel año los brasileños vieron cómo Lula fue condenado a 9 años y medio de prisión por actos de corrupción. Según el Juez Moro, el líder del Partido de los Trabajadores habría recibido sobornos de una empresa constructora en la forma de un apartamento. En aquel entonces, el presidente Michel Temer era acusado también de corrupción. Y desde 2014 los escándalos de corrupción en torno a Petrobras salpicaron a la clase política de casi todos los partidos. En aquella circunstancia, la de “todos son corruptos”, se dieron las elecciones presidenciales brasileñas.
Hoy, en México, vemos la construcción de un discurso que dice que todos los políticos son igualmente corruptos, muy similar a lo que ya vivieron los brasileños antes de ir a las urnas en 2018. Los alcances de esa estrategia están todavía por verse en nuestro país, cuando se celebren las elecciones de medio término en 2021. Al presidente López Obrador no se le ha podido demostrar un solo caso de corrupción, Lula en contraste, sigue con su batalla política por demostrar su inocencia. De manera rezagada a sus pares latinoamericanos, en México apenas arranca la batalla judicial en torno a Odebrecht y, con ello, una larga cadena de acciones y efectos en el ámbito político con pronóstico reservado.
En la larga lucha contra la corrupción, un sistema judicial fuerte es fundamental para desarticularla, incluso para ir en contra de presidentes o expresidentes corruptos. Pero cuando la justicia se politiza, y los jueces dejan de ser imparciales, como lo muestra Brasil, la democracia resulta debilitada. Ésta quizá sea la mejor lección de Lula para López Obrador, tanto para la continuidad del proyecto de la 4T como para su legado.
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Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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